Uruguay: en Rivera la Policía enfrenta a la Justicia por proceso contra 13 efectivos

El Jefe de Policía mandó retirar la custodia del Centro de Justicia y notificó a los jueces que si quieren policías que contraten el servicio 222. Esa es sólo una de las repercusiones del procesamiento con prisión de 12 uniformados en Rivera y un restante que se mantiene prófugo. La ciudad amaneció conmocionada. Once policías habían sido enviados a prisión la noche anterior por el delito de encubrimiento y uno más por falso testimonio. La muerte de Cristian Castaño, de 24 años, preso que acababa de fugar de la cárcel departamental, en la madrugada del 26 de febrero de 2007, era investigada desde hace 26 meses. El juez Rodolfo Souto no pudo identificar al autor del disparo, con un revólver 38, que mató a Castaño esa noche, pero consideró que había pruebas suficientes para privar de libertad a tres oficiales y nueve policías de menor rango por ocultar información sobre el caso o directamente mentir. Los uniformados fueron alojados en seccionales policiales y en otras dependencias del instituto, y ninguno de ellos fue a la Cárcel Departamental. Por la mañana, quedó en evidencia el enfrentamiento entre la Policía -desde el propio jefe, Heriberto Fagúndez- y la Justicia. Uniformados y sus familiares se concentraron frente a la sede judicial para apoyar a los policías presos y rechazar la decisión judicial.

En la noche de la fuga fatal el magistrado de turno era Mijail Rottas, procesado la semana pasada por conjunción del interés público y el privado. Su esposa se encontraba ayer entre los manifestantes.

El jefe Fagúndez dijo que era "el peor día" desde que integra el instituto policial. Dejó en evidencia la falta de diálogo que hay entre la Justicia y su brazo auxiliar al comentar que, cuando el magistrado le pidió que actuara reservadamente a la hora de detener a los policías, le contestó: "¿de qué reserva me habla doctor si yo me enteré por la prensa de este episodio?".

Jefatura no publicó la información en su parte diario, pero sí informó sobre el procesamiento de un rapiñero.

"Mi hijo no está preso ni por coimero ni por ladrón", sentenció el padre de uno de los remitidos, frente al juzgado. Los manifestantes entonaron el himno nacional con especial énfasis en la estrofa "tiranos temblad". Luego de aplaudir comenzaron a corear "¡que se vayan, que se vayan!" en alusión al juez Rodolfo Souto, quien -según los presentes- observaba la concentración desde la ventana de su apartamento. En los programas periodísticos de las radios locales llovieron los mensajes de texto marcando solidaridad con los policías.

A las 11 de la mañana, el jerarca dispuso que quedara sin efecto la custodia del Centro de Justicia y, mediante oficio, comunicó a los jueces que si quieren custodia policial deben contratar un servicio 222.

Una hora después, el sindicato de policías resolvía dejar de cumplir con el servicio 222. A raíz de esta decisión el Banco República no abrió sus puertas en la capital departamental, ni en Tranqueras, Minas de Corrales y Vichadero. Tampoco el Banco Hipotecario y Bandes pudieron operar. El Banco Comercial y BBVA trabajaron con normalidad en virtud de que cuentan con guardia privada.

Lourdes Custodio, presidente de la filial local del Sindicato Policial, dijo que "el acatamiento fue masivo, y por ello no se dictaron clases en centros educativos que cuentan con servicio 222 y tampoco atendieron en las dependencias estatales que tienen guardia policial".

Entre los policías impera una sensación de impotencia, y se preguntan "cómo tenemos que actuar de ahora en más. Si dejamos escapar un preso, nos remiten; si evitamos que se escape, nos remite. Si nos matan intentando detenerlo, hacen lindos discursos frente a nuestro féretro", sentenció un veterano efectivo.

Custodio señaló que en el sindicato policial no se entendía la severidad de la Justicia, y sostuvo que "si este homicidio no se aclaró es porque la Justicia no quiso; prueba de ello es que nunca hicieron la pericia de las armas requisadas a los reclusos en el fallido intento de fuga del 24 de mayo de 2008".

Esta versión sostiene la hipótesis de que Castaño fue herido de bala dentro de la cárcel, antes de escapar.

Por su parte, Gerardo Amarilla, abogado del sindicato policial y edil del Partido Nacional, dijo que "la Justicia acá, lo que hace es decirle al recluso que puede hacer lo que quiera, ya que la Policía tiene las manos atadas". Amarilla defiende al policía Ángel Fernández, procesado por matar a dos reclusos que intentaron fugarse el 28 de febrero de 2004. Por otra parte, la semana que viene podría resolverse un caso que involucra al actual coordinador de Jefatura. Es indagado por la muerte de un delincuente luego de un copamiento en la localidad de Sauzal durante la madrugada del 14 de enero de este año.

El policía disparó a uno de los asaltantes, que acababan de matar a un hombre de 78 años. Luego se investigó si el uniformado hizo uso excesivo de la fuerza y la decisión se conocerá en los próximos días.

LA FUGA QUE DESATÓ UNA CRISIS

FUGA Los policías esperaban el momento de la fuga, alertados de que ocurriría. Salieron dos presos, que fueron capturados. Cristian Castaño fue llevado al médico, que le diagnosticó escoriaciones. Cuando lo trasladaban desde allí, dos policías en una camioneta, se puso mal. Lo llevaron al mismo médico, que le encontró un balazo. Murió.

PRESOS El jefe de la cárcel, el coordinador de Jefatura y el jefe del grupo especial GRI son tres de los procesados.

PRÓFUGO Uno de los dos policías que iba en la camioneta con el preso pidió la baja luego del episodio. No se presentó a la Justicia y está prófugo.

MEDIDA Hasta hoy al mediodía los policías no cumplirán servicios 222. Hasta el jueves 30 no expiden Certificados de

Habilitación Policial y de Residencia; constancia de hurtos o extravíos; no se llenan guías de propiedad y tránsito de ganado y frutos del país, y permisos de menor para viajes.

PERSONALEl Jefe de Policía dijo que le faltan entre 120 y 150 policías. "Hay 60 vacantes sin llenar", a ello se suman 25 enfermos, más los funcionarios sumariados, hace que la fuerza efectiva ideal de 800 uniformados sufra una sensible reducción. (Informe de El País)