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CAUSA ABIERTA

Cárceles de Uruguay volverán a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura

Cárceles de Uruguay volverán a la órbita del Ministerio de Educación y Cultura

En una nueva reunión por seguridad entre el presidente Tabaré Vázquez y representantes de la oposición, hubo acuerdo en la propuesta del gobierno, incluida la ley de Presupuesto, de pasar el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) al Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Actualmente el INR depende del Ministerio del Interior que a ojos del Ejecutivo, según apuntó el prosecretario Juan Andrés Roballo, “tiene una naturaleza de represión y prevención de delitos”.

“Se necesita una nueva institucionalidad con formato jurídico de servicio descentralizado que se vinculará en principio a través del MEC, aunque la definicón está abierta y se tiene que trabajar un poco más”, apuntó, recalcando que “es una cuestión conceptual y práctica que va a tener una repercusión concreta y minimizará los efectos de reincidencia”.

De momento hay acuerdo entre los partidos políticos en ese sentido, aunque con matices. Desde el Partido Colorado se mostró adhesión porque entienden que falta rehabilitación. “Un preso es liberado del Penal de Libertad a la madrugada y tiene que venir caminando sin cédula a Montevideo”, relató el diputado Germán Cardoso recordando advertencias del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit.

Por su parte, el senador Pablo Mieres destacó que en materia de seguridad se va “hacia una visión común” mientras que Asamblea Popular pidió “cortar con tanta dulzura”. Desde su partido se condena, por ejemplo, la habilitación de proyectos de Participación Pública Privada (PPP) en cárceles o la afirmación de que ya no hay hacinamiento.

Edgardo Novick, como líder de la Concertación, coincidió en que es una “buena idea” pero dudó de la capacidad de las actuales autoridades del MEC para afrontar la responsabilidad, en referencia a la ministra María Julia Muñoz. “No sé si los jerarcas fueron elegidos tomando en cuenta esa futura responsabilidad”, lanzó.

En paralelo, se acordó modificar la categoría de los homicidios de policías, fiscales y jueces a especialmente graves porque “la sociedad les demanda ocupar lugares de mayor exposición”. Lo mismo para los homicidios de trabajadores que sean asesinados realizando su trabajo. La iniciativa pasó a la comisión técnica.

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