Fallo impediría combatir la guerrilla a la mitad de los militares colombianos

El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, calificó de "fatal" el fallo del Consejo de Estado que prohíbe que soldados que prestan su servicio militar obligatorio, puedan ir a zonas de combate.
El Ministro aseveró que en esas circunstancias la fuerza pública quedaría sin capacidad para combatir a los grupos armados ilegales, algo que compartió el general Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares. Para el titular de la cartera de Defensa: "La decisión del Consejo tiene un efecto fatal para las Fuerzas Militares. Esto las dejaría sin capacidad para combatir el narcoterrorismo". Según Santos, se trata de una decisión muy apresurada que perjudicaría los planes que adelanta el Ministerio de Defensa Nacional, en su labor de recuperar el territorio colombiano. Por su parte, el general Padilla de León dijo no conocer los documentos y términos, pero admitió que existe una gran preocupación en el Ministerio de Defensa. "Si es lo que dicen los medios de comunicación, estamos hablando que el 76,42% del Ejército y el 50% de la Armada quedaría sin operar. Esto ocasionaría una catástrofe. Es una situación muy grave", sostuvo Padilla. El fallo del Consejo de Estado dice que "los soldados reclutados en calidad de conscriptos deben recibir instrucción para realizar actividades de bienestar social en beneficio de la comunidad y tareas para la preservación del medio ambiente y la conservación ecológica". El alto tribunal en su sentencia aseguró: "Someterlos a tareas de inteligencia táctica de combate, tendientes a identificar a los adversarios o potenciales adversarios, su capacidad de ataque y centros de arremetida o cualquier otra forma de exponerlos al fuego del adversario constituye una falla en el servicio". Entre tanto, el vicepresidente de la República, Francisco Santos, también expresó su desacuerdo con la determinación del Consejo de Estado y aseguró que este tema es recibido con gran preocupación por parte del Gobierno nacional. "Claro que nos tiene que preocupar, la rama judicial tiene que entender que sin seguridad no hay justicia y que la medición de sus decisiones debe tener como mirada superior el bienestar de toda la sociedad", indicó Santos. Por su parte, el almirante Guillermo Barrera, comandante de la Armada Nacional, manifestó que no se puede tener un número alto de uniformados que no pueda combatir.
Insistió en que los soldados regulares están entrenados para actuar en cualquier lugar del país.

Origen de la decisión

El caso que desató la polémica ocurrió el 15 de junio de 1994.
Según el fallo del Consejo de Estado, el soldado Wilson Guzmán Bocanegra prestaba el servicio militar obligatorio cuando fue impactado por dos disparos hechos por guerrilleros de la XIV cuadrilla de las Farc. Los tiros hicieron blanco en la parte derecha del cuello y en el antebrazo izquierdo del muchacho a quien le habían sido encomendadas actividades de inteligencia de combate, por lo cual debió desplazarse a la finca Jardín, ubicada en la vereda Nogales, en Puerto Rico, Caquetá.
Todo esto ocurrió, dice el alto tribunal, olvidando que su presencia en las filas militares no era voluntaria, sino obligatoria, y que por ello, era cobijado por una normatividad especial.
De acuerdo con las autoridades, unos cien mil uniformados quedarían por fuera de las operaciones militares que se realizan en el territorio nacional. La prohibición de la presencia de soldados regulares en zonas de combate afectaría las operaciones en contra de la guerrilla y otros grupos ilegales. (El País de Cali)