JUSTICIA

Otra madre a prisión en Uruguay por enconder cocaína en mochila de su hija

La Justicia envió prisión a una mujer que había escondido 90 gramos de clorhidrato de cocaína dentro de la mochila de su hija. La niña llevaba la droga en diez envoltorios ocultos dentro de una caramañola.

Según informó este jueves el Poder Judicial, la Dirección de Investigaciones de la Policía de Montevideo tenía la sospecha de que la mujer investigada utilizaba a su hija de 11 años para trasladar droga que luego era comercializada.

Ante la sospecha, los investigadores decidieron proceder a inspeccionar la mochila de la niña en horario escolar y ante la presencia de un adulto.

Dentro encontraron "nueve piedras en envoltorios de nylon, que se encontraban en el interior de una caramañola".

Las pruebas forenses determinaron que se trataba de 90 gramos de "clorhidrato de cocaína".

La madre de la niña, al ser consultada por la Justicia, reconoció que se dedicaba al tráfico de cocaína desde hace un año pero negó haber escondido la droga dentro de la mochila.

Justicia liberó al conductor que atropelló a niña de dos años en Barros Blancos

El conductor del ómnibus que arrolló ayer a una niña de dos años en Barros Blancos quedó en libertad pero emplazado.

La jueza del caso, Isaura Tórtora, explicó a Telenoche que faltan pruebas que no estarán en las próximas 48 horas y que por eso resolvió dejarlo en libertad.

“Falta la carpeta técnica y se va a remitir el expediente para su estudio a la Dirección de Vialidad”, comentó.

La Justicia tomó declaraciones ayer al conductor, los pasajeros del coche, testigos y padres de la pequeña. “No tenemos certeza de lo que pasó y prefieren por ahora no dar una opinión”, aseguró la magistrada.

La madre descendió del coche con sus hijas de dos y tres años. Por motivos que se tratan de establecer, la de dos fue arrollada por el ómnibus.

El padre de la pequeña, que es un efectivo de la seccional 25ª, fue a prestar servicio y se enteró que se trataba de su hija.

El conductor del coche no se percató de la situación y fue detenido kilómetros más adelante, según comentaron a Telenoche efectivos que participaron del operativo.

Buscan a salvaje automovilista que atropelló a varios ciclistas de Masa Crítica en El Prado

Un automovilista atropelló a varios ciclistas que integraban la Masa Crítica, grupo que organiza bicicleteadas masivas en la ciudad. Se presentó una denuncia policial pero el conductor huyó.

"Masa crítica" es el nombre de una actividad que tiene más de veinte años de vida en varios países del mundo y que en Montevideo tomó forma hace unos cinco años. Sus impulsores lo definen como "una coincidencia no organizada de bicicletas" que sucede una vez al mes con "un día, horario y lugar determinado como única referencia".

La movida, que surgió en San Francisco en 1992, se realiza con el espíritu de reivindicar los derechos de los ciclistas, así como promover y celebrar el uso de las bicicletas como medio de transporte y recreación y, de paso, conocer rincones de la ciudad desde esta nueva perspectiva.

El grupo de ciclistas tiene una regla de oro al momento de salir, y es que el grupo no se puede separar en ningún momento, "como si fuera un auto gigante" que respeta las normas pero debe terminar de pasar una vez que cruza una calle. Eso hace que en los cruces y semáforos los autos deban esperar a que pase todo el grupo de ciclistas, que a veces llegan a ocupar una cuadra, antes de poder cruzar.

El domingo pasado ocurrió el incidente más grave que se haya registrado en Uruguay hasta el momento, aseguraron algunos de sus integrantes a Montevideo Portal (incluyendo el "incidente del gato" de hace meses).

En la esquina de Millán y Caiguá, en el Prado, un Fiat Siena negro quiso "meterse de costado" y atropelló primero un par de ciclistas. "Nosotros siempre reaccionamos igual cuando vemos a alguien en auto con una actitud así. Lo cubrimos con las bicicletas adelante para que no siga. El tema es que en este caso dio marcha atrás y se llevó puestos los que estaban ahí. Luego aceleró hacia adelante, atropelló más gente y escapó a más de 100 por hora. Diez o doce lo intentamos seguir y se nos perdió", contó a Montevideo Portal uno de los asistentes.

Como resultado, algunos ciclistas quedaron golpeados y sus bicicletas inutilizadas, pero no hubo que internar a nadie. "No hubo heridos pero de casualidad, porque hasta el momento de la salida había padres con niños", agregó.

Tras el incidente, llegó un patrullero que se retiró del lugar tras comprobar que no había heridos de gravedad, aunque los ciclistas argumentaron que había sido un "intento de homicidio". Hicieron hincapié en que el automovilista no dijo nada antes de arremeter contra los ciclistas y que conscientemente atropelló a quienes estaban allí.

Los integrantes de Masa Crítica realizaron luego la denuncia policial y solicitan ayuda para identificar al coche y difundir lo sucedido.

Difusión

En charla con Montevideo Portal, uno de los participantes explicó que cuando se encuentran con un automovilista que quiere cruzar la manifestación se le explica la situación, se le pide que espere y se le agradece. En este caso, sin embargo, insistió en que el chofer arremetió sin aviso.

Entre las reivindicaciones del grupo está el pedido de que se respete el metro y medio de distancia entre coches y ciclistas, una mejor regulación de las ciclovías (en Uruguay suceden que a veces son obstruidas por autos y volquetas, como en Bulevar Artigas) y más difusión a los montevideanos sobre los derechos de los ciclistas y su actividad en sí.

Este viernes 19 de agosto la Masa Crítica volverá a salir en Montevideo para realizar la "Marcha ciclista por la convivencia en la calle", concentrándose en el Obelisco a partir de las 17 horas y partiendo hacia la IM a las 18 horas por una "mayor planificación y ejecución por parte de autoridades, en cuanto a infraestructura, inclusión vial, educación y hábitos de respeto en el tránsito, por parte de todos los actores del mismo".

