La pareja paqueta de la izquierda uruguaya

Gonzalo Fernández y su señora esposa son dos reconocidos catedráticos. Pocos profesionales saben tanto como ellos sobre materia penal. Nadie como ese matrimonio puede distinguir con mayor claridad entre el bien y el mal, entre la justicia y la impunidad. Toda la izquierda uruguaya sabe que Gonzalo Fernández siempre se hizo un tiempito entre sus obligaciones como secretario de la presidencia de Tabaré Vázquez y sus "changas" millonarias para asesorar a personas con serios problemas legales. El y su señora son abogados de la alta sociedad, en su estudio no se ven desarrapados, ni indigentes litigando por un carro o un caballo. Faltaba más. Basta verlos. Es una pareja paqueta, sin duda el matrimonio cinco estrellas de la izquierda de Uruguay. Tan es así que el propio presidente José Mujica fue ayer a visitarlo a su casa para darle su bendición en medio del vendaval. El primer mandatario no quiere que las acusaciones contra Fernández sean vistas o utilizadas como parte de un "revisionismo" de su gobierno al de Vázquez. Cuando llegó a su residencia ambos se abrazaron y el presidente dijo "a mí no me expliques nada. Era mi deber estar acá y venir a saludarte". Fernández chocho con él. Pero ¿cómo?señor presidente. Usted debe pedir explicaciones en representación de todos los uruguayos. Todos queremos saber si el matrimonio, además de pertenecer al partido de su gobierno, tranza y beneficia a banqueros corruptos que ayudaron a hundir al país. Pese a ello, la Mesa Política del Frente Amplio resolvió ayer crear una comisión investigadora para indagar sobre el procedimiento de eliminación del artículo 76 de la ley 2.230, que determinó la clausura del caso de los hermanos Peirano Basso. Ese hecho tuvo en el centro de la polémica al ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, a quien el autor de la ley que derogó el artículo en cuestión, Sergio Abreu, había indicado como el autor intelectual.
La comisión de la coalición de izquierda funcionará con un integrante de cada sector político con representación en la Mesa, y uno de las bases de Montevideo y Canelones. Asimismo, el FA también resolvió impulsar investigaciones a nivel parlamentario.
Hay que recordar que Fernández fue indicado por el senador blanco Sergio Abreu como el "autor intelectual" de la derogación del artículo 76 de la ley 2.230, que habilitó la clausura del expediente por el que fueron procesados los hermanos Peirano Basso y un director del Banco de Montevideo que defendía la abogada Cecilia Salom, esposa de Gonzalo Fernández.
"Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario", dijo Mujica como si hubiera descubierto la pólvora y agregó que las acusaciones contra Fernández "son sólo comentarios periodísticos, hasta que un órgano del FA no tome una decisión. Es un amigo y un compañero. Punto. Lo que va a hacer o no el FA no me corresponde a mí, que soy presidente. Tengo que estar distante de todo. Los amigos se ven cuando las papas queman". Horrible lo suyo Mujica.         
Hoy se conformará en el Senado una comisión preinvestigadora a instancias del senador de Vamos Uruguay, Ope Pasquet. Estará integrada por los senadores Ernesto Agazzi (MPP), Mónica Xavier (Partido Socialista) y Carlos Moreira (Partido Nacional).
Sin embargo, la bancada del FA resolvió ayer que no votará la instalación de una comisión investigadora "si Pasquet no sustancia su denuncia contra Fernández", señala la moción aprobada por la mayoría. "Sólo trajo recortes de prensa", dijo un parlamentario frentista.
La moción contó con 12 votos. A favor de la comisión investigadora votaron Xavier, Rafael Michelini (Nuevo Espacio) y Constanza Moreira (Espacio 609). "Los socialistas nos sentimos muy conformes con el respeto y la fraternidad con que se ha tratado el tema. La investigación puede dejar saldadas las dudas que algunos frenteamplistas pueden tener", dijo Xavier a El País.
Pasquet dice en su escrito que el Senado "debe ofrecer a la ciudadanía una versión completa, veraz y clara de lo sucedido" respecto al asesoramiento que tuvieron los legisladores que promovieron la derogación del delito por el que fueron procesados los hermanos Peirano. También, si el estudio jurídico de Fernández, o alguno de sus integrantes patrocinaba a alguno de los procesados en el caso del Banco de Montevideo que se beneficiaron con la derogación del artículo 76.
El lunes 16, el MPP planteó a la Mesa Política del FA la necesidad de que un tribunal inicie una investigación sobre la vinculación de Fernández con el caso Peirano, dijo el diputado empepista Gonzalo de Toro. "No hay nada claro en todo esto. El estudio que actuó es de Gonzalo Fernández. ¿Él no sabe las cosas que pasan por su estudio?", indicó.
Ayer, el también diputado empepista Álvaro Vega no quedó atrás. "Tenemos que juzgar la responsabilidad política sobre la forma como actuamos y también la de Gonzalo Fernández".
Según el legislador, el MPP cuestionó las defensas jurídicas que realizaba Fernández en el período pasado. "Cuando Gonzalo Fernández mantenía actividad privada mientras era secretario de la Presidencia, a nosotros nos parecía criticable. Está el episodio de la `ley Salom` que habilitó a los fiscales a salir en comisión, y justo le calzó a su compañera", advirtió.
Sin embargo, ayer en la sesión de la Mesa Política, el MPP planteó, al igual que otros sectores, que una comisión especial analice los procesos parlamentarios que culminaron con la derogación del artículo 76 de la ley 2230 y no un tribunal de ética.
"El MPP resolvió ayer que se creara una comisión de seguimiento e investigación de los hechos acaecidos en el Parlamento", dijo el representante emepepista en la Mesa Política, Jorge Meroni.
La Comisión Especial de la Mesa Política del Frente Amplio, que se instrumentaría en un plazo breve, estará integrada por un representante de cada espacio político de la misma y de un delegado de las bases de Montevideo, Canelones e interior. En caso de que la comisión encuentre "eventuales faltas éticas" en el proceso parlamentario de derogación del artículo 76 de la ley 2.203, la Mesa Política solicitará la intervención del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, señala la resolución divulgada ayer.
En la sesión de la Mesa Política, la Corriente de Izquierda y el Movimiento de 20 de Mayo realizaron duros planteos. El dirigente de la Corriente de Izquierda, Darío Estades, indicó que estas situaciones se generan por la "permanente exclusión" de la Mesa Política de los temas políticos fundamentales. "Celebramos que determinados sectores pidan hoy en día que la fuerza política vuelva a ser la vanguardia del Frente y que no quede las decisiones en manos de ciertos iluminados y compañeros legisladores", dijo.
Lucas Pitaluga, dirigente del Movimiento 20 de Mayo, fue crítico con la rapidez en que los parlamentarios aprobaron la derogación del delito. "Hay que analizar la actuación del Parlamento. Hubo una grave omisión e ineptitud de senadores y diputados", expresó.
El dirigente del PVP, Carlos Coitiño, reconoció que la creación de la Comisión Especial de la Mesa Política para analizar el proceso de derogación del artículo 76 se realiza "en un contexto de enorme confusión" dentro del Frente Amplio y en la ciudadanía.