La DGI "cobrará lo que tenga que cobrar a Uber"

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Joaquín Serra, dijo que ese organismo tiene las "herramientas" para fiscalizar tanto a los conductores de Uber como a la propia empresa.

No obstante, agregó que la compañía estadounidense "primero" tiene que estar regulada "como corresponde" y que en segundo lugar vendrán "las cuestiones tributarias".

"Si invirtiéramos el orden de los problemas podríamos darle una especie de legalidad a un servicio que no la tiene", explicó Serra en una entrevista en la televisión local Monte Carlo.

El directivo sostuvo que la regulación del transporte de personas "es un problema que excede a la DGI" porque es competencia de los gobiernos departamentales, pero aseguró que una vez que la actividad se realice bajo la normativa correspondiente el fisco cobrará "lo que tengan que cobrar".

En cuanto al comunicado que envió Uber a sus conductores sugiriéndoles que paguen un monotributo o el IVA mínimo, según sus ingresos, para regularizar su situación como trabajadores y acceder al Sistema de Seguridad Social, Serra responsabilizó a la multinacional por el supuesto impago a la hacienda estatal de sus conductores.

"Están tratando de eludir su responsabilidad, porque Uber desde el primero de enero es responsable de todos los impuestos impagos de los conductores. O sea, están tratando que los conductores paguen por él", puntualizó.

El documento que Uber envió a sus conductores detalla que el monotributo es recomendable para quienes tienen un ingreso anual bruto inferior a los 593.487 pesos uruguayos (20.398,15 dólares), mientras que el IVA mínimo es para aquellos cuyos ingresos brutos anuales no exceden los 989.146 pesos uruguayos (33.996,95 dólares), según publicó El Observador.

Del mismo modo, el pasado lunes, Uber hizo saber a través de una carta a las autoridades de los departamentos de Montevideo y Canelones que se encargará de informar a los conductores sobre "sus potenciales obligaciones tributarias".

En la misma, la compañía manifiesta dar apoyo técnico a los conductores y controlarles para que estén inscritos en los organismos correspondientes "para ser habilitados en la plataforma".

Uber empezó a operar en Uruguay el 19 noviembre de 2015 y desde entonces se han producido varios altercados entre taxistas y conductores privados que trabajan con la aplicación móvil.

Además, se han sucedido diversas manifestaciones y huelgas de los sindicatos de taxistas y de la patronal exigiendo la regulación de esa aplicación móvil o incluso su prohibición.

El pasado marzo, el gobierno remitió un proyecto de ley al Parlamento para regular la actividad de empresas que se basan en la contratación de servicios a través de plataformas informáticas, como Uber o Airbnb, dado el recelo que han despertado en sus respectivos sectores en el país.
EFE