JUSTICIA

Condenan al Estado por muerte de alférez en escuela militar de Toledo

El Poder Judicial condenó al Ministerio de Defensa a pagar por lo menos US$ 200.000 a los familiares de un alférez de 25 años, muerto en 2009 durante un curso de comando en la Escuela Militar de Toledo. Los instructores le impidieron en varias oportunidades salir a la superficie y el alférez falleció ahogado en una piscina.

El fallecimiento del alférez Carlos Rafael Olivera, ocurrido el 2 de septiembre de 2009, llevó al presidente Tabaré Vázquez a ordenar a Defensa la eliminación de actos violentos en los cursos del Ejército.

Además de ser destituidos, los oficiales instructores del curso de comando fueron procesados por homicidio por la Justicia de Pando. La Justicia les ordenó prisión domiciliaria.

En una sentencia fechada el 16 de junio pasado, el juez Letrado en lo Contencioso Administrativo de 3° Turno, Pablo Eguren, estimó el daño moral de la esposa de Olivera en la suma de $ 1.500.000 (US$ 50.000) porque existió "una relación de varios años estando el matrimonio presidido de un concubinato more uxorio donde llevaban un proyecto de vida en común que se vio truncado por el infausto suceso".

Eguren también hizo lugar al reclamo de vivienda, y de daño emergente presentados por la viuda por el derecho que tenía su marido por su condición de militar (el monto está a definir), e hizo lugar al pedido de lucro cesante por $ 210.000 (US$ 7.000). En total, la viuda del alférez recibirá $ 1.710.00 (US$ 57.000), más intereses legales. En tanto, los padres de Olivera percibirán US$ 80.000 y tres hermanas del occiso cobrarán un total de US$ 45.000. Esto suma US$ 182.000, a lo que se agregan los intereses y el valor de la vivienda, que operadores judiciales estiman llevará la cifra a pagar a más de US$ 200.000.
Juicio.

El 29 de julio de 2013, familiares de Olivera iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra Defensa por entender que hubo responsabilidad estatal en su muerte. También reclamaron daño moral, lucro cesante y premuerte sufrida por la víctima. Los familiares pedían una indemnización de US$ 733.000. El Ministerio de Defensa alegó que el alférez estaba en un curso de comando y tenía plena conciencia de los riesgos propios de esta actividad; la función militar tiene más riesgos que otras áreas del Estado y la viuda del extinto fue beneficiada con un pensión con una retribución del grado de capitán que supera en mucho el salario que percibía la víctima en vida. Luego planteó que la Justicia debía desestimar los reclamos de los familiares por daño moral, daños materiales y lucro cesante.

El juez Eguren analizó un dictamen del médico forense, Guido Berro, sobre la causa del fallecimiento del alférez.

Berro estableció como causa determinante de la muerte "el ahogamiento o sumersión con inundación de las vías respiratorias, lo cual provoca asfixia e insuficiencia cardíaca".

El 2 de septiembre de 2009, día de la muerte del alférez, los cursantes del curso de comando del Ejército llegaron a la Escuela Militar de Toledo de madrugada, sin desayunar, habiendo descansado la noche anterior aproximadamente seis horas.

Comenzaron a realizar los ejercicios de calentamiento previos al resto de las actividades agendadas. Los aspirantes a comandos portaban un equipo básico: casaca, pantalón, snorkel, aleta y luneta.

Tras los ejercicios de calentamiento, los aspirantes empezaron a efectuar técnicas de natación, apnea, culminando con el ejercicio de equipamiento y desequipamiento.

En la piscina, Olivera fue hostigado por dos instructores, quienes lo empujaron una y otra vez hacia el fondo y no lo dejaban salir a la superficie.

Según declararon otros aspirantes a comando, Olivera ya había sufrido cansancio y hostigamientos anteriores que determinaron que tuviera que descansar al borde de la escalera por 10 minutos escupiendo agua en varias oportunidades hasta que murió.

Varios alumnos no soportaron dichas "prácticas ilícitas" de los instructores y abandonaron el curso de comando, señala el fallo al que tuvo acceso El País.

Durante las investigaciones judiciales quedó probado que la asistencia médica recibida por Olivera fue insuficiente, no encontrándose ambulancia en el lugar ni elementos para interrumpir un paro cardio-respiratorio, además se demoró más de 30 minutos en trasladarlo para ser atendido por un médico.

Empleado de ONG de Paysandú abusaba de alumnas discapacitadas

Un hombre de 61 años, empleado de una institución de Paysandú dedicada a atender a personas con discapacidad, fue procesado por abuso en perjuicio de dos alumnas del centro, informa El Telégrafo.

Las víctimas confirmadas de este sujeto -que realiza tareas en un campo de equinoterapia- son un menor de 13 años y una joven de 28.

La figura utilizada por la justicia para procesar a C.M.R.D.A.V., carente de antecedentes penales, fue "violento atentado al pudor".

Mientras tanto, se procesan otras averiguaciones para ver si los delitos cometidos configuran violación, que se pena con más dureza.

Se trata de una institución dependiente de INAU donde concurren niños, adolescentes y adultos con dificultades motrices e intelectuales.

Había denuncias previas sobre este funcionario pero la organización no había procedido, revelaron al diario sanducero familiares de las víctimas.

La primera de estas denuncias había sido realizada en el mes de febrero.

Uno de las menores contó que el cuidador de los caballos la llevaba al establo con el pretexto ayudarlo con la limpieza y luego lo obligaba a tener contacto sexual.

En esa ocasión, el trámite pasó por una instancia penal. La menor fue vista por forense y sicólogo. Sin embargo, la denuncia fue desestimada. La dirección de la ONG nunca llamó a la familia para pregntar qué había pasado, señala El Telégrafo.

Luego de la primera denuncia, aparecieron otros casos que tampoco tuvieron consecuencias.

La seccional 4° de Policía de Paysandú recibió la denuncia de un menor de 13 años del mismo instituto que sufrió abuso por parte de compañeros de clase.

La madre sustituta de la víctima dijo que después de la denuncia éste fue supendido de sus actividades escolares y no pudo concurrir más al centro.

Una docente se apersonó a la mujer para informarle que el niño habia sido "sorprendido" en "actitudes comprometedoras" con otros alumnos.

Según consta en la denuncia, la madre sustituta dijo que cuando fue a denunciar el hecho al director del instituto fue "destratada" por el funcionario y poco después fue dado de baja el alumno a su cargo.

Según dijeron los familiares, hay otros funcionarios que podrían estar involucrados en los abusos.

 

 

La impunidad de fiscales y jueces en Uruguay: Nunca van presos aunque dicten fallos atroces

Tuvieron que pasar siete años y tres investigaciones judiciales para que un hombre de Rivera que violaba a su hija –y con quien tuvo dos hijos–, fuera a la cárcel.

La primera investigación se realizó en 2009, cuando una psicóloga que trabajaba en la zona denunció que una adolescente de 13 años estaba embarazada y que podía ser a raíz de abusos sexuales por parte de su padre. El hombre ya tenía antecedentes penales por violación.

Sin embargo, un año más tarde el juez Gustavo Iribarren (que actualmente está al frente de un juzgado penal de Montevideo) archivó el caso dado que la madre de la joven no había denunciado el hecho y los vecinos tampoco habían aportado información sobre una posible relación de incesto, aunque el caso debería haberse investigado como violación por tener la adolescente menos de 15 años. El fiscal, Ricardo Chiecchi, no apeló la decisión.

En 2011, la situación de la adolescente volvió a la Justicia. Esta vez fue un médico quien denunció que la joven acababa de tener otro hijo, quien estaba internado en Tacuarembó debido a una malformación. El fiscal pidió una prueba de ADN que determinó que los dos hijos de la adolescente fueron engendrados por su padre. A pesar del resultado, Chiecchi no pidió el procesamiento del hombre, porque, a pesar de que se había confirmado la relación de incesto, no había habido "escándalo público" como para que el delito se configurara, ni tampoco se había probado "violencia" en la relación sexual, informó El País.

Después de siete años, a principios de este mes, el caso reapareció en la escena judicial. Esta vez, la jueza que tomó el caso fue Noelia Sánchez, quien procesó con prisión al padre de la adolescente por varios delitos de violación. El hombre se suicidó al día siguiente de entrar en prisión. En esta oportunidad también fue procesada, aunque sin prisión, la madre de la joven, por un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. El argumento de la jueza para procesarla fue que la mujer no denunció a su pareja.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, consideró que el fiscal Chiecchi cometió dos errores: el primero fue no haber apelado la decisión del juez en 2010 y el segundo fue haber catalogado el caso como incesto cuando se trató de una violación.
Control

¿Pero quién es el responsable de controlar el accionar de los fiscales?

Los representantes del Ministerio Público, al igual que los jueces, tienen independencia técnica para tomar decisiones. Sin embargo, hay casos en los que sus decisiones son pasibles de ser sancionadas. El fiscal de Corte es quien tiene la potestad para controlar y tomar decisiones sobre el accionar de los fiscales.

El abogado experto en derecho administrativo y exprofesor de la Universidad Católica, Carlos Guariglia, explicó a El Observador que lo que puede ocurrir es que la actuación del fiscal sea "tan grosera" que, al revisar el expediente, el fiscal de Corte entienda que el profesional actuó de manera "irracional" o "irrazonablemente". El primer caso implicaría que el fiscal se haya alejado de las reglas de la lógica, mientras que en el segundo caso sería haberse alejado de los parámetros morales que rigen en la sociedad. Otro elemento a analizar en el accionar del fiscal es si su decisión está debidamente justificada

Pero si toma una decisión incorrecta, puede tener consecuencias. Las sanciones administrativas pueden aplicarse hasta dos años después de que se haya cometido la irregularidad. En el caso del fiscal de Rivera, el tiempo que pasó entre que tomó la decisión de no pedir procesamiento del hombre que violaba a su hija y la actuación del fiscal de Corte fue de siete años, por lo que caducó la posibilidad de iniciar un juicio administrativo.

Guariglia señaló que en estos casos el fiscal de Corte debe aplicar el principio de proporcionalidad entre la naturaleza de la falta y la entidad de la sanción. Las consecuencias previstas para la administración central implican apercibimiento, suspensión o destitución del funcionario. En este caso, debido al tiempo que había pasado, el fiscal de Corte definió trasladar al representante del ministerio público a un juzgado en otra materia.
¿Se puede denunciar a un fiscal?

El artículo 24 de la Constitución establece que todos los órganos del Estado son responsables civilmente por los daños que causen a terceros "en la ejecución de los servicios públicos confiados a su gestión o dirección". El artículo siguiente expresa que, si el daño es causado por funcionarios del Estado en el ejercicio de sus funciones y fue realizado con culpa grave o con dolo, el órgano en el que trabajan luego podrá repetir el juicio contra ellos para que paguen el monto de la reparación al damnificado.

Esto implica que la persona que se sienta víctima de una decisión de un fiscal, por ejemplo, puede iniciar un juicio contra el Ministerio Público para recibir dinero como compensación. Si la Fiscalía pierde el juicio, luego podrá ir contra el fiscal para que sea él quien pague el monto que el ministerio debió dar a la víctima.

En el caso de Chiecchi la falla fue no imputar por violación al hombre que reiteradamente abusó de su hija.
En el caso de los jueces puede darla el error inverso, es decir, que a pedido de un fiscal envíen a la cárcel a una persona inocente. Esas situaciones son relativamente usuales en Uruguay y por año la Suprema Corte de Justicia enfrenta cerca de 20 juicios civiles por prisión indebida, aunque en general no revisten consecuencias para los jueces

Perciballe asume en lugar de Chiecchi
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dispuso un enroque entre Ricardo Chiecchi (que estaba al frente de la fiscalía penal de 17º turno de Montevideo) y Ricardo Perciballe (que hasta ahora se encontraba en una fiscalía civil). De esa forma, Perciballe volverá a trabajar en la materia penal, de la que Díaz lo había removido en 2012 cuando se desempeñaba en crimen organizado. Por otra parte, y en el marco de otros movimientos, el fiscal de Corte trasladó al fiscal civil Daniel Gutiérrez a violencia doméstica. Gutiérrez, siendo el fiscal civil más antiguo en su cargo, subrogó en mayo a Díaz como fiscal de Corte, y en esa condición emitió un dictamen en el que señaló que la creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado es inconstitucional.

Cuatro a prisión por el crimen de un joven en Brazo Oriental

El crimen ocurrió en el cruce de las calles Ramón Márquez y Felipe Contucci. Cuando la Policía llegó al lugar halló a Álvaro Dos Santos Pereira de 18 años, caído en el suelo, con abundante sangrado. Tenía una herida de bala en la cabeza.

De forma inmediata se realizaron las investigaciones de lo ocurrido y se logró la detención de varias personas que, según testigos, estarían implicadas en el homicidio.

Conducidos a declarar, el juez penal de 14º Turno procesó con prisión a S.D.C.S de 19 años, J.L.C.F de 46 años, J.P.M de 23 años y R.E.P.M de 21 años como autores del homicidio.

Ninguno de los procesados contaba con antecedentes penales, según informó Jefatura de Montevideo.

Más de 100 personas ante la Justicia por megaestafa en Uruguay

Cinco personas fueron procesadas por el delito de estafa continua y otras tantas pueden marchar a prisión esta semana en la que se espera que pasen 97 personas por el juzgado, según dijo a Telenoche el fiscal del caso, Gustavo Zubía. Hasta ahora 20 personas ya pasaron por el juzgado.

Los delincuentes sacaban préstamos de entre $60.000 y $80.000 y Zubía adelantó que la cifra de procesados puede ser muy grande porque hay pruebas.

Los estafadores sacaban préstamos creando “empresas fantasmas” y con recibos “truchos”. Las maniobras que llevaban adelante los estafadores "eran a nivel profesional y la tenían clara", informaron los investigadores del caso.

Primero abrían empresas "fantasmas" de limpieza, construcción y transporte, que no existían y no funcionaban como tales, por lo tanto tampoco estaban inscriptas ante el Banco de Previsión Social (BPS).

Luego falsificaban supuestos recibos de sueldos, así como facturas de OSE y UTE y de esta manera se aseguraban tener toda la documentación que les pedían a la hora de solicitar préstamos de dinero en diferentes entidades financieras.

Con los documentos, buscaban personas económicamente vulnerables y que no estuvieran en el Clearing, para que accedieran a inscribirse en las empresas truchas. Los estafadores que buscaban a las personas se desplazaban por Montevideo y Canelones en un auto marca Volkswagen, modelo Bora, color negro.

Luego de que lograban convencerlas, les pedían sus datos para llevar a cabo la maniobra con los recibos de sueldo y las facturas truchas.

Los delincuentes llevaban a las personas hasta las entidades financieras diciéndoles que el trato era que iban a poder sacar un préstamo de entre $ 60.000 y $ 80.000, solo si el dinero era dividido en un 50% con ellos.

Cuando la entidad financiera otorgaba el préstamo al cliente, los estafadores que organizaban la trama recibían finalmente la mitad del dinero, "muchas veces el dinero era dividido dentro de los locales", según los datos que proporcionaron ante la Justicia los integrantes de esta banda.

La maniobra fue descubierta cuando una entidad financiera solicitó al cliente el certificado de inscripción al BPS. Al no presentarlo, la empresa realizó la denuncia correspondiente.

"Horror": Fiscal que no acusó al violador incestuoso de Rivera no puede ser sancionado

El fiscal de Corte Jorge Díaz, informó que trasladará a un juzgado no penal al fiscal Ricardo Chiecchi, quien estuvo a cargo del caso de violación e incesto ocurrido en Rivera que fue archivado dos veces desde una primera denuncia en 2009.

Díaz calificó el hecho "no de un error, sino un horror del fiscal" y lamentó que no se le puede iniciar un sumario ni acciones penales porque el estatuto sobre la tarea del fiscal tiene más de 30 años y determina que las actuaciones prescriben a los 2 años.

En enero de 2009, una psicóloga que realizaba trabajo social en Rivera denunció ante la Comisaría de la Mujer que un adolescente de 13 años estaba embarazada de seis meses y que los vecinos comentaban que su padre era también el progenitor del bebé.

Las actuaciones judicuales comenzaron en febrero de 2009 y terminaron en junio de 2010, casi un año y medio después de la denuncia.

El 22 de junio de 2010 el fiscal solicitó que se le practicara una prueba de ADN extrayendo muestras de la adolescente, su hijo y el acusado, pero el juez resolvió archivar la causa porque no había denuncia de la madre de la adolescente o de la víctima respecto al abuso sexual y no se habían aportado datos sobre personas que establecieran el rumor de una relación incestuosa". La resolución fue notificada al fiscal Chiecchi y este no apeló.

SEGUNDA DENUNCIA. Dos años y medio después de la primera denuncia, en junio de 2011, un médico de una policlínica barrial de Rivera acudió a la Justicia informando que la adolescente, que habia seguido viviendo con su padre abusador, había tenido otro hijo de él.

Cuando la autoridad administrativa informó a la jueza, esta dispuso que se realizaran las pericias correspondientes y las pruebas de ADN que antes se habían rechazado. El análisis arrojó que el denunciado era el padre de los dos hijos de la adolescente. Se dio vista al fiscal y este el 11 de noviembre de 2011 expresó que quedaba probada la relación incestuosa, pero por carecer de la nota de escándalo público exigida por el tipo penal, no configuraba delito. Además, afirmó, "no se probaba violencia en la relación sexual".

Díaz consideró que la actuación de la Justicia fue "un error inexcusable" dado que "en dos oportunidades la justicia devolvió a la víctima al abusador". Chiecchi, según apuntó el fiscal de Corte, alegó que cuando se produjeron los hechos "trabajaba solo y con un solo actuario". Ahora, hay tres fiscales en Rivera y 15 suplentes.

A principios de julio de este año, el hermano del abusador lo denunció nuevamente y la división de Trata y Tráfico de Personas de Jefatura de Rivera investigó el caso. La jueza Noelia Sánchez lo terminó procesando con prisión a él por reiterados delitos de violación en reiteración real; con un delito de atentado violento al pudor y un delito de violencia privada y a la madre de la entonces adolescente, que ahora tiene 31 años, por un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad. El procesado se suicidó en la cárcel a los días de ingresar.

SCJ "PREOCUPADA". El ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak manifestó este lunes "preocupación" por el caso. Chediak subrayó que lo sucedido "preocupa a toda la SCJ porque da una imagen de no funcionamiento del servicio".

"Hubo un pedido del fiscal de aquel entonces recogido primero por el juez actuante y luego por la doctora Tórtora en el sentido de no seguir adelante con las investigaciones porque el caso se había focalizado en el incesto. Y el incesto requiere, para que sea figura delictiva, el escándalo público”, apuntó, criticando el procedimiento puesto que "en ese momento la denunciante era menor de 15 años y se podría haber apelado a la figura de violencia y amenazas".

Lea auto de procesamiento del uruguayo ex funcionario de la Organización Mundial del Comercio

El juez Néstor Valetti procesó con prisión por lavado de activos a un uruguayo que era funcionario de la Organización Mundial del Comercio, de iniciales E.S.

Este funcionario estafó a una aseguradora y con el dinero compró varios apartamentos y un auto en Montevideo a través de un testaferro.

Tras la investigación que se realizó en Suiza, este uruguayo estuvo en prisión preventiva en aquel país en 2013, pero luego desapareció, así como su testaferro.

Pocos días atrás, en Montevideo, el ex funcionario de la OMC se presentó ante la Policía para denunciar que su testaferro le había robado, y allí fue detenido quedando a disposición de la Justicia.

Luego de probar la estafa en Suiza y las maniobras en Uruguay, E.S. fue procesado con prisión por lavado de activos.

El fallo del juez Valetti establece que “El Sr. E.S. durante varios años de modo fraudulento indujo en error a la firma (aseguradora) mediante el uso de facturas falsas se procuro reembolso de gastos médicos en beneficio de sí mismo incurriendo en los delitos de estafa y falsificación documentaria”.

La estafa superó largamente el millón de dólares, dinero que utilizó para comprar varios apartamentos en Pocitos y Punta Carretas, así como un auto del 2012. Estos bienes fueron vendidos luego por el testaferro, todavía prófugo.

“En Sede Judicial el indiciado admitió haber cometido un delito continuado de estafa, falsificación documentaria en perjuicio de la compañía aseguradora, lo cual motivó que fuera enjuiciado con prisión en Suiza y posteriormente condenado por los delitos de estafa, falsificación documentaria y blanqueo de capital. En efecto el delito de blanqueo de capitales cometido en Suiza responde a las transferencias del dinero mal habido de instituciones bancarias de aquel país hacia el nuestro”, dice el juez Valetti.

Por todo esto, “existen elementos de convicción suficientes que permiten establecer prima facie que el indagado S. ha adquirido en forma continuada diversos bienes inmuebles y un vehículo con el dinero proveniente del delito de estafa cometido en Suiza, así como haber efectuad diversas transacciones sobre dichos bienes ya sea en nombre propio o a través de su apoderado”, concluye el auto de procesamiento.
Fallo Juez Valetti

Embrollo: Mujer denuncia al amante y los dos resultan procesados

Un hombre y una mujer fueron procesados por simular un delito, tras denunciar, la mujer, la intromisión de este hombre en su hogar; la Justicia indagó y resultó que el intruso tenía “un vínculo afectivo” con la propietaria del hogar.

En la madrugada del jueves, un llamado al 911 advertía de la presencia de una "persona extraña" en un hogar del Barrio Andalucía de Melgar.

Al llegar la policía al lugar, encontraron a un individuo que, supuestamente, había sido sorprendido intentando ingresar al hogar.

Según informa Jefatura y recoge Montevideo Portal, tras las averiguaciones se descubrió que el individuo que trasgredía la propiedad privada "tenía un vínculo afectivo" con la dueña del lugar.

La mujer le habría solicitado que fuera a su casa "dado que su pareja no se encontraba"; el dueño del hogar llegó, encontró a los dos sujetos simulando el delito y realizó el llamado a la policía.

El hombre, de iniciales Y.A.D.M, fue procesado con prisión; mientras que la mujer lo fue sin prisión.

Expulsado de Suiza terminó preso en Uruguay

Un uruguayo expulsado de Suiza por una millonaria estafa, exempleado de la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue procesado en Uruguay por lavado de activos.

Desde 2013, E.E.S.G. estuvo preso en Ginebra por el desfalco. Se había quedado con dinero de un programa relacionado con el organismo internacional.

A través de un testaferro, compró nueve propiedades en Uruguay, todas ellas en el barrio Pocitos.

Pero al llegar a Uruguay en los ultimos días se enteró que su testaferro habia desaparecido tras vender las propiedades.

Cuando fue a denunciarlo, se enteró que habia un pedido de captura para él y su exapoderado.

La Policía lo detuvo y la justicia uruguaya lo procesó con prisión.

"Fueron meses difíciles", reconoció Lima tras el fallo

El Tribunal de Apelaciones Apelaciones Penal de 4º turno falló a favor del intendente de Salto, Andrés Lima y revocó la sentencia de primera instancia que condenaba al jefe departamental a ocho meses de prisión por el delito de difamación. El Tribunal entendió que el jefe departamental no incurrió en real malicia ni hubo un intento deliberado de daño.  

Tras escuchar el fallo en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez, Lima participó del Congreso de Intendentes y allí afirmó que "fueron meses dificiles, pero de las malas experiencias se aprende". Además, pidió disculpas al Congreso de Intendentes por su ausencia y destacó que el fallo judicial "le significa mucha tranquilidad", porque no deberá dejar su cargo.

El caso inició cuando la edila Dayana Añasco presentó una denuncia contra el jerarca. En marzo, Lima acusó públicamente a Añasco y a los también ediles frenteamplistas Martín Pertusatti y Eduardo Godoy, de adulterar boletas de gastos por viáticos. Además, anunció que el gobierno departamental iniciaría una investigación administrativa y que llevaría el tema a la Justicia. Según el Tribunal, Lima ya había informado a quienes correspondía antes de la conferencia.

A mediados de junio, Lima y Añasco se vieron las caras en la Justicia cuando ambos hicieron sus descargos en el Tribunal de Apelaciones. Según el primer fallo del juez Hugo Rundie, “se encontraba plenamente probado que Lima obró con malicia temeraria al brindar la conferencia de prensa el pasado 9 de marzo, lo que se repitió en diversas, puntuales y sucesivas declaraciones públicas sobre el tema de fondo”.

En el fallo revocado este jueves, se indicaba que el denunciado "incurrió en franca contradicción al aportar a la prensa los nombres de los tres ediles, dado que por un lado se resolvió durante el mismo día y en horas de la mañana la realización de una investigación sobre los hechos en general y eventualmente sobre los presuntos responsables”.

La succionaba y mordía: Comisario de Maldonado a prisión por acoso sexual contra subalterna

Procesaron a un comisario de Maldonado por acoso sexual a una subalterna, a la que tocó varias veces, llegando incluso a arrojarla al piso, morderle el cuello e intentar besarla a la fuerza.

La jueza penal de Maldonado Adriana Morosini hizo lugar al pedido de la fiscal Sabrina Flores, que solicitó el procesamiento con prisión de un comisario mayor de Maldonado por atentados violentos al pudor.

El funcionario fue denunciado por una subalterna que trabaja en las oficinas de la Jefatura de Maldonado. De acuerdo al documento de la fiscalía, "emergen elementos de convicción suficientes para determinar que el comisario incurrió en la comisión de reiterados delitos de atentado violento al pudor".

El 13 de julio de 2016, "en momentos en que la denunciante se encontraba cumpliendo funciones en el hall de la Jefatura de Policía de Maldonado, próximo a la hora 10:00 le entregan la llave del vehículo del indagado con el objetivo que lo dejara en el despacho del mismo".

La mujer "toma las llaves y se dirige al despacho del indagado C; cuando llega a la Secretaría, donde se encontraban las testigos P y C, al momento en que está parada próxima a la puerta del despacho de C, él se le abalanza, la rodea con los brazos, la tira al piso, e intenta besarla, a lo que G corre la cara y C le succiona el cuello, retirándose unos centímetros, mirándola, diciéndole, ‘no te marqué' y vuelve a succionarle el cuello, mordiéndola en el mismo acto", narra la fiscalía.

Inmediatamente "G se logra liberar de C, se levanta del piso, se toma el cuello y le dice que lo va a denunciar y se retira del lugar", efectuando luego la denuncia penal.

La succión y mordedura denunciadas fueron constatadas por médico forense.

Durante su gestión como comisario del Distrito I del departamento de Maldonado, el denunciado comenzó desde hace más o menos un año con acoso verbal hacia la denunciante,"empezando a ser en un principio agradable, luego a ser más confianzudo, manifestándole por ejemplo: ‘qué bonita', ‘estás sola', ‘si no estás sola no me importa', ‘¿cuándo vamos a salir?'", dice el documento.

Posteriormente "la actitud del indagado comenzó a ser más agresiva, le expresaba a otras personas (a cualquiera que estuviera allí) ‘vio lo que es', ‘viste qué cola', haciéndolo en forma de chiste". Continuó el acoso con llamadas telefónicas invitándola a salir, narra la Fiscalía.

Progresivo

Al principio el indagado era sólo "baboso", pero luego intensificó sus aproximaciones. "Comenzó a decirle que quería tocar sus senos, e incluso en momentos en que la saludaba ponía la mano en su hombro y la deslizaba por los senos, rozándola, comenzando a intensificarse las agresiones en el término de los últimos dos meses", indica el documento.

En otra oportunidad "vino por detrás, le susurró al oído y le metió la mano en la cola por debajo del pantalón". En otro momento en que ella iba saliendo del baño, "la sorprendió en el salón de honor, la abrazó, la tiró en la baranda e intento besarla a la fuerza, hasta que sale una tercera persona, los ve y se retira". En esta ocasión la denunciante expresó: "fue su lengua contra mi boca cerrada, fue una lambuceada". El indagado niega estos hechos.

Según informó FM Gente, el comisario será trasladado fuera del departamento a cumplir con la prisión preventiva ordenada por la jueza. La Jefatura nombrará a otro funcionario para hacerse cargo del Distrito I.

De acuerdo a lo informado por la emisora, la jueza Adriana Morosini atendió el pedido de la fiscal y dictó el procesamiento con prisión del denunciado.

Indicios de delitos en Ancap: Fiscal de crimen organizado halló mérito y pide iniciar investigación

A 90 días de presentadas las denuncias de la oposición, la fiscal especializada en crimen organizado María de los Ángeles Camiño se pronunció a favor de iniciar la indagatoria respecto a posibles irregularidades en la gestión de ANCAP, lo que pone en el ojo de la tormenta al vicepresidente Raúl Sendic, que en las dos administraciones anteriores del Frente Amplio presidió el directorio de la empresa.

"La Fiscalía entendió que hay mérito para iniciar una investigación", expresó Camiño ayer a El Observador luego de pronunciarse en ese sentido por escrito ante el juez Néstor Valetti.

En la lluviosa tarde del martes 19 de abril, los principales dirigentes de los cuatro partidos de la oposición representados en el Parlamento (Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Unidad Popular) se presentaron en el juzgado especializado en crimen organizado que funciona en la calle Bartolomé Mitre casi Buenos Aires, al costado del Teatro Solís.

Allí, en un claro gesto de unidad ante el reclamo, la oposición presentó tres denuncias penales (blancos y colorados lo hicieron en un mismo expediente) en las que pidieron indagar la gestión de ANCAP, que entre 2011 y 2014 registró pérdidas por US$ 602 millones.

Como primeras medidas instructorias Camiño pidió, en relación a los tres expedientes, que toda la documentación aportada por los denunciantes sea analizada por el equipo de peritos del juzgado, que el 1º de agosto cambiará de titular ya que Valetti será reemplazado por Beatriz Larrieu, según lo decidió semanas atrás la Suprema Corte de Justicia.

La representante del Ministerio Público también solicitó que se requiera a ANCAP el detalle de autoridades que "intervinieron de una u otra forma" en los asuntos denunciados, dijo Camiño. La fiscal aclaró que por ahora no hay individualizados indagados, ya que la oposición no apuntó contra personas en concreto sino que pidió investigar hechos.

Camiño indicó que si bien los episodios denunciados refieren a varios períodos, "en general" son de la administración del gobierno de José Mujica (2010-2015), en la que Sendic presidió ANCAP hasta octubre de 2013.
Los puntos denunciados

Los insumos de las denuncias presentadas por la oposición surgen de una comisión investigadora parlamentaria sobre la gestión de ANCAP en el período 2000-2015. Una vez concluida la investigación parlamentaria, el Frente Amplio, a diferencia de la oposición, consideró que no hubo ilícitos.

Las denuncias piden investigar los gastos en publicidad de ANCAP que de US$ 1,5 millones pasó a US$ 10,7 millones entre 2013 y 2014. El período coincide con la campaña electoral en la que Sendic fue compañero de fórmula del presidente Tabaré Vázquez.

La oposición también entiende que hubo irregularidades en la contratación de la agencia de publicidad La Diez a través de la cual se pagó publicidad a una radio comunitaria de Quebracho (Paysandú) que no estaba al aire. Además, se gastaron US$ 370 mil en la fiesta de inauguración de la planta de desulfurizadora en La Teja en agosto de 2013, evento al que asistió la entonces presidenta argentina, Cristina Fernández, junto a otros jerarcas de su gobierno.

Por otra parte, la oposición pidió investigar la construcción de dos barcazas y un remolcador que fue bautizado como Ky Chororo en el marco de un contrato con la Armada por US$ 12,5 millones aunque finalmente ANCAP pagó casi US$ 15 millones. El remolcador tuvo problemas de construcción que retrasaron su puesta en funcionamiento, lo que obligó a la empresa a gastar US$ 7 millones en alquilar ese servicio.Además, la oposición pidió investigar la actuación de la petrolera estatal como broker de la empresa holandesa Trafigura en un negocio de intermediación con Petroecuador. Al final ANCAP ganó unos US$ 6 millones. Sin embargo, según el Partido Nacional, el ente no tiene marco jurídico para actuar en un negocio offshore.

La oposición también pretende que la Justicia indague los acuerdos entre ANCAP y la firma Exxor, que iba a articular el canje de deuda con la venezolana Pdvsa. El acuerdo no se cumplió y la petrolera uruguaya terminó pagando US$ 3,5 millones a esa firma. Otros aspectos incluidos en las denuncias refieren a varias licitaciones de ANCAP que fueron ganadas por el mismo oferente.

Redada de narcos en Paysandú: 28 detenidos y siete procesados

Siete personas resultaron procesadas con prisión y una sin prisión por tráfico de drogas en el barrio El Espejo de Paysandú, informa El Telégrafo.

La Brigada Antidrogas local venía investigando desde hacía semanas a esta banda a través de quienes compraban los estupefacientes El operativo fue denominado "Ácaro".

Unas 28 personas fueron sido detenidas por esta red de tráfico que vendía “papeles” de cocaína a 100 pesos y “palancas” de marihuana a 50, señala el diario.

La jueza penal de 4° turno Elsa Montín, a pedido de la fiscal Estela Long, procesó a Walter Ariel Bergara Legorburu, alias “el Popo”, de 33 años, a María Celia Coppes Jesús alias “la Gringa Karina”, de 40 años, a Víctor Manuel Almeida Fuentes, de 36, a Juan Carlos Romero Legorburu, alias “el Grillo”, de 38 años, y a Milton José Duré Miralla, alias “el Iapa”, de 34 años.

Entre los que no poseían antecedentes, la justicia procesó a un sujeto con el alias de “el Mono”, de 31 años, a un joven de 21 años, conocido como “Manolo”, y a la pareja de uno de éstos, M.S.L.V., de 20 años. En este último caso fue procesamiento sin prisión por el delito de receptación.

Según El Telégrafo, admitieron que vendían las drogas sin más intermediarios en sus respectivas casas. En cada boca se lograba reunir unos 7.000 pesos diarios.

decenas de allegados y familiares se reunieron en la puerta de la sede penal para protestar por las detenciones. Personal Grupo de Respuesta Táctica (GRT, antiguo GEO) se encargo de acordonar la zona y de liderar el operativo de seguridad y de traslado de los detenidos.

Hace una semana, la Policía desbarató dos importantes bocas de venta de marihuana que funcionaban en la localidad de Quebracho, a 58 kilómetros al norte de Paysandú. Allí viven menos de 3.000 personas, casi 30 fueron detenidas en el marco del operativo.

Entre ellos, dos narcotraficantes que estaban enfrentados por cuestiones territoriales.

 

6 procesados por llenar el carrito del supermercado y no pagar en Las Piedras

Cuatro personas llenaban el carrito en un supermercado de Las Piedras con mercadería y, con dos cajeras como cómplices, no pagaban por lo que llevaban. Los seis individuos eran familiares y fueron procesados sin prisión.

Cuatro personas llenaban el carrito en un supermercado de Las Piedras con mercadería y, con dos cajeras como cómplices, no pagaban por lo que llevaban. Los seis individuos eran familiares y fueron procesados sin prisión.

Según informa la Jefatura de Canelones, seis personas fueron procesadas sin prisión en Las Piedras por delitos de apropiación indebida en reiteración real y por hurtos especialmente agravados.

Cuatro de estas personas son mujeres y su error fue robarle a un supermercado de Las Piedras: llenaban el carrito con mercadería y, con dos cajeras como cómplices, no abonaban por lo que se llevaban.

La denuncia fue presentada por el gerente del supermercado, quien dijo que hacía varios meses que observaba por las cámaras de seguridad que cuatro personas iban de manera frecuente al comercio y realizaban compras de "gran valor", y al pasar por las cajas veía que no pagaban por lo que llevaban.

Al consultarle a las cajeras (de iniciales S.R.P y G.N.B.B) manifestaron que los imputados eran sus familiares y que no les cobraban. La mercancía robada, estiman, estuvo cerca de los $ 500.000.

Cuatro mujeres fueron procesadas sin prisión (S.R.P de 23 años, G.N.B.B de 21) por el delito de apropiación indebida en reiteración real; mientras que A.M.B.B de 20 años, B.M.B de 18 y A.N.B de 52 fueron procesadas por el delito continuado de hurto especialmente agravado.
Montevideo Portal

Los padres de niños que decapitaron a perro en Maldonado citados por Justicia

La Justicia de Familia será la encargada de juzgar a los niños de 10 y 11 años que mataron un perro a puñaladas en el barrio Maldonado Nuevo.

La justicia penal de 4° turno de Maldonado citó a los padres de ambos menores para notificarlos del hecho, pero decidió derivar la causa y elevar los antecedentes a Familia.

El hallazgo del animal decapitado generó gran controversia, luego que Canal 7 difundiera el caso.

Organizaciones de protección animal presionan para que haya consecuencias. Están organizando vía Facebook una manifestación para el sábado a la hora 16 en la plaza San Fernando de Maldonado y en el Palacio Legislativo.

Los niños se quedaron con el perro, luego de pedirle la custodia a una vecina que lo había recogido de la vía pública.

Poco después, fue hallado muerto en una zanja. Los menores fueron particularmente crueles: le dieron varias puñaladas, le cortaron la oreja y lo apedrearon cuando ya estaba agonizante.

El hecho fue denunciado ante la seccional policial 6ª de Maldonado Nuevo.

Asfixió a Flavia, la joven de Toledo, porque no quiso tener relaciones sexuales

La Policía trabaja sobre la hipótesis de un ataque sexual en el homicidio de Flavia Álvez, de 22 años, cuyo cadáver apareció en la zona rural de Toledo, Canelones.

El detenido por este hecho es un hombre de 26 años que residía en el mismo predio que la familia Álvez, y que tenía antecedentes penales por apropiación indebida y hurto.

Fue apresado el sábado en función de que fue la última persona con la que Flavia fue vista con vida por última vez. El sujeto la acompaño a hacer un mandado en la noche del viernes.

Al dia siguiente fue encontrado el cuerpo de la joven en un campo cercano, situado en el kilómtro 24 de ruta 6.

Presentaba signos de ataque sexual. Al lado del cadáver -boca abajo- fue encontrado una pipa de pasta base.

El sospechoso es consumidor de esta droga, por lo cual fue un nuevo indicio de su responsabilidad en el hecho.

Este lunes, el hombre confesó su participación a la Policia. Dijo que la asfixió porque no quiso tener relaciones sexuales.

Sin embargo, la jueza Inés Ferreira ordenó una serie de pericias.

Flavia Álvez tenía 22 años y era madre de dos niñas, una de 18 meses y otra de 3 años. El padre de las menores está preso.

Vivía con su padre y cinco hermanos. Maria Álvez Rivero, una de las hermanas de la víctima, contó que Flavia tenía previsto ingresar a la Policía este martes,

Arrestan a sospechoso por el asesinato de la joven en una zona rural de Toledo

Fue el propio padre de la víctima que preocupado por la ausencia de horas de su hija salió a buscarla y la encontró muerta frente a un campo de frutillas, en las afueras de Toledo.

El hallazgo se produjo en horas de la tarde de este sábado, según informó la Jefatura de Canelones.

La joven tenía 22 años, su cuerpo estaba tendido contra un árbol y a su lado una pipa de pasta base.

La justicia aguarda el resultado de la autopsia para conocer las causas de muerte de la joven, aunque indicios primarios dan cuenta de un fallecimiento por asfixia.

La justicia también ordenó exámenes biológicos que puedan dar cuenta de un posible ataque sexual.

Hasta el momento, el único detenido es un hombre de 26 años, a quien se le vio con la víctima el viernes de noche. Según los testimonios obtenidos, la acompañó a hacer un mandado.

Este sujeto registra antecedentes penales por hurto y apropiación indebida y hasta el momento es el principal sospechoso.

El campo donde apareció el cuerpo de la joven está ubicado en la zona rural de Toledo, a la altura del kilómetro 24 de la Ruta 6.

Quedó libre funcionario de CAIF acusado de atentado al pudor

La Justicia dejó en libertad con presumario al funcionario de un centro CAIF acusado de atentado violento al pudor porque no había pruebas suficientes y se realizarán pericias que serán claves. El juez penal Eduardo Pereyra tomó declaraciones ayer al denunciado y hoy a las familias y testigos.

La denuncia, que fue realizada por los padres de tres niños que asisten al centro ubicado en Carrasco Norte.

La directora de INAU, Marisa Lindner, por su parte, dijo a Telenoche que tomó conocimiento por las denuncias y que su preocupación central son los niños.

“Estamos a la espera de la resolución judicial pero al mismo tiempo solicitamos una investigación de urgencia a la ONG que se encarga del CAIF”, afirmó la jerarca.

INAU dispuso también un equipo técnico para trabajar con los niños, sus familias y el equipo de trabajo de la institución.

Según Lindner, esta es la primera vez que existe una denuncia en ese centro y contra el funcionario. "Esto ha sido de impacto muy fuerte para la ONG que gestiona y ha llevado un trabajo muy importante en la comunidad", agregó y afirmó que a partir de los resultados de la Justicia la institución verá como orientar a la ONG a cargo del CAIF a la toma de decisión de acuerdo a lo que surja.

Condenado a nueve años de cárcel por violar y maltratar a su esposa durante 17 años

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a nueve años y tres meses de cárcel a un vecino de Begíjar (Jaén), España, por maltratar y violar a su mujer durante los 17 años que estuvieron casados. Además, deberá indemnizarla con 25.000 euros.

El fallo de la sentencia, al que ha accedido Europa Press, le condena a dos años y nueve meses de cárcel por un delito de malos tratos habituales, con el atenuante de alcoholismo, otros seis meses de cárcel por el delito de amenazas y finalmente seis años más de prisión por el delito de agresión sexual.

En total, nueve años y tres meses de cárcel, además de 16 años de prohibición de acercamiento y comunicación con la que fuera su mujer.

Durante el juicio, el acusado negó todos y cada uno de los cargos y se defendió diciendo que él no tenía necesidad alguna de violar a su mujer porque las relaciones eran "naturales" pero que de no haber sido así "para eso tengo 50 euros en el bolsillo y me voy de prostitutas". Además, negó tener problemas con el alcohol, aunque el fallo de la sentencia le reconozca el atenuante de alcoholismo.

Rechazó también haber agredido en múltiples ocasiones a sus dos hijos e incluso haberles amenazado con armas blancas o con una pistola de aire comprimido. Ha definido a sus hijos como "los dos luceros de mi corazón" y ha negado todos y cada uno de los episodios que le relataba la acusación particular ejercida por la que fuera su exmujer.

La declaración de su exmujer, que finalmente acabó en una casa de acogida y con protección policial, se produjo oculta por un biombo que la separaba del acusado. Fue ella la que con todo lujo de detalles relató los 17 años de matrimonio en la que, según su declaración, sufrió agresiones "prácticamente desde el primer día de convivencia" incluso cuando se encontraba embarazada de su primer hijo.

No solo fueron agresiones físicas, también hubo agresiones sexuales. "Me llegó a obligar todos los días, incluso varias veces al día y me decía que si no lo hacía mataría a mis hijos", relató la mujer que incluyó en su declaración episodios de agresiones físicas también hacia sus dos hijos.

Fue la hija del acusado la que, aún siendo menor de edad, el 23 de enero de 2014 denunció a su padre tras ver como intentaba agredir con un cuchillo a su madre. Fue la gota que colmó el vaso y que llevó a la menor, actualmente con 18 años, a dar la voz de alarma.

Ella también declaró como testigo en el juicio. Dijo haber sentido "mucho miedo" de que su padre les hiciera daño, que las discusiones eran a diario y que las agresiones se producían tanto cuando estaba borracho como cuando estaba sobrio. Además, corroboró que en alguna ocasión había escuchado a su padre amenazar a su madre con matarlos si ella no accedía a acostarse con él.

Tal fue el relato de madre e hija durante la vista, que finalmente el Ministerio Fiscal, que inicialmente solo pedía dos años y medio de prisión por un delito de maltrato habitual, cambió su calificación y acusó también por un delito de agresión sexual.

Para los peritos, la personalidad del acusado encaja con la de un hombre machista que ejerce la cultura del control y la dominación. A esto se unen rasgos de agresividad y de ser una persona con dificultad de sociabilidad y de empatía. Sin embargo, los peritos dejaron claro, y así lo recoge la sentencia, que el acusado "no tiene ninguna alteración mental que le impida tener conocimiento de las cosas".

En el juicio declararon también el padre y el hermano de la mujer que han señalado que han tenido que abandonar el municipio por las continuas amenazas de muerte del acusado.

"Tengo miedo por la vida de mis hijos y por la mía", ha dicho la mujer en su declaración, al tiempo que ha asegurado que soportó los 17 años por "miedo" a que le hiciera algo a sus hijos porque a la primera de cambio "cogía el cuchillo del jamón y se paseaba por la casa". La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Europa Press

Funcionario de CAIF en Paso Carrasco ante la Justicia por abuso a tres niños

La Justicia y el INAU investigan un caso de atentado violento al pudor en un centro CAIF ubicado en Paso Carrasco.

La denuncia, que fue realizada por los padres de tres niños que asisten al centro, es contra un funcionario de la institución.

El juez penal Eduardo Pereyra tomó declaraciones ayer al denunciado y hoy a las familias y testigos. Además, ordenó pericias a los pequeños, según comentó el magistrado a Telenoche.

La directora de INAU, Marisa Lindner, por su parte, dijo que tomó conocimiento por las denuncias y que su preocupación central son los niños.

“Estamos a la espera de la resolución judicial pero al mismo tiempo solicitamos una investigación de urgencia a la ONG que se encarga del CAIF”, afirmó la jerarca.

INAU dispuso también un equipo técnico para trabajar con los niños, sus familias y el equipo de trabajo de la institución.

Según Lindner, esta es la primera vez que existe una denuncia en ese centro y contra el funcionario. "Esto ha sido de impacto muy fuerte para la ONG que gestiona y ha llevado un trabajo muy importante en la comunidad", agregó y afirmó que a partir de los resultados de la Justicia la institución verá como orientar a la ONG a cargo del CAIF a la toma de decisión de acuerdo a lo que surja.