El relacionista público argentino "Gaby" Álvarez no pudo volver a su celda en cárcel uruguaya porque los otros presos se habían amotinado

El relacionista público argentino "Gaby" Álvarez, preso en la cárcel de Maldonado por un mortal accidente que le costó la vida a dos personas, fue uno de los testigos "de afuera" del motín en Las Rosas. La revuelta se registró justo cuando Álvarez regresaba de su salida transitoria en el auto de amigos cercanos. Dos policías le impidieron el ingreso a la cárcel hasta tanto la situación se normalizara. Si bien no formuló declaraciones, Álvarez dijo que se encontraba alojado en el sector 7 del penal aguardando el fallo que le permita recuperar la libertad por haber cumplido la mitad de la pena impuesta. A lo largo de la tarde el controvertido Alvarez no pudo volver a su celda y permaneció sentado en el auto en absoluto silencio, observando los intensos movimientos en el establecimiento de reclusión. Los presos habían tomado el control de las instalaciones de la cárcel fernandina de Las Rosas. La Policía se replegó y evitó una fuga masiva disparando balas de goma a los reclusos que se acercaban al alambrado perimetral. Los internos -movidos por las expectativas y la ansiedad generadas por los recientes anuncios del gobierno de descongestionar las cárceles- se amotinaron luego de que un preso intentara colgarse de los techos de la penitenciaría esteña. Al ver a su compañero en el techo, los reclusos enardecidos destrozaron los candados y salieron a los patios comunes. Solo la actitud de un cabo de policía evitó que los amotinados pudieran ingresar al arsenal de la cárcel para hacerse de las armas, lo que hubiera generado una difícil situación. El policía se atrincheró en el recinto donde se guardan las armas a tal extremo que fue el único de los guardias que se encontraba dentro del penal. Durante la revuelta, que fue calificada como una de las peores del penal de Las Rosas, los reclusos invadieron las oficinas del establecimiento y destrozaron equipamientos. También quemaron colchones.

Mientras duraban las negociaciones, los encarcelados le reclamaron al jefe de Policía de Maldonado, Eduardo Martínez, a la jueza subrogante Griselda Santoro y al fiscal que se les otorgara la libertad a los presos primarios y a los reincidentes con delitos leves en base a una supuesta norma aprobada por el Parlamento. Los reclusos se referían a un proyecto de ley elaborado por el oficialismo que todavía no fue tratado por el Poder Legislativo

"Cuando hoy (ayer) hablamos con los reclusos ellos me dijeron que habían escuchado por algún medio de prensa que aquellos presos con delitos leves los iban a poner en libertad. Obviamente fue algo mal interpretado por ellos", dijo ayer a El País el jefe Martínez al ser consultado respecto a las causas del motín de la víspera. "Ellos lo tomaron como una realidad y fue una de las cosas que exigieron de forma incorrecta por la carencia de información", explicó el jefe de Policía.

Pese a su hacinamiento -la sobrepoblación alcanza un 76% según el comisionado parlamentario Alvaro Garcé-, Las Rosas no fue una cárcel visitada a principios del mes pasado por el relator de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mandfred Nowak. Este sí concurrió a los penales de Libertad, Comcar y la cárcel de Mujeres, entre otros.

Defensores de oficio dijeron ayer a El País que los anuncios del gobierno de descomprimir las cárceles generaron esperanzas en la población penitenciaria. La presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, Silvia Sturla, afirmó que es "muy complicada" la situación interna de las cárceles y que los anuncios causaron "expectativas" en reclusos.

Hacinamiento, falta de medicamentos y de fuentes laborales, enfermedades y escasez de médicos generan un estado de violencia interno dentro de los penales. "Todas esas cosas se agrega a la pena que sufre la persona que delinquió. Eso agrava su pena e impacta negativamente" dentro de la población carcelaria, explicó.

Sturla calificó de positivas las medidas adoptadas por el gobierno para descomprimir las cárceles y advirtió que se deberá cambiar el Código Penal para que los penales no continúen llenándose.

El también defensor de oficio Bernardino Real señaló que en las cárceles "hay un clima complicado" desde hace tiempo, causado por las malas condiciones de internación de los presos. Agregó que "es habitual la ansiedad y la expectativa" de los internos ante anuncios de traslados por parte del gobierno. "Cualquier rumor genera ese sentimiento. Además, se trata de una población tendiente a tener ese estado de ánimo. Los traslados son un tema sensible para los presos", explicó.

DESCOLGADO. El motín en Las Rosas se registró en las primeras horas de la tarde cuando un recluso con antecedentes penales pidió ser conducido a la enfermería del penal.

Se trata de Ricardo Franca Sosa, de 27 años, quien tiene ocho antecedentes penales, la mayoría por hurtos. El sujeto fue procesado el 23 de diciembre del año pasado por dos delitos de hurto especialmente agravado, uno de ellos en perjuicio de un diputado.

Franca Sosa se encontraba en huelga de hambre desde hacía tres semanas, salvo el intervalo de Semana Santa cuando volvió a comer por entender que no había autoridad alguna que pudiera escuchar sus reclamos.

Fue uno de los reclusos que participó en una movilización hace 15 días que involucró a unos 45 internos del penal de Las Rosas.

El lunes 13, Franca Sosa resolvió reiniciar el ayuno como protesta por la falta de atención a su petitorio de ser trasladado a su lugar de residencia en Canelones. Ayer pidió ser conducido a la enfermería y solicitó ser escuchado por el juez de su causa, Gabriel Ohanian.

Una vez en el interior de la enfermería, Sosa tomó un cinto y se dirigió a la parte superior el complejo donde advirtió que se ahorcaría.

Allí se mantuvo durante un largo rato hasta que se colgó justo cuando comenzaron a llegar al lugar los medios de prensa. El preso fue descolgado por policías y presos. De inmediato fue trasladado al hospital de San Carlos donde anoche se encontraba fuera de peligro.

Los policías fueron agredidos con ladrillos y proyectiles de todo tipo, lo que motivó que éstos se retiraran hacia el perímetro exterior.

Los efectivos repelieron el ataque disparando balas de goma contra los presos que se acercaban al alambrado perimetral o caminaban por los techos del penal.

De forma paralela, los presos quemaron colchones y gritaban a viva voz en medio de una generalizada escalada. La situación comenzó a descomprimirse a partir de la llegada al penal del jefe Martínez, de la jueza Griselda Santoro y del fiscal Carlos Reyes. (El País)