Papeles de Panamá: al menos cuatro uruguayos mencionados

Los “papeles de Panamá”, la mayor filtración de archivos de la historia e incluso de mayor envergadura que los recordados de WikiLeaks, tienen una cabecera de playa importante en Uruguay al punto que internacionalmente, nuestro país aparece como uno de los que más incidencia tiene en operaciones sospechosas de blanqueo de dinero.

Uruguay es el séptimo país con más intermediarios empleados por Mossak Fonseca para sus operaciones, trabajando en 5.174 intermediarios para crear firmas off-shore para diferentes clientes. Uruguay es uno de los países favoritos del grupo off shore panameño.

José Pedro Damiani, presidente de Peñarol, el exsenador nacionalista Sergio Abreu, el senador del partido Colorado Pedro Bordaberry son tres de los cuatro nombres de uruguayos que aparecen mencionados en los más de 11 millones de archivos incluidos en terabytes de la base de datos de la que aseguran es la cuarta mayor firma de abogados off shore del mundo: Mossack – Fonseca.

Entre los clientes del citado bufete panameño figuran también líderes internacionales como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Argentina, Mauricio Macri, además de personalidades como Lionel Messi o Pedro Almodóvar.

El cuarto nombre de un uruguayo que allí aparece está más ligado a los servicios de inversión off shore por su condición de abogada y gerente de un estudio fiduciario panameño con sucursal en Montevideo. Se trata de la uruguaya Odile María Frederick García, que hoy integra uno de los más destacados lugares en el directorio de la empresa Owens & Watson con casa matriz en Panamá, que se encarga de asesoramiento fiduciario a nivel internacional.

Frederick García era representante de Mossack – Fonseca hace 7 años cuando tomó el caso que los archivos develados ahora de Mossack – Fonseca vinculan a Bordaberry en una transacción de un terreno en nuestro país. En el año 2009, Frederick García era representante, y desde el año 1996, del estudio panameño Mossack – Fonseca.

Hoy Frederick García es gerente de la sucursal en Uruguay del estudio panameño Owens & Watson que está ubicado en la zona de la plaza Independencia. Este estudio de abogados tiene también sucursales en Belice, Isla de Man, Colombia, Nueva Zelanda, Lituania, Ecuador y en las Islas Vírgenes Británicas.

Clarín

Ayer, el diario argentino Clarín incluía el nombre del senador Colorado Pedro Bordaberry como protagonista de haber recurrido a Mossack – Fonseca para “disfrazar” a una empresa y así “esconder un arrendamiento polémico de un terreno” sostiene Clarín. LA REPÚBLICA había informado en el año 2009 que se trataba de un campo arrendado de la ex Rausa en Maldonado.

Bordaberry aseguró ayer que ese tema ya había sido “aclarado” y que “la noticia es vieja, del año 2009”. El bufete de abogados había asesorado a Bordaberry y la sociedad inversora le entabló un juicio al Instituto Nacional de Colonización por ese terreno que lo terminó ganando.

Este diario había informado hace 7 años que el legislador había apelado a una sociedad panameña mediante testaferros, arrendó las tierras de Rausa pagando entonces 85 centavos de dólar por hectárea durante 15 años y que, paralelamente, compraba un crédito del Banco República contra la propia Rausa de 3.4 millones de dólares en algo más de 2 millones 200 mil dólares.

El Instituto Nacional de Colonización denunció ante la Justicia que esa maniobra se hizo a través de la sociedad panameña Portmar y una forma local llamada Levsey SA que se presentaba a sí misma como integrada por diversos inversores con el fin de adquirir diversos inmuebles en Colonia, Montevideo, Canelones y Maldonado y que sus representantes eran Luis y Guzmán Vargas, Héctor A. Viana Martorell y Pedro Bordaberry.

Desde el 24 de marzo de 1983, el BROU era acreedor de la fundida empresa Rausa por US$ 19:500.000. Como garantías hipotecarias el Banco contaba con 5.500 hectáreas de campo; 3.900 hectáreas en Estación La Sierra en Maldonado y 1.600 hectáreas en la Estación Montes en Canelones.

Fifagate

Según la información recogida en los papeles panameños, el uruguayo Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol e integrante del Comité Independiente de Ética de la FIFA, aparece nombrado junto a tres de los acusados en el escándalo de corrupción de la FIFA. Uno de ellos es Eugenio Figueredo y los otros dos, los empresarios argentinos Hugo y Mariano Jinkis.

Los archivos señalan que Damiani trabajó para siete compañías offshore vinculadas a Figueredo y que la sociedad de Damiani servía como “intermediaria” para una empresa norteamericana de los Jinkis. Damiani no figura realizando actos ilegales. El domingo pasado, el directivo aurinegro aclaró que no mantiene ninguna relación profesional con personas de la FIFA hoy detenidas.

La firma de Damiani actuó en cientos de sociedades registradas en el portafolio del bufete panameño Mossack – Fonseca. Las sospechas en torno a Damiani empezaron a circular en marzo, cuando los jueces de ética de la FIFA se enteraron de que el dirigente tenía una “relación comercial” con el expresidente de la Conmebol y exvicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, otro uruguayo arrestado en Zúrich el año pasado por su presunto papel en actos de corrupción de la FIFA.

Figueredo fue acusado formalmente por investigadores de Estados Unidos y extraditado a Uruguay para ser juzgado allí. En diciembre se declaró culpable de haber recibido sobornos y de lavado de dinero.

Damiani, quien es abogado, integra la comisión de ética de la FIFA desde su creación en el 2006. Fue propuesto para esa plaza por la Conmebol y confirmado por el comité ejecutivo de la FIFA, por entonces encabezado por Blatter.

Conservó el cargo tras la restructuración del panel hecha en el 2012.

En diciembre Blatter dijo que Damiani había sido uno de los cuatro jueces de ética que votaron a favor de suspenderlo por ocho años por varias violaciones al código de ética de la FIFA. La sanción fue reducida posteriormente a seis años y está siendo apelada.

El cuchillo de los Messi

El exsenador del partido Nacional Sergio Abreu es otro de los uruguayos que aparece mencionado el y su empresa en los documentos de Mossak- Fonseca. Dijo ayer que su estudio de abogados recurrió a la panameña para la creación de empresas pero no significa que sea intermediario o haya cometido ilicitudes. El estudio jurídico de Abreu que lleva su nombre (Abreu, Abreu y Ferrés) participