Piden que tres militares uruguayos sean citados para que "confiesen lo que saben" del crimen del químico chileno Eugenio Berríos
Uno de los presuntos autores del homicidio del químico y agente secreto chileno Eugenio Berríos pidió hoy al juez del caso que cite a tres militares uruguayos también procesados para que "confiesen" lo que saben. El ex mayor Arturo Silva Valdés hizo la petición al juez Alejandro Madrid en la última audiencia de la etapa probatoria del juicio, que culminó este viernes. Silva pidió al juez que cite en una audiencia especial al coronel retirado uruguayo Tomás Casella y a los coroneles en servicio activo Wellington Sarli y Eduardo Radaelli. Los tres están procesados por el delito de asociación ilícita en este caso y fueron extraditados a Chile en abril de 2006, encontrándose actualmente en libertad provisional, aunque una orden de arraigo les impide abandonar el país. Aunque el juez debe aún resolver la solicitud, fuentes del juicio dijeron a Efe que existe "una alta probabilidad" de que esa audiencia se realice en los próximos días. Eugenio Berríos, vinculado con la fabricación de gas sarín, que fue utilizado por la dictadura de Augusto Pinochet para eliminar opositores, fue sacado clandestinamente de Chile el 26 de octubre de 1991, bajo el nombre falso de Tulio Orellana, para impedir que declarara en el juicio por el homicidio del ex canciller Orlando Letelier. El año siguiente Berríos compareció en una comisaría uruguaya donde denunció estar secuestrado, pero poco después llegaron unos militares que se lo llevaron. En 1995, su cadáver atado y con disparos en el cráneo fue encontrado en una playa cercana a Montevideo donde había sido enterrado clandestinamente. Durante el juicio se han conocido públicamente varios antecedentes del caso, como que la orden para su salida a Uruguay la dio directamente Augusto Pinochet y que la operación la cumplió una unidad especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), que comandó Silva Valdés. También la investigación aportó antecedentes relacionados con la extraña muerte del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva, el 22 de enero de 1982 mientras estaba internado en una clínica de Santiago, tras ser operado de una hernia de hiato. Hasta ahora se ha establecido que en los restos de Frei, que fueron examinados en laboratorios de Europa, se hallaron trazos de componentes del gas mostaza y el elemento químico talio. Se espera que el juez Alejandro Madrid, que está con protección policial desde la semana pasada tras haber recibido amenazas, dicte procesamientos en este caso contra algunos médicos que estuvieron cerca de Frei en los días previos a su muerte. Además, el proceso aportó antecedentes nuevos respecto de los crímenes del ex canciller Orlando Letelier, cometido en Washington en 1976, y del diplomático de origen español Carmelo Soria. Este último, funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), fue secuestrado por la policía secreta en julio de ese año y asesinado. En 1996, la Justicia benefició a los presuntos autores con la ley de amnistía dictada en 1978 por Pinochet. Si bien estas dos causas están cerradas, los familiares de ambas víctimas tienen la esperanza de que, con las nuevas informaciones, la Corte Suprema las reabra. En el caso Berríos, además de los uruguayos, están procesados los generales retirados chilenos Hernán Ramírez Rurange y Eugenio Covarrubias, ambos ex jefes de Inteligencia del Ejército, y los ex mayores Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, éstos como presuntos autores materiales del secuestro y homicidio. La probatoria es la fase del proceso penal antiguo chileno, una vez que finaliza el período de investigación; tras ella, el juez queda habilitado para dictar la sentencia de primera instancia.
