En Argentina si es morocho y vive en la villa es candidato a morir

Luego de haber dejado atrás hace 25 años una de las dictaduras más sangrientas de la historia latinoamericana, Argentina ya acumula 2.557 muertes por abusos en comisarías y cárceles, ejecuciones extrajudiciales o por el llamado gatillo fácil, según la organización de defensa de las víctimas.

La no gubernamental Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) señaló que las características principales de las víctimas de la policía son ser "morocho (moreno), joven y habitante de barrios conflictivos (pobres y con alto índice de violencia)". 

Más de la mitad de las víctimas tenían menos de 25 años, y dos tercios, menos de 35, detalló la entidad en su informe anual divulgado a fines de 2008 en la céntrica e histórica plaza de Mayo, el paseo ubicado frente a la sede del gobierno en la capital argentina.
Según IPS, en el cómputo del estudio se destaca que 1.341 casos corresponden a fusilamientos, "ejecuciones extrajudiciales sumarísimas", con la participación incluso de "escuadrones de la muerte", especialmente en "el conurbano bonaerense y zonas de la ciudad de Buenos Aires".
En segunda instancia, 822 muertes se produjeron desde 1983 en cárceles, comisarías y "bajo custodia". La Correpi marca que los peores antecedentes en la materia corresponden a las provincias de Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe  y Buenos Aires, y que son revestidas como "suicidios por ahorcamiento e incendios".
Mendoza recibió en 2004 un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su situación carcelaria. Además, en todos los casos de motines e incendios en los que mueren decenas de presos, los familiares denuncian violencia del servicio penitenciario, arbitrariedades y el "dejar hacer" por parte de los guardias.
La estadística de la organización humanitaria continúa con la categoría "Intrafuerza o intrafamiliar", que incluye "210 episodios en los que víctimas y victimarios resultan camaradas de la misma fuerza".
Con el título de "Otras circunstancias" se circunscriben "105 muertes de transeúntes o terceros provocadas por el desprecio de la vida humana de las funcionarios policiales". En quinto lugar, 52 homicidios se perpetraron en protestas sociales, y cierra el estudio con el concepto "Causa fraguada o consecuencia de otros delitos", con 23 casos, más ocho fallecimientos sin especificar.
Gustavo Filograsso, representante de Correpi, advirtió a IPS que la cifra de 2.557 muertes debido a la represión policial e institucional es apenas "una parte del total, (pues) los casos en realidad son muchísimos más".
"No hablamos de represión ilegal sino de represión estatal que avanza en el plano legal, que se legitima con las reformas legislativas que se sancionan una atrás de la otra. De hecho en la justicia muchos casos se ganan y muchos se pierden", agregó.
Estos familiares y activistas actúan ya sea al recibir denuncias o de oficio, y realiza un seguimiento de las publicaciones de prensa. "Corroboramos los ’enfrentamientos’ que aparecen en los medios entre la policía y los delincuentes, y "vemos que) 90 por ciento de los casos resultan ser fraguados", aseguró Filograsso.
La entidad, conformada principalmente por abogados y que milita en contra de la represión ilegal y asume la defensa de las víctimas, nació en 1991, a raíz de la muerte violenta del joven Walter Bulacio en una comisaría de la ciudad de Buenos Aires luego de asistir a un recital del grupo de rock Redonditos de Ricota.
Filograsso indica que los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y el actual liderado por su esposa, Cristina Fernández, muestran los números más altos de muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, pese a que son reconocidos por su política de memoria histórica sobre derechos humanos y por haber impulsado los juicios contra los represores de la última dictadura (1976-1983).
"Son los gobiernos que más reprimieron", afirmó el representante de la Correpi. Kirchner y Fernández lideran la rama centroizquierdista prevaleciente hoy en el Partido Justicialista, fundado por Juan Domingo Perón a comienzos de la década del 40 y que reúne al más variado espectro ideológico, desde la izquierda hasta grupos de ultraderecha.
Acerca de las notorias diferencias entre la
percepción en este sentido de organizaciones defensora de los derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayor y Abuelas de Plaza de Mayo, con la posición de Correpi, Filograsso explicó que, "sin cuestionar su trayectoria, hoy en día, en los hechos, no nos encontramos como compañeros". 
Un análisis similar describió ante IPS el ex juez Jorge Casanovas, ex ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires y ex diputado por una fracción derechista del justicialismo (peronismo).
"A la policía se la ha desarmado en todos los sentidos. No sólo en capacitación y armamento, sino en sus facultades y la moral de la institución", dijo.
Este informe, elaborado con datos del sistema de la Organización Mundial de la Salud de 2003 a 2006, indica que en Argentina se produjeron un promedio de asesinatos al año de 5,8 cada 100.000 habitantes, apenas por encima de los 4,5 de Uruguay, 5,4 de Chile y 5,6 de República Dominicana (con salvedades metodológicas referidas a este último país).
Este grupo de países se encuentra lejos de los abultados indicadores que muestran El Salvador, que es de 48,8 por cada 100.000 habitantes, Colombia con 43,8, Venezuela con 30,1, Brasil con 25,2 y México con 9,3. También son superados por Estados Unidos, que llega a seis muertes por cada 100.000 habitantes.