Uruguay: gobierno decreta servicio esencial la contención de menores infractores
Los ministros de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y de Trabajo, Eduardo Bonomi, firmaron ayer un decreto de esencialidad para el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), que es el sexto de este tipo que se toma en esta administración. Los trabajadores mantuvieron una reunión con el director nacional de Trabajo, Julio Baráibar, para intentar concertar una comisión multipartita que posibilitara frenar la medida, pero "cuando llegamos al Ministerio, a pesar de la intención de dialogar, nos encontramos con que el directorio ya había notificado del decreto a todos los servicios", dijo Carlos Salaberry, secretario general del sindicato de INAU (Suinau). El dirigente consideró "desproporcionada" y un "taparrabos del directorio para tapar su gestión desastrosa" la medida dispuesta que abarca entre otras, funciones del Interj, de la División de Locomoción y Salud y se estima que se mantendrá por unos 30 días. Los trabajadores se reunían ayer por la noche y lo vuelven a hacer hoy, en un consejo ampliado, para tomar una resolución, aunque anunciaron que acatarán el decreto sólo en caso de que no haya situaciones de violencia que pongan en riesgo su vida. "En ese caso, vamos a dejar nuestros puestos", dijeron. Además, Suinau pedirá al gobierno que remueva al directorio de INAU. El decreto surge luego de que los trabajadores decidieran no permitir el ingreso de más adolescentes en los hogares Casona (donde hay 15 muchachos internados, para un cupo de 12), debido a que es abierto y con condiciones de seguridad mínimas, y Piedras, porque "sólo hay 15 trabajadores para atender a 15 muchachos". El alto número de ingresos y la falta de cupos en Interj llevó a que el directorio pidiera a los jueces que autorizaran una prórroga en el tiempo máximo que los adolescentes infractores permanecen en las comisarías antes de ser internados en INAU o ser derivados a un juzgado. El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que ese plazo es de 12 horas. La ministra Arismendi señaló ayer que "hay una superpoblación que tenemos en los lugares de derivación y una medida sindical que dice que no van a aceptar más de determinados cupos por hogar. Nosotros ya comunicamos formalmente con el escribano al directorio del INAU esta resolución y convocamos al sindicato. Estuvimos conversando, intercambiando opiniones". "Hay una realidad y es que son los muchachos que están en este momento amontonados y necesitamos que estén en otras condiciones", agregó la ministra, quien precisó que "la ley me manda que estén en otras condiciones y yo estoy convencida de que tienen que estar en otras condiciones". Por su parte el juez de menores Hugo Morales admitió que hubo pedidos de prórroga durante la semana pasada, y la doctora Alvarez, quien se encuentra supliendo a la Dra. Aída Vera Barreto, corroboró que lo mismo ocurrió esta semana, aunque se excusó de ampliar la información. Morales indicó, sin embargo, que desconocía si las prórrogas se concretaron en la práctica, y señaló que, de ser así, los jóvenes no estuvieron "mucho tiempo más que el permitido". Fuentes del sindicato de INAU dijeron a LA REPUBLICA que algunos muchachos pasaron la noche en una comisaría, aunque no se pudo corroborar esta versión, sobre la que Castro negó tener conocimiento. Desde el sindicato se asegura que la urgencia por ingresar a los jóvenes en los hogares llevó a optar por la medida "desproporcionada" de recurrir a la esencialidad. Además el INAU pidió al Poder Ejecutivo que declare al instituto en situación de emergencia para poder contar con una partida de dinero excepcional que permita ampliar las plazas de internación en el instituto y contratar más trabajadores. Hasta el momento no ha habido noticias al respecto, dijo Castro, quien agregó que realizan reuniones permanentes para intentar "resolver una situación compleja" para la cual no tienen "recursos suficientes".
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