También por "un tratamiento por parte del Ministerio del Interior a la temática del robo de bicicletas, reivindicando el respeto por el metro y medio de distancia por parte de los vehículos motorizados para ultrapasar ciclistas y mayor control de los espacios destinados a las bicicletas (ciclovías, bicisendas, zona 30Km) con fiscalización de la normativa".

Jueza argentina acepta investigar la desaparición de Federico García Lorca

La jueza federal argentina María Romilda Servini de Cubría, quien desde hace años investiga violaciones de derechos humanos durante el franquismo, ha aceptado la denuncia por la desaparición del poeta Federico García Lorca presentada por La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

El presidente de este colectivo, Emilio Silva, ha informado hoy a Efe de que la jueza ha aceptado este caso y que ya ha enviado un exhorto a España para iniciar diligencias.

El inicio de esta investigación judicial coincide con el 80 aniversario del asesinato del poeta nacido en Fuente Vaqueros (Granada) y tras el hallazgo de unos documentos que la asociación había custodiado.

La denuncia, a la que tuvo acceso Efe y que fue formalizada el pasado abril, trasladaba a la jueza argentina un relato que acreditaba "de manera fehaciente" las circunstancias de la detención y el asesinato de Federico García Lorca, a partir de un documento de la Jefatura Superior de Policía de Granada fechado el 9 de julio de 1965.

El referido informe, que mostró por primera vez la versión oficial del régimen franquista sobre la muerte del poeta, señalaba que García Lorca fue fusilado junto a otra persona y define al poeta como "socialista y masón", a la vez que le atribuye "prácticas de homosexualismo, aberración que llegó a ser vox populi".

García Lorca se encontraba en Granada, hasta donde había llegado días antes de Madrid, ciudad en la que residía, explica el documento, que añade que, en el lapso de pocos días, se practicaron dos registros en su domicilio, tras lo cual se refugió en casa de sus amigos, los hermanos Rosales Camacho, falangistas.

Allí permaneció hasta su detención, que el documento sitúa entre los últimos días de julio y los primeros de agosto de 1936 y que se produjo con una orden procedente del Gobierno Civil.

Una vez efectuada la detención, se condujo a García Lorca a los calabozos del Gobierno Civil y se interesaron por él los hermanos Rosales Camacho y el jefe local y el jefe de milicias de Falange, quienes tras entrevistarse con el entonces gobernador civil no consiguieron la libertad del detenido.

La denuncia recoge que García Lorca fue sacado del Gobierno Civil "por fuerzas dependientes del mismo" y conducido en un coche al término municipal de Víznar junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen y que, en las inmediaciones de un lugar conocido como Fuente Grande, "fue pasado por las armas".

A partir de este relato, la ARMH trasladó a la jueza la importancia de este caso para la configuración del que considera un "contexto de crímenes contra la humanidad" y que "resulta indispensable" contar con toda la documentación vinculada a este hecho que pueda encontrarse en los archivos del Ministerio del Interior español.

Como medida de prueba, solicitaron que se remitiera un comisión rogatoria al Juzgado de Instrucción de Madrid que correspondiera por turno para que recabase del Ministerio copias certificadas del expediente de la Jefatura Superior de Policía de Granada de 1965, así como toda documentación que obre en sus archivos relativa a la detención y homicidio de García Lorca.
EFE

Enviaron a prisión camionero que protagonizó accidente mortal en la Rambla Portuaria

Fue procesado con prisión por homicidio culposo el conductor del camión que embistió a un auto en la Rambla Portuaria, y protagonizó un accidente fatal en que una joven madre perdió la vida.

En el auto viajaban seis personas. Pasadas las 16 horas de este domingo, el conductor estacionó en la rambla portuaria a la altura de Colombia y bajó a comprar unas sillas plegables.

En ese momento, un camión que se dirigía en el misma dirección que el auto lo embistió de atrás provocando el fatal accidente.

Quien iba como acompañante, una mujer de 32 años, falleció en el lugar.

Su hijo, un bebé de apenas un mes y otras tres personas que viajaban en el auto resultaron con serias lesiones, informó la Jefatura de Montevideo.

El niño permanece internado estable.

Otra mujer de 32 años está grave y otras dos personas de 60 y 66 años sufieron traumatismo de cráneo, pero están fuera de peligro.

El conductor, esposo de la fallecida y padre del bebé fue el único que resultó ileso.

El chofer del camión, un hombre de 55 años, permanece detenido a disposición del Juzgado Penal de 18º Turno. Policía de tránsito le realizó espirometría que arrojó resultado negativo.

En el lugar donde estaba estacionado el auto no hay ninguna señal de tránsito que indique que allí no se puede parar.

Abogado de Paysandú indagado por amenazar que llevaría caso a la prensa

Un abogado de Paysandú está siendo indagado por el delito de amenazas por haber afirmado en un escrito que presentó en nombre de una clienta que denunció en varias ocasiones una situación de acoso de parte un vecino, que si el sistema no le daba una respuesta difundiría el caso a través de la prensa.

El singular caso involucra al abogado Martín Flores y puso en alerta al Colegio de Abogados de Paysandú, que observa la indagatoria como un ataque al secreto profesional y a la libertad de expresión. Además de Flores, también está siendo indagada la mujer a quien representó.

El caso está siendo instruido por el juez Fabricio Cidade, que el miércoles 10 interrogó al profesional y a su clienta. La instrucción por el presunto delito de amenazas fue solicitada por la fiscal Estela Long, quien consideró agraviante el escrito en el que se hacía referencia a la posibilidad de dar difusión pública a la situación de acoso.

Como el Colegio de Abogados de Paysandú denunció a Long ante la Fiscalía General de la Nación por esta situación, en la audiencia intervino la fiscal Alicia Abreu, quien se pronunció por seguir adelante con la indagatoria pedida por su colega. El juez Cidade consideró inicialmente que correspondía clausurar el expediente, pero la postura de la fiscal subrogante obligó al magistrado a seguir la instrucción.

El Colegio de Abogados de Paysandú se reunió en asamblea para tratar la situación de Flores, y decidió institucionalmente brindarle asistencia letrada para ejercer su defensa, tarea para la que fueron designados los abogados Eduardo Piaggo y Gustavo Sabariz, secretario general de la gremial de abogados locales.

La situación de acoso que denunció la mujer que ahora es indagada con a su abogado por amenaza fue tal que su vecino –que falleció hace dos meses– fue procesado en octubre de 2015, luego de comprobarse que causó un incendio intencional en su casa.

El Colegio de Abogados de Paysandú emitió un comunicado sobre la indagatoria de Flores y su clienta en la que expresó su "honda preocupación por el desamparo" que esa instrucción implica para los "derechos individuales".

La gremial sostuvo que es "inadmisible" que se considere como un eventual delito de amenaza a la autoridad el hecho de que se anuncie de que se recurrirá a la prensa dado que esa figura requiere que haya un "daño injusto".

La investigación por el delito de amenazas afecta "las garantías fundamentales de los ciudadanos, comprometen el libre ejercicio profesional, menoscaban el secreto profesional, la libertad de expresión y generan desconfianza entre las víctimas del delito y los operadores jurídicos todos".

Violador de su hija en Cerro Chato la amenazaba con asesinar a la madre si contaba lo que estaba pasando

El expediente del hombre procesado por abusar reiteradamente de su hija, en Cerro Chato, reveló que el procesado amenazaba a su hija con asesinar a su madre si contaba lo sucedido.

Días pasados, la jueza letrada en lo Penal de 1º Turno de Florida, Dra. Annabel Gatto de Souza, determinó el procesamiento con prisión de un hombre sospechado de haber abusado sexualmente de su hija, menor de edad, en la localidad de Cerro Chato.

Según surge de las actuaciones, la adolescente de 15 años padecía reiterados abusos sexuales por parte de su padre desde hace aproximadamente dos años. Los hechos ocurrían en la misma casa donde convivía junto con su madre y hermanos.

El parte judicial recoge las primeras declaraciones de la adolescente sobre los sucesos que determinaron el procesamiento de su padre. "Estábamos solos... D. había salido a la cancha... mi madre en una iglesia con S.... mi hermana en campaña... ese día la dejó ir con ella (...) él se puso en la ventana para ver si veía venir a D. ahí me empezó a tocar y eso... y ahí abusó mío". La adolescente contó que ese episodio implicó  penetración vaginal sin el uso de preservativo.

En cuanto a los demás episodios, contó que sucedían en distintas ocasiones: los domingos cuando su madre no se encontraba, cuando se quedaba a solas con su padre, cuando enviaba a su hermano a buscar algo y en el auto. Relató que en ocasiones su progenitor empleaba violencia: "Varias veces me tiró con lo que tenía en la mano".

También contó que su padre la amenazaba. "Yo una vez le dije que me dejara porque iba a denunciarlo y él me dijo que iba a decir que yo inicié todo. Yo tenía miedo porque había un revólver y cuchillos en la casa (...) me dijo que tenía una bala para mi madre, que a veces tenía ganas de dispararle, acuchillarla o ponerle una almohada".

Evidencias

En el examen médico forense, los especialistas concluyeron que había una "desfloración antigua" pero "sin lesiones al examen".

La pericia psicológica practicada a la víctima consigna que "se observan indicadores psicológicos asociados con situaciones de abuso sexual". "La adolescente presenta un relato con coherencia interna, con detalles del contexto tanto superfluos como centrales, así como interacciones y diálogos. (...) La afectividad observada es concordante con el relato y se observan indicadores emocionales significativos como el temor, vivencias de
estigmatización y angustia, síntomas de re experimentación de los episodios referidos y de evitación", reporta.

En la indagatoria, la fiscal Alicia Ghione entendió que de la instrucción practicada surgen "elementos de convicción suficientes para concluir primariamente que el indagado ha incurrido en la comisión de reiterados delitos de violación agravados por el abuso de las relaciones domésticas, de la cohabitación y con violación a los deberes inherentes a la Patria Potestad, solicitando su enjuiciamiento con prisión bajo tal imputación". Mientras tanto, la defensa se opuso al dictamen fiscal en el entendido que la prueba diligenciada "no arroja resultados contundentes sobre la existencia del delito que se reprocha".

La jueza sin embargo, hizo lugar al pedido del fiscal, al entender que la conducta desplegada por el indagado se adecua, "prima facie" a la figura contenida en el artículo 274 del Código Penal. "En efecto, el indagado en reiteradas oportunidades mediante violencia y amenazas compelió a su hija J.M. a sufrir la conjunción carnal", indica la resolución.

Por lo tanto, se decretó el procesamiento con prisión de N.A.D.R. por la imputación prima facie y sin perjuicio de ulterioridades de reiterados delitos de violación, en calidad de autor.

Madre enviaba a sus hijos con droga a la escuela en la Unión; a la cárcel

Policías del Área de Investigaciones de Zona Operacional III tras una exhaustiva investigación lograron recabar información que dos niños eran enviados con drogas a la escuela, ya que su madre las comercializaba y tenia temor a que tras allanamientos fuera descubierta.

Ante tal hecho, el Juez en lo penal de 9o. turno autorizó el allanamiento a la finca de la implicada ubicada en el cruce de Juan Dios Peza y Doctor Juan Morelli.

La policía realizó el allanamiento a la vivienda y detuvo a los niños cuando se dirigían al centro escolar en forma simultánea.

En la finca fue detenida Natalia Lorena Bruciano, de 32 años, poseedora de tres antecedentes penales siendo su ultimo registro el 09/2010 por el Delito Continuado de Estupefacientes previsto en el art 34 decreto ley 14294.

Se incautó en el lugar dinero, una balanza y celulares. Por otra parte a los dos escolares, una niña de 12 años y un niño de 10 años, se les incautó en un recipiente dentro de la mochila de la niña varios envoltorios de estupefacientes.

La detenida fue llevada a la sede policial (seccional 15a.) para luego juntamente con las pruebas del hecho ser presentada ante el juez en lo penal de 9o turno.

El magistrado determinó que fuera enviada a prisión por el DELITO CONTINUADO DE COMERCIALIZACION DE ESTUPEFACIENTE EN CALIDAD DE AUTORA

A prisión maleante que con un cuchillo tomó rehén a un niño para asaltar un súper en San José

La Justicia Penal de San José procesó con prisión a un joven de 20 años que en la noche del jueves tomó como rehén a un niño de 12 años para rapiñar un supermercado en el barrio Molino de la capital departamental.

Según publica el portal San José Ahora, en base a la información de la Jefatura de Policía, el hecho se produjo poco antes de las 22 horas del pasado 11 de agosto en el comercio ubicado en Nicolás Guerra y Montagne.

El delincuente ingresó al local con el rostro cubierto, exhibiendo un cuchillo y con el menor como rehén. Mediante amenazas exigía la entrega del dinero de la recaudación.

Las cajeras y el guardia de seguridad intentaron dialogar con el joven para que depusiera su actitud. En determinado momento, el delincuente hirió al guardia que forcejeó con él para tratar de quitarle el cuchillo. El niño resultó ileso.

El rapiñero intentó fugar del lugar, pero fue reducido a los pocos metros y entregado a los efectivos policiales que acudieron al llamado de emergencia.

La justicia determinó su procesamiento con prisión por el delito de rapiña en grado de tentativa.

Mujer policía ayudó a su pareja a cometer veinte rapiñas en Maldonado

La mujer policía que ayudó a su pareja a cometer 18 rapiñas en Maldonado fue procesada como coautora de varias de las rapiñas y simulación de delito.

Una investigación del Distrito Operacional II de la Jefatura de Maldonado, de la que informamos ayer, permitió aclarar una veintena de rapiñas cometidas en el departamento.

El pasado 7 de agosto se produjo una rapiña a un restaurante ubicado en calle Sarandí y J.P.Varela en Maldonado, en la que dos delincuentes armados ingresaron y mediante amenazas con arma de fuego y disparos lograron llevarse dinero en efectivo.

Intentaron huir en una moto en la que habían llegado hasta el lugar, y al no poder encenderla (alguien había quitado la llave) debieron abandonarla y robar un auto que circulaba por Lavalleja, fugando en él. El vehiculo fue posteriormente abandonado en el asentamiento Los Eucaliptus.

Estos vehículos aportaron a los investigadores elementos probatorios que permitieron dar con el paradero de los responsables de este y otros hechos similares ocurridos desde abril, informó el Ministerio del Interior.

Los detenidos -una agente de policía perteneciente al Distrito II de la Policía de Maldonado y su pareja- se encuentran a disposición de la Justicia de Maldonado. Quisieron denunciar la moto que se usó en las rapiñas como robada y fueron detenidos.

Tras tomarles declaración, la Justicia procesó a A.D.N.P. por 22 delitos de rapiña especialmente agravadas y simulación de delito, todos en reiteración real, y a K.A.S.P. por cinco delitos de rapiña especialmente agravadas en calidad de coautora y un delito de simulación de delito.

Un padre se abalanza sobre el asesino de su hija cuando le sonríe en la corte

El asesino serial de Ohio, Michael Madison sonrió ante los detalles de uno de sus asesinatos.

Allí estaba el padre de su víctima.

El hombre se enfureció tanto que voló literalmente por arriba de una mesa para tomar las riendas del asunto.

Pero fue interceptado por policías y otras personas que estaban en el lugar.

Joselo López a la justicia por pedir una "comisión"

Dos testimonios judiciales coinciden en que el presidente del sindicato del INAU, José Lorenzo López pidió "un porcentaje" o "una comisión" de US$ 10.000 más algunas parcelas antes del inicio de negociaciones entre el Directorio de ese organismo y una empresa que pretendía desarrollar un cementerio privado en San José.

Las declaraciones bajo juramento fueron realizadas el jueves 28 en el marco de un juicio que se tramita en el Juzgado Civil de 5° Turno por una empresa de comunicaciones que reclama haberes impagos a la empresa Dantisimo por el desarrollo de una página web que promocionaba el cementerio privado.

En el expediente del Juzgado Civil de 5° Turno, al que tuvo acceso El País, declararon como testigos la inversora de Dantisimo y demandada, Miriam Alargunsoro; uno de los socios del cementerio, Arturo Bakerdjian; José Lorenzo López y el exgerente del emprendimiento, José Castro. El 29 de este mes declarará uno de los asociados al emprendimiento, Nelson Volpe, involucrado en por lo menos una denuncia contra el pro-grama de vivienda sindical del Pit-Cnt.

Consultada por el juez Juan Benítez Caorsi sobre si la empresa Dantisimo firmó algún contrato con el INAU, Alargunsoro respondió: "Al señor Joselo López lo conocía de nombre y nos cobraba 10.000 dólares de comisión y nos hacía firmar un contrato por tantas parcelas, y yo le decía que si no teníamos el cementerio cómo le íbamos a firmar eso".

En el Juzgado Civil también declaró Arturo Bakerdjian, otro de los socios del cementerio privado.

El juez le preguntó si sabía que Dantisimo firmó un contrato con el INAU. "No se pudo hacer porque López pidió un porcentaje", expresó.

El juez Benítez Caorsi insistió con el tema: "¿Eso se lo comentó (el otro socio de Dantisimo, Nelson) Volpe?".

Bakerdjian respondió: "Sí. Creo que habían pedido 10 mil dólares para poder comenzar a negociar con la gente de INAU y ahí ya no se hizo nada porque no había plata, si no vendíamos acciones no se podía hacer nada y no las pudimos vender".

El juez inquirió a Bakerdjian si trabajaba o tenía alguna vinculación con el INAU.

"Nunca fui funcionario público ni (tuve) un contrato de servicio con López", respondió Bakerdjian.

En calidad de testigo a favor de la empresa demandante, López dijo que es presidente del sindicato del INAU desde 1996.

"Llego a la situación del cementerio porque me lo plantea (José) Castro por una posibilidad de convenio. A la demandada no conozco", dijo.

En ese momento, Castro —gerente del emprendimiento privado— era secretario del entonces presidente del INAU, Javier Salsamendi.

Consultado sobre la propuesta que le efectúa Castro, López respondió: "Que hay una posibilidad de hacer un cementerio parque, que podía hacer un convenio con el sindicato y me invitaron a una reunión con el señor Volpe que nos presentó el proyecto. Estábamos Castro, Volpe y yo".

Con respecto a si se firmó algún acuerdo entre el Sindicato del INAU y Dantisimo, López sostuvo que acordaron en que la empresa presentara una propuesta por escrito y luego esta fue firmada. "La aprobamos con el sindicato y se firmó. Es lo que hacemos con los convenios del sindicato. Lo firmé yo como presidente. No recuerdo quién firmó del otro lado de la empresa, si mal no recuerdo la contraparte era Volpe", explicó López al juez Benítez Caorsi.

El sindicalista dijo que el convenio se firmó hace un poco más de dos años.

López reconoció que el gremio no controló si Volpe tenía poderes para firmar por Dantisimo. "En la conversación previa que tuvimos, Volpe se presentó como representante de la esa empresa", aclaró López.

Dantisimo adquirió un terreno de 16 hectáreas ubicado en el kilómetro 38,500 de la Ruta 1, a la altura de Colonia Wilson. El costo del predio rondó los US$ 200.000.
Sin dinero.

El gerente de Dantisimo, José Castro, quien reconoció en el Juzgado Civil de 5° Turno que era secretario de Salsamendi en el momento de las tratativas con López, señaló que la empresa lo contrató para ser gerente de marketing desde 2012 hasta 2015.

"Una de mis funciones era desarrollar la empresa. Yo entonces era gerente de cementerio. Uno de los socios de Dantisimo era Nelson Volpe. Dantisimo era de Volpe, Bakerdjian y la demandada. Eran tres los dueños", expresó.

El juez Benítez Caorsi preguntó a Castro si había firmado convenios con empresas públicas y privadas. "Sí. Yo en ese momento trabajaba con Javier Salsamendi que era presidente de INAU. Y se trabajó con el sindicato de INAU y se firmó un acuerdo para que dentro del cementerio estuviera una parte para los funcionarios y ese acuerdo lo firmé yo", declaró Castro. En otra parte de su intervención, Castro dijo: "No se llevó adelante (el proyecto de cementerio privado) porque no estaba el dinero para avanzar con esa gente".
"Me dijeron que entregara 100.000 y que en un mes iba a tener más".

El negocio del cementerio privado fue ideado por Nelson Volpe, quien le propuso a la empresaria Miriam Alargunsoro —una jubilada propietaria de dos residenciales de ancianos — que colocara US$ 100.000 en la inversión de un cementerio-parque y que a los pocos meses duplicaría esa cifra.

Pese a que Alargunsoro había puesto todo el dinero de la inversión para la compra del terreno, en el reparto de acciones le quedó solo el 20%. El 80% restante se iba a vender a otros interesados.

Posteriormente, Volpe trajo a la empresa Dantisimo como gerente a José Castro, secretario del entonces presidente del INAU, Javier Salsamendi.

Sorprendido por el inusual reparto de acciones, el juez Benítez Caorsi le preguntó a Alargunsoro si había tres socios en el emprendimiento por qué solo tenía un 20% del paquete accionario.

Alargunsoro respondió: "En un principio Volpe y Nelson me dijeron que tenía que poner 100.000 dólares. Nelson me vino a proponer eso porque tenían el negocio (de un cementerio privado) pero no el dinero, y les dije que no los podía poner. Me dijeron: Entregá esos 100.000 y en un mes iba a tener los 100.000 que puse más 100.000".

Al ser consultada sobre el proceso de contratación del secretario de Salsamendi, Alargunsoro respondió: "Me lo presentó Volpe. Ya me lo trajo con el contrato hecho, para que yo firmara".

Damini justificó ante la Justicia argentina que no tiene vínculos con el empresario Lázaro Báez

Juan Pedro Damiani justificó ante la Justicia argentina que no tiene vínculos con el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa que investiga la denominada “Ruta del dinero K”.

El presidente del Club Atlético Peñarol, Juan Pedro Damiani, negó este martes su vinculación con las empresas Helvetic Service Group y Redwood associates, investigadas en el marco de la causa que investiga la denominada "Ruta del dinero K".

Damiani declaró en el mediodía de este martes ante el juez Sebastián Casanello que investiga la causa.

Según había adelantado su abogado, Jorge Barrera, durante la comparecencia Damiani presentó documentación que prueba que no tiene un vínculo con el empresario argentino Lázaro Báez, acusado por sacar del país dinero proveniente de obras públicas.

En mayo pasado, y luego de que Damiani fuera señalado incluso por la diputada uruguaya Graciela Bianchi, el estudio jurídico del presidente aurinegro emitió un comunicado en el que aseguraba: "jamás hemos conocido, tratado y menos aún, asesorado a Lázaro Báez, por lo que jamás podríamos haber trabajado para él, cuando no se tuvo siquiera el más mínimo vínculo".

Asimismo, el estudio rechaza su vinculación con la sociedad fiduciaria Helvetic Service Group SA, empresa titular de la financiera "La Rosadita", también vinculada a la investigación.

"Oportunamente, en forma espontánea, se ha presentado documentación explicativa ante las autoridades pertinentes en materia de Prevención de Lavado de Activos, ya que no hay mayor interesado en el esclarecimiento total de los hechos que nuestra firma, por el irreparable daño reputacional que esta situación nos ha causado", agregaba la declaración.
Montevideo Portal

Damiani declara hoy como indagado en Argentina por ruta K; El presidente de Peñarol fue embargado

Luego de que se postergara dos veces la audiencia, Juan Pedro Damiani, director del estudio Damiani & Asociados y presidente de Peñarol, declarará como indagado esta mañana, desde la hora 10, ante el fiscal Guillermo Marijuán y el juez federal Sebastián Casanello en Buenos Aires, en el marco de la llamada "ruta del dinero k", una causa que investiga lavado de dinero en empresas de Lázaro Báez, el principal beneficiario de la obra pública durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015).

El juez Casanello procesó con prisión a Báez, a su contador, Daniel Pérez Gadín (titular del campo El Entrevero en José Ignacio, que fue embargado), y a su abogado, Jorge Chueco. Además, entabló un embargo genérico sobre los bienes en Argentina de Damiani, quien declarará como indagado por primera vez en esta causa.

En el pedido de indagatoria, que fue divulgado por el Centro de Información Judicial de Argentina, el juez asegura que de un escrito de la Unidad de Información Financiera (UIF) "se desprende importante información en torno a la hipótesis criminal que atañe a la formación de una estructura jurídica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez". En esas maniobras aparece el presidente de Peñarol como "beneficiario final" de cuentas bancarias adonde, presuntamente, se derivó el dinero de origen ilícito.

El abogado de Damiani, Jorge Barrera, informó ayer a El Observador desde Buenos Aires que el presidente de Peñarol "explicará que no tiene vinculación alguna con Báez y con los hechos que a él se le imputan y aportará la documentación que así lo demuestra".

Las razones de la indagatoria
El juez Casanello procesó con prisión a Báez, Pérez Gadín y Chueco bajo "la hipótesis de que la empresa Austral Construcciones SA sería la generadora del dinero ilícito". Austral es una empresa constructora creada 17 días antes de que Kirchner asumiera como presidente de Argentina, en 2013. Austral es la empresa más importante de Báez, la que ganó más licitaciones de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El vínculo de Damiani con el grupo de empresas de Báez se da, según el juez, por dos sociedades anónimas: Helvetic Service Group y Redwood Associates Corp.

Helvetic controlaba la financiera SGI, mejor conocida como La Rosadita, centro de operaciones financieras de Báez. Un video registrado por cámaras de seguridad y divulgado por Canal 13 este año en el que aparecen Martín Báez, hijo de Lázaro, y Pérez Gadín contando millones de dólares reactivó la causa por lavado de dinero.

A su vez, el presidente de Helvetic es Néstor Marcelo Ramos, un abogado que trabajó para el estudio de Damiani y que permanece prófugo luego de que Casanello lo citó a declarar.

"Helvetic Services Group habría recibido un mandato a partir del año 2011 por parte de la Fundación Kinsky, radicada en Panamá y cuyos directores serían Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, para canalizar dinero en las sociedades Austral Construcciones -por U$S 20 millones- y Epsur S.A. -U$S 5.000.000)-", expresa el juez en el pedido de indagatoria de Damiani y de otros seis implicados en la trama de sociedades anónimas: Pérez Gadín, Chuco y los cuatro hijos de Báez (Leandro, Luciana, Martín y Melina).

Tanto Damiani como su abogado, Barrera, insisten en que su vínculo con Helvetic no implica estar vinculados a Báez. "Damiani no conoce a Báez y su actividad vinculada a Helvetic en modo alguno lo vinculan con lo que se investiga en Buenos Aires relacionado con la ruta del dinero K", dijo Barrera a El Observador.

Por su parte, el juez expresa en el pedido de indagatoria que "Damiani sería, junto a Enrique Wagner, beneficiario final de las cuentas bancarias radicadas en la República de Liechestein, a nombre de Helvetic Services Group, sociedad gerenciada por Néstor Marcelo Ramos y radicada en Suiza. A su vez, Damiani sería socio de Juan Ramón Fernández Methol, quien resultaría ser el único firmante de la totalidad de las cuentas bancarias en Leichestein. También sería socio de la firma uruguaya Damiani & Asociados, uno de los principales clientes del Estudio Mossack Fonseca, mediante el cual Patricia Amonategui habría constituido las 123 empresas relacionadas con Aldyne S.A. en el Estado de Nevada, Estados Unidos. Así, Damiani aparecería recibiendo transferencias en su empresa Redwood Associates Corp., desde Helvetic Services Group".

"Destaca la UIF que esos movimientos de dinero sin justificación aparente, en atención a las personas físicas que aparecen involucradas, son sospechosos de estar asociados a las maniobras investigadas en la presente causa", sostiene el magistrado.

Damiani comparecerá este jueves ante la Justicia argentina por la “ruta del dinero k”

El titular de la firma JP Damiani & Asociados y presidente de Peñarol, deberá explicar sus vínculos con el empresario Lázaro Báez a través de Redwood Associates Corp y Helvetic Services Group S.A.

La instancia fue postergada en dos oportunidades, pero Juan Pedro Damiani, titular de la firma JP Damiani & Asociados y presidente de Peñarol, deberá comparecer este martes en calidad de indagado desde las 10 horas ante el fiscal Guillermo Marijuán y el juez federal Sebastián Casanello en Buenos Aires en el marco de la "ruta del dinero k".

Según recoge El Observador del Centro de Información Judicial de Argentina, el juez de la causa asegura en un escrito que de la Unidad de Información Financiera (UIF) "se desprende importante información en torno a la hipótesis criminal que atañe a la formación de una estructura jurídica y societaria en el extranjero, montada para canalizar fondos de origen ilícito de propiedad de Lázaro Antonio Báez", quien fue procesado con prisión junto a su contador Daniel Pérez Gadín  y su abogado Jorge Chueco.

La diputada Graciel Ocaña, quien en mayo de este año entregó a la Justicia uruguaya una serie de documentos oficiales que muestran que los movimientos de dinero en esta causa se hacían a través de instituciones uruguayas -aseguró que entre ellas figura Helvetic Services Group-, dijo a principios de julio que Damiani es una "persona clave" en esta causa porque conoce a Lázaro Báez y a Marcelo Ramos, dueño de la "misteriosa sociedad suiza" por la que "pasaron miles de millones de pesos de muchas sociedades armadas por Damani y que tenían una particular relación con él".

El juez Casanello explicó en junio que Baéz sacó US$ 25 millones desde Argentina hacia Suiza a través de empresas offshore con sede en Panamá y Uruguay. "Se llevaba el dinero a Suiza y se reingresaba al país por una supuesta venta de bonos", explicó en esa oportunidad el fiscal Guillermo Marijuan.

Según recogió la agencia Télam, el presidente de Peñarol figura en el expediente como "director de la firma Redwood Associates Corp, una firma que realizaba operaciones con Helvetic Service Group". Ocaña dijo a El Observador TV en mayo que  ya conocía a Damiani como "uno de los estudios que históricamente vendía el servicio a los argentinos para ocultar bienes a través de sociedades" y aseguró que debe "justificar los fondos que recibió de Helvetic S.A."

Condenan a exagentes de Pinochet que torturaron a mujeres

La Corte de Apelaciones de Santiago condenó este lunes a penas de prisión a tres exagentes de la Policía Secreta de Augusto Pinochet (1973-1990) por torturar a seis prisioneros políticas en los primeros años de la dictadura, informaron fuentes judiciales.

En un fallo unánime, la VII Sala del tribunal de alzada ratificó la condena de siete años de prisión al brigadier Miguel Krassnoff Martchenko y de cinco años al exteniente coronel Francisco Ferrer Lima y al exsuboficial Basclay Zapata Reyes como autores de las torturas sufridas por las presas políticas. Los tres cumplen actualmente penas de prisión tras ser condenados en numerosos casos de secuestros calificados (desapariciones) y homicidios calificados. En el caso de Krassnoff, las condenas llegan a los 386 años.

Las víctimas de los abusos. Ellas son son Gloria Laso Lezaeta, Viviana Uribe Tamblay, Mónica Uribe Tamblay, María Virginia Hernández Croquevielle, Amanda de Negri Quintana y María Reyes Noriega. Todo fueron sometidas a vejámenes en distintos periodos del año 1974. Gloria Laso es una conocida actriz de teatro, cine y televisión que actuó en numerosas películas y series de televisión. Amanda de Negri Quintana es una conocida abogada de derechos humanos, tía del fotógrafo Rodrigo Rojas de Negri, muerto en 1986 tras ser quemado vivo por militares durante una protesta contra la dictadura de Pinochet.

Las prisioneras, según estableció el juez especial Leopoldo Llanos, que investigó el caso, fueron abusadas en un centro clandestino de torturas y exterminio de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), situado en la residencial avenida José Domingo Cañas, en el municipio de Ñuñoa.

En ese lugar "se mantenía a una gran cantidad de detenidos a los que se interrogaba y torturaba ininterrumpidamente; estaban vendados, amarrados o encadenados, privados de alimentos de agua y sueño. Los interrogatorios consistían en la aplicación de electricidad en diferentes partes del cuerpo, con la técnica de 'la parrilla', entre otros.

Se les mantenía en una pieza común relativamente amplia y en un lugar denominado 'El hoyo' que llegó a tener más de diez detenidos en condiciones de extremo hacinamiento, sin ventanas ni ventilación", precisa.
RPP

Uruguay no perdona a "suizos": DGI recaudó 40 millones de dólares por reliquidación de tributos

El director de Rentas, Joaquín Serra, informó en el Parlamento que la Dirección General Impositiva (DGI) reliquidó tributos por más de $ 40 millones a uruguayos que tenían cuentas en el banco HSBC de Suiza tras la filtración de datos conocida como "Swiss Leaks".

En febrero del año pasado esta filtración —similar a la de los "Panamá Papers"— había revelado 810 cuentas de 788 clientes uruguayos que acumulaban un monto de US$ 2.800 millones. El total de información divulgada del banco suizo llegaba a 60.000 archivos sobre más de 100.000 clientes y cuentas.

"Tuvieron que explicar cuál era el origen de los fondos, cómo los habían obtenido y (cómo) habían hecho ese depósito en Suiza", explicó Serra.

La información fue brindada en el marco de su comparecencia ante la Comisión especial del Senado creada tras la divulgación de los "Panamá Papers". El director de Rentas explicó hace unos días a El País que se había conformado un grupo de trabajo especializado para investigar a las personas con sociedades creadas a través del estudio panameño Mossack Fonseca.

Tras detallar ese accionar ante los legisladores, Serra manifestó: "Ha habido también información del HSBC hace un año y medio aproximadamente. Allí hicimos controles, pero ese asunto no fue tan difundido. (…) y liquidamos más de $ 40 millones a diferentes contribuyentes".

La revelación ocurrió durante una exposición del titular de la DGI y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, sobre los problemas del fisco para acceder a la información de los uruguayos que tienen cuentas en el extranjero.

"Al no contar con información bancaria que nos permita crear índices de riesgo respecto a las personas físicas, no solamente ahora sino en los últimos años se han ido construyendo bases de datos que permitan dar indicios de la capacidad económica de las personas físicas", expresó Serra.

Recordó que la DGI para eso puede acceder a datos sobre los clientes de colegios privados y los socios de clubes deportivos.

Además, El País informó esta semana que solicitó información a los bancos sobre el consumo con tarjetas de crédito de 500 personas para cruzar datos e investigar posibles evasiones vinculadas con sociedades off-shore.

Ambos jerarcas sostuvieron que la situación de falta de información sobre los uruguayos con rentas en el exterior, que dificulta el cobro de impuestos, quedará prácticamente solucionada cuando se ponga en práctica la norma que obliga a las instituciones financieras a informar anualmente a la DGI los saldos y rentas acreditados en cuentas bancarias de residentes y no residentes.

Esa información permitirá a Uruguay cumplir con el intercambio automático de información tributaria con otros fiscos, enviando los saldos y rentas de extranjeros en el sector financiero local y accediendo a los mismos datos de quienes tienen cuentas en el exterior.

Uruguay se comprometió a brindar en 2018 la información bancaria del 2017 y para eso el proyecto de ley debe ser sancionado por el Parlamento antes de que culmine este año. Por esto Ferreri marcó a los legisladores "la importancia y la relevancia de los tiempos en que sea tratado el proyecto de ley" que está en la Comisión de Hacienda.

Mientras que Serra destacó que la DGI contará "con nuevos instrumentos de control" de la evasión tras la aprobación del proyecto.

Además, indicó que el grupo de trabajo especializado que creó la administración para investigar la evasión mediante sociedades off shore se mantendrá y será el encargado de trabajar con los datos que brinden los fiscos extranjeros.

Abusó de su hijo de seis años en Piriápolis

La Justicia de Maldonado procesó con prisión a un hombre de 42 años, de iniciales C.H.C.P. por reiterados delitos de atentado violento al pudor.

Abusó de su hijo de seis años y tras la denuncia y la investigación fue detenido y allanada su casa de la calle San Remo, en Piriápolis.

La Policía incautó tres celulares y una computadora portátil en la casa del abusador.

“También fue conducida a la dependencia policial una uruguaya mayor de edad, quién luego de ser indagada fue conducida a la Sede Penal juntamente con el otro detenido.

Una vez finalizada la audiencia, la misma fue liberada y emplazada por disposición del Magistrado actuante”, dice el parte policial de la Jefatura de Maldonado.

Se investiga su participación eventual en el abuso al niño.

Un menor de 14 años procesado por homicidio del comerciante de Young

La jueza, Alejandra Sánchez, dispuso la internación de un menor de 14 años por dos delitos: el homicidio del comerciante de Young, Roberto Balcón Mujica, y homicidio en grado de tentativa de la esposa del comerciante. El menor confesó el hecho luego de la reconstrucción.   

El adolescente había nacido en Young pero se había criado en Maldonado y se econtraba en localidad natal visitando a su padre. Otras dos personas de 20 años también fueron detenenidas pero fueron liberadas.

Personal de la seccional sexta de Young, a cargo del comisario Gustavo Dutria, realizó ayer de mañana varios allanamientos luego de detener al confeso homicida. La jueza resolvió el procesamiento cerca de las tres de la madrugada.

Sobre las 21:00 horas del 10 de julio, un individuo ingresó encapuchado al Mercado "Don Ricardo" y se dirigió a su dueño, un hombre de 63 años, que estaba en compañía de su esposa y uno de sus hijos.

El delincuente le pidió el dinero de la caja, pero antes de apropiarse de la recaudación del negocio comenzó a disparar con un arma calibre 32. Una de las balas impactó directamente en el rostro de Balcón y otra pasó muy cerca de su esposa.

Casi la mitad de los uruguayos considera que el sistema judicial funciona mal; todos quieren eliminar la ferias judiciales

El 43% de la población considera que el sistema judicial funciona "mal" o "muy mal", según concluyó una encuesta realizada por la consultora Equipos a pedido de la Fiscalía General de la Nación y que esa institución divulgó este jueves en su página web.

"¿Cómo diría usted que, en conjunto y en líneas generales, funciona en la actualidad en Uruguay el Sistema Judicial?". Esa fue una de las la preguntas planteadas en el estudio para medir la evaluación del sistema de Justicia, en base a un total de 703 entrevistas.

En una medición anterior realizada en febrero, el 30% respondió esa interrogante diciendo que funcional "mal" o "muy mal". Ahora, en el estudio realizado junio, ese total trepó a 43%.

Entre quienes se mostraron disconformes, la mayoría (46% son) hombres. Por franjas etarias, el trabajo muestra que la visión más crítica se encuentra entre las personas de entre 40 y 49 años.

Considerando la adhesión política de los consultados (tomando en cuenta el voto de la elección de 2014) la peor valoración sobre el desempeño de la Justicia está entre blancos y colorados, donde en ambos casos se ubicó en el 44%. Entre los votantes del Frente Amplio, la disconformidad al alcanzó al 40% de los consultados.

La relación se invierte entre quienes opinaron que el sistema judicial funciona "bien" o "muy bien", ya que en ese sentido se pronunciaron el 24% de las personas que dijeron haber votado al Frente Amplio en la última elección y se ubica en el 22% entre quienes apoyaron al Partido Nacional y desciende al 14% entre los votantes del Partido Colorado.
Reforma y ferias

La encuesta de Equipos también midió el nivel de información que maneja la población respecto a la modificación del Código del Proceso Penal (CPP) que comenzará a regir el 16 de julio de 2017 y establecerá un sistema acusatorio, oral y público, donde la tarea de dirigir las investigaciones dejará de ser de los jueces y pasará a manos de los fiscales.

Sobre la reforma del CPP, solamente el 20% de los consultados dijo tener "una idea clara" del tema. El restante 80% se divide entre quienes tienen información pero no la suficiente (37%); quienes dijeron no haber escuchado hablar del asunto (42%) y "no sabe/no contesta" (1%).

Finalmente, la encuesta interroga sobre la idea del fiscal de Corte, Jorge Díaz, de eliminar las ferias judiciales. La posición del máximo jerarca del Ministerio Público fue avalada por el 75% de los consultados, que dijeron estar "de acuerdo" o "muy de acuerdo" con esa posibilidad.

A fines de mayo, Díaz cuestionó en el Parlamento que el sistema judicial tiene 60 días al año de inactividad (considerando las ferias de enero y julio y la Semana Santa) por lo que se pronunció a favor de acotar los recesos. Eso le valió cuestionamientos de la Suprema Corte de Justicia y de la Asociación de Magistrados.