Hasta la doméstica de narcos mexicanos hizo depósitos por un millón y medio de dólares

La maniobra de lavado de activos vinculada al cartel mexicano Los Cuinis —dedicado al tráfico de anfetaminas y al que Estados Unidos califica como el más poderoso del mundo— tiene todavía muchos aspectos por investigar, ya que se estima que blanquearon unos US$ 10 millones en propiedades y vehículos.

El mes pasado, la Justicia procesó con prisión a un matrimonio mexicano (el hombre es hermano del líder de Los Cuinis, Abigael González Valencia) y también al padre de la mujer por lavado de activos.

Junto con ellos, fueron enviados a la cárcel una pareja uruguaya que trabajaba como empleados domésticos en la casa de los mexicanos en Punta del Este y también un hombre que realizaba operaciones en un cambio de Piriápolis, a quienes se les imputó el ilícito de asistencia al lavado de dinero.

Según la resolución de procesamiento que dictó la jueza especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, usando una sociedad anónima panameña comprada en el estudio Mossack Fonseca, los mexicanos adquirieron en 2012 el chalé Quincho Grande en Punta del Este por US$ 2 millones y tres padrones en Punta Ballena.

También compraron una decena de autos de alta gama que pusieron a nombre de sus empleados domésticos, razón por la que estos fueron imputados.

En base a la información reunida en el expediente, la investigación profundizará en la maniobra de blanqueo de capitales con el objetivo primordial de ubicar otros bienes que hayan sido adquiridos con fondos ilícitos.

Uno de los elementos en los que se intentará avanzar será en una serie de depósitos bancarios por más de US$ 1,5 millones que la empleada doméstica del matrimonio mexicano realizó en cuentas de varias personas físicas y también de sociedades anónimas.

La mujer, que ya está en prisión, no pudo justificar el origen de tales transferencias en base a sus ingresos ni a sus bienes. Esos movimientos serán ahora objeto de investigación por parte del juez Néstor Valetti, titular original de la causa pero que no intervino en el dictado de los procesamientos dado que se encontraba de licencia.

La detención del hermano del líder de Los Cuinis y de su suegro (la mujer del hombre llegó a Montevideo desde México al día siguiente de los primeros arrestos en un conocido colegio de Carrasco, donde el hombre había ido a retirar a sus hijos) se aceleró por la divulgación de su nombre en el marco de los Panamá Papers, tema que lo llevó a decidir irse a Brasil. Eso fue lo que obligó a los investigadores de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas a acelerar el procedimiento.

Al dictar los procesamientos, la jueza sostuvo que en Uruguay "ninguno de los miembros de la familia desarrollaba una actividad laboral, ni comercial, ni lucrativa lícita, no recibía rentas, por lo que los gastos eran cubiertos por fondos que provenían desde México".

En ese sentido, el mexicano líder del grupo de lavadores y hermano del principal responsable de Los Cuinis, declaró que ingresaba el dinero "vivo" a Uruguay, lo que implicaba hacerlo por la frontera y en cantidades bajas. "Por lo que existen serios indicios que esos fondos provienen presuntamente de las actividades de narcotráfico", dice el fallo.

El juez Valetti citará en las próximas semanas a los responsables de dos hoteles de Montevideo donde se hospedaron los mexicanos y al oficial de cumplimiento de los controles antilavado de un banco privado donde la mujer tenía una cuenta.

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, afirmó esta semana en canal 4 que es "altamente probable" que una vez condenado en Uruguay, el líder del grupo de lavadores (que está preso en un módulo de máxima seguridad del Comcar) sea extraditado a Estados Unidos.

Al momento de su procesamiento, el líder del grupo de lavadores mexicanos y hermano del jefe de Los Cuinis, estaba en proceso para alquilar una casa en Carrasco, negocio en el que actuaba como intermediario un exfutbolista que también fue detenido pero luego liberado. El mexicano "no deseaba figurar en el contrato", concluyó la Justicia.