Uruguay: primer fallo que condena a los padres por delitos cometidos por un hijo

Una jueza de Paysandú envió a prisión a los padres de un menor infractor por "omisión de los deberes inherentes a la patria potestad". El fallo reabre la polémica por la responsabilidad de los adultos en estos casos. El joven de 17 años, conocido como "El Maikol", cuenta con un profuso historial de anotaciones policiales y órdenes de internación en dependencias del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por rapiñas a locales comerciales y atracos en la vía pública. Precisamente, en 40 días se fugó en tres oportunidades de hogares del organismo. La última vez que se le impuso una medida privativa de libertad fue el 20 de abril, cuando fue derivado a Montevideo. Sin embargo, logró escapar y regresó a Paysandú, donde en la madrugada del jueves fue detenido mientras intentaba robar una carnicería junto con otros dos menores. Habitualmente, tras cada evasión del lugar donde se encontraba internado, regresaba a la casa de sus padres quienes, en lugar de dar aviso a las autoridades, lo ayudaban a mantenerse oculto. A raíz de ese último hecho, e informada por la Policía de que sus padres habían sido citados en varias ocasiones y no concurrieron a prestar declaración, la jueza penal departamental de 2° Turno, Blanca Rieiro, dispuso el procesamiento con prisión de la pareja por las omisiones cometidas en relación a la conducta del adolescente, ilícito que se encuentra previsto en el artículo 279 del Código Penal. El hombre tiene 42 años y la mujer 38. Fuentes del caso dijeron a El País que la Policía presentó a la magistrada documentación que prueba complacencia de la pareja ante los reiterados hechos delictivos de su hijo. Además, en la casa de la familia fueron hallados varios elementos robados e incluso drogas. Por otro lado, y según fuentes policiales de Paysandú, tanto "El Maikol" como otros menores que debían estar internados en dependencias del INAU, fueron vistos nuevamente en el departamento sanducero. La jueza Rieiro explicó ayer a El País que para determinar el procesamiento de los padres de "El Maikol" consideró que a pesar de los graves problemas que presenta el menor, la actitud de sus responsables legales implica "un riesgo no sólo para la sociedad sino para él mismo, porque sus padres nunca hicieron nada para sacarlo de esa situación". Al momento de ordenar los enjuiciamientos, la jueza evaluó que se trata de un menor que no terminó la escuela; cuenta con múltiples anotaciones -varias de ellas con uso de armas de fuego-; es adicto y se ha fugado en reiteradas ocasiones de los hogares del INAU a los que había sido derivado. La jueza señaló que la situación de violencia y la inseguridad pública obligan al Poder Judicial a tomar decisiones de estas características, aunque aclaró que el fallo es únicamente "el resultado de la aplicación de la ley vigente". Sin embargo, ante esa situación, los padres "nunca buscaron ayuda", dijo la jueza, quien indicó que tanto el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social y las autoridades departamentales de Primaria se interesaron en el caso. Rieiro dijo que "lamentablemente" el caso de los padres de "El Maikol" no es una situación excepcional sino que "es común que los chiquilines se les vayan de las manos y que (los padres) no hagan nada". De todos modos, aclaró que su resolución no pretende "ser un ejemplo" porque únicamente aplicó lo que establece el Código Penal. "Esto no debería suceder, pero estamos en un punto de la inseguridad y de la violencia que lo exigen", reflexionó la magistrada. Ante la inusual resolución que tomó la jueza Rieiro, de la cual se registraron casos similares por ejemplo en el departamento de Maldonado, El País consultó a varios operadores judiciales para conocer su visión sobre si es adecuado o no que la Justicia Penal intervenga en situaciones de este tipo. Al respecto, el defensor de oficio de menores infractores Guillermo Payseé, dijo que el Estado debe intervenir en esos casos haciendo un seguimiento de las familias, pero dudó sobre si es una situación que debe ser tramitada por la Justicia Penal. "Hay que ver hasta dónde la sanción de privación de libertad de los padres es una solución para un problema que es de fondo. La cárcel no va a reeducar a los padres para que mejoren la relación con sus hijos", señaló Payseé. En contrapartida, el fiscal de menores Gustavo Zubía dijo estar "plenamente de acuerdo" con que los padres sean responsabilizados por los actos de sus hijos. "Tenemos una asignatura pendiente con ser más severos al momento de determinar las responsabilidades de los padres, pero no es fácil aplicar la figura penal de omisiones inherentes a la patria potestad porque no es sencillo encontrar las pruebas necesarias para que se configure el delito", explicó Zubía. En tanto, el juez penal Julio Olivera Negrín, dijo que si se comprueba que existe falta de control de parte de los padres y eso favorece un comportamiento irregular del menor, "es un delito y hay que castigarlo". "El Derecho Penal no busca soluciones de fondo a problemas sociales, sino que es la última vía que tiene la sociedad para enfrentarlos", sentenció el juez.

¿QUÉ DICE El CÓDIGO PENAL?

"El que omitiere el cumplimiento de los deberes legales de asistencia económica inherentes a la patria potestad, o la guarda judicialmente conferida, será castigado con pena de tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría", señala el numeral A del artículo 279 del Código Penal, que considera como agravante especial "el empleo de estratagemas o pretextos para sustraerse al cumplimiento de los deberes de asistencia económica inherentes a la patria potestad". "El que en omisión de los deberes inherentes a la patria potestad, culposa o dolosamente, ocasione un perjuicio a los derechos de los demás habitantes o provoque un trastorno en la seguridad pública como consecuencia de la acción u omisión de un menor infractor que delinque, será castigado con tres meses de prisión a cuatro años de penitenciaría", agrega el inciso B del artículo, que fue modificado en 2006.

Tourné pidió a los padres que asuman sus responsabilidades

La ministra del Interior, Daisy Tourné, exhortó a que "todos los ciudadanos y ciudadanas colaboren como padres y madres a tener una convivencia democrática", y subrayó la importancia de marcarle "límites" a los menores. La secretaria de Estado, en una conferencia de prensa realizada ayer en la sede ministerial, expresó su preocupación en relación a un caso de violencia que a fines del mes pasado involucró a un grupo de jóvenes en episodio en la sede de la UTU en el departamento de Artigas, donde además de destrozos en el local estudiantil, se registraron enfrentamientos con los efectivos policiales. "Para evitar males mayores nos parece que lo mejor es comunicarnos con la población para decirles que hay responsabilidades compartidas. Seguramente estos jóvenes que los usamos como un ejemplo de un síntoma, tienen madre y padre, familia, y creo que debemos exhortar a la responsabilidad adulta en estos casos y no lamentarnos después", expresó la ministra. Si bien Tourné no hizo referencia específica al caso registrado en Paysandú, donde la Justicia Penal procesó con prisión a los padres de un menor infractor de ese departamento, remarcó la importancia de que los padres marquen los "límites" a sus hijos. "La inexistencia de límites es muy perjudicial en una democracia y también lo es para el propio desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y quienes debemos ponerles los límites como garantía de su propia libertad, somos los adultos", dijo Tourné. En ese sentido, recalcó la relevancia de valores educativos y el respeto, por lo que llamó a los adultos a "asumir como adultos la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos e hijas". Tourné señaló, además, que la Policía hará uso de todos los mecanismos previstos en la recientemente aprobada ley de Procedimiento Policial, porque "no es posible que los jóvenes arranquen por el camino de destruir locales educativos y no tener el más mínimo respeto a lo que es la autoridad". (El País)