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CAUSA ABIERTA

En la cárcel Bellavista, de Medellín, toca pagar hasta para trabajar

En la cárcel Bellavista, de Medellín, toca pagar hasta para trabajar

En lo que va de este año en Bellavista han muerto cinco internos y el sábado pasado se fugó un hombre condenado a 10 años por homicidio. Esta cárcel tiene capacidad para 2.213 personas y hay 6.234. La antena parabólica para ver televisión y tener celular cuesta 3.000 pesos, quedarse en la celda cuando los demás van al patio vale 10.000, y el derecho a dormir en un camarote hasta 8 millones. ’Se dice que eso lo reciben algunos guardianes y algunos miembros del personal administrativo que están designados para el apoyo a esta actividad’, añade el funcionario. La importancia del programa Trabajar, Estudiar o Enseñar (TEE) radica en que les da la posibilidad de redimir hasta la tercera parte de la pena, una gabela bastante preciada para cualquiera que esté entre rejas. Los más cotizados son los cupos en el rancho haciendo la comida, o en la granja cultivando, porque se contabiliza un día de rebaja en la condena por cada dos que se trabajen. En caso de estar terminando el bachillerato, de figurar como profesional o con un saber que pueda se aprovechable para transmitirlo a otros se cuentan igual número de horas que las dedicadas a la labor.
Teóricamente cualquier preso después de ser condenado puede acceder a estos beneficios, sin embargo, la realidad es que la sola evaluación del interno por un equipo profesional y así estar en la lista de elegibles del TEE pueda oscilar entre 200 mil y 300 mil pesos y el disfrute del beneficio vale un millón 800 mil pesos hasta los 3 millones, según Ceballos. El meollo del asunto estaría en el déficit de personal profesional que valora la condición de elegibilidad y eso ha incidido en que no se hayan aprovechado bien 857 cupos que quedaron vacantes en el 2008. ’Hay unos capacitados para ser instructores y no han podido porque no hay quien los evalúe’, resalta Ceballos. No obstante que la queja es cotidiana, la Personería solo sabe de una denuncia que se ha formalizado en la Procuraduría y la Fiscalía, pues los afectados no se atreven a hacerlo porque saben que deben seguir conviviendo con quienes los extorsionan. ’Hemos escuchado y sabemos que eso sucede, pero ningún interno nos ha puesto formalmente quejas, porque esa es parte de la presión que también se ejerce’, confirma la defensora del pueblo en Antioquia, Sandra Rojas.

Otros costos en el principal penal de Antioquia

Además, ese no sería el único campo oscuro dentro de la cárcel, ubicado en límites entre Bello y Medellín, y que tiene uno de los hacinamientos más grandes. Su capacidad es para 2.213 personas y alberga a 6.234. La Personería ha recibido información de que los pagos rigen prácticamente para casi todas las actividades cotidianas del encierro: conectarse a una antena parabólica para ver televisión cuesta 3.000 pesos semanales, tener celular 3.000 a 5.000; el falseo, o sea quedarse en la celda cuando los demás van al patio vale 10.000, y el derecho a dormir en un camarote hasta 8 millones. Así mismo, según conoció la Unidad Permanente de Derechos Humanos, que dirige Ceballos, por más que esté prohibida la circulación de plata adentro, alguien se las ingenia para entrarla a través de una cuenta banacaria y cobra el 10 por ciento por la gestión. Parte de los beneficios de los negocios ilícitos van a dar a los ’caciques’ o jefes de patio, porque aunque el 26 de enero fueron trasladados 24 de estos personajes, muy pronto les resultaron reemplazo. La capacidad para generar terror es el mecanismo de ascenso.
En lo que va de este año en Bellavista han muerto cinco internos y el sábado pasado se fugó un hombre condenado a 10 años por homicidio.
EL TIEMPO le envió un cuestionario al Inpec sobre este tema, pero este lunes no había contestado. Voceros suyos argumentaron que se encontraba ocupado atendiendo el caso del preso que se había escapó. ’En general es necesario que se depure el Inpec, pues hay guardias que han hecho de su trabajo una fuente de enriquecimiento ilegal en detrimento de las familias de los
internos que son las que asumen los altos costos’. (El Tiempo)

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