Recompensa para dar con responsables de espionaje ilegal en Colombia

El gobierno colombiano ofreció hoy una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 90 mil dólares) a quienes ayuden con información para hallar a los responsables de las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En un comunicado, el Ejecutivo manifestó su rechazo y repudio a esas acciones delictivas cometidas por ex funcionarios inescrupulosos que estuvieron enquistados en el DAS (policía secreta), "cuyo evidente propósito ha sido desacreditar al gobierno". A su vez, el texto refiere que la actual administración "practica por convicción valores democráticos" y los debates y contradicciones los enfrenta de cara a la opinión. Sin embargo, sectores políticos y la sociedad civil en general se pregunta cómo fue posible que un organismo de inteligencia subordinado directamente a la Presidencia haya cometido tales actos ilegales sin el visto bueno del alto gobierno. El tema atrajo la atención de la opinión pública nacional y generó tensiones entre la rama judicial y el Ejecutivo tras las revelaciones hechas por la revista Semana, luego de destapar que el DAS realizó labores de espionaje ilegales. El escándalo adquirió tal magnitud y resonancia en Colombia que obligó al gobierno a comprometerse a velar por la integridad y seguridad de los magistrados de las Altas Cortes y a impedir que hechos como el espionaje telefónico realizado contra algunos de los jueces y políticos se repita. Al frente del escándalo, que generó la renuncia de los directores de Inteligencia y Contrainteligencia del DAS, Fernando Tabares y Jorge Lagos, se puso el fiscal general, Mario Iguarán, quien dijo que llamaría a declarar a su despacho a tres ex directores de ese ente. Acorde con declaraciones de Iguarán, las investigaciones relativas al DAS permiten afirmar que se realizaban seguimientos sistemáticos a miembros de la Corte Suprema de Justicia, políticos opositores, periodistas y ex funcionarios públicos, por parte de ese organismo. Diversos sectores de la oposición y la sociedad achacan la responsabilidad al presidente Uribe y al gobierno, puesto que el DAS está directamente subordinado al Ejecutivo. El poder judicial espera que la investigación que adelanta el fiscal general en torno a las interceptaciones ilegales dé con los responsables y caiga sobre ellos todo el peso de la ley, a fin de que no se repitan esos hechos. (Prensa Latina)