Arde Lanzarote: prisión para el ex vicepresidente del Cabildo

El juez que investiga la trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote ha decretado el ingreso en prisión incondicional, por un delito de cohecho, del ex vicepresidente del Cabildo de la isla Segundo Rodríguez González, del PSC-PSOE. Según ha informado esta madrugada el juzgado, en la segunda fase de la operación desarrollada este jueves, durante la que se ha registrado el Ayuntamiento de Yaiza, municipio del sur de la isla, ha sido detenido el secretario del consistorio, Jesús Bartolomé Fuentes, por un delito de cohecho. Tras comenzar a tomar declaración a los primeros detenidos el pasado lunes acusados de formar parte de esta trama de corrupción municipal y urbanística de Lanzarote, el juez de juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Arrecife ha puesto en libertad con cargos de cohecho al empresario Jorge Ramón Álvarez Pérez y a Dayran Jesús Muñoz Armas. El magistrado ha prorrogado la detención del funcionario del Cabildo insular Alfredo Santiago Rodríguez y mañana seguirá tomando declaración a los detenidos. A medianoche, todavía tomaba declaración a Matías Curbelo Luzardo, asesor del Patronato de Turismo de Lanzarote, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La trama de corrupción destapada en Lanzarote salpica ya al Cabildo y a la Cámara de Comercio de la isla, tras la detención este jueves de otros cinco empresarios y un constructor en la segunda fase de la "operación Unión". Estas detenciones se produjeron tras el registro efectuado por la mañana en el Ayuntamiento de Yaiza, una población de más de diez mil habitantes del sur de la isla, y en diversas oficinas promotoras y empresas constructoras. Los seis nuevos acusados en la operación, en la que ya han sido imputadas diecisiete personas, fueron detenidos en Lanzarote, Gran Canaria y Tarragona por su supuesta implicación en la trama de corrupción municipal y urbanística destapada en Lanzarote. Según la Guardia Civil, de los detenidos este jueves el principal implicado está acusado de haber ofrecido importantes comisiones presuntamente ilegales, "dinerarias o en especie", a un consejero del Cabildo de Lanzarote y a varios vocales del Pleno de la Cámara de Comercio "a cambio de adoptar diversas decisiones en beneficio de sus intereses económicos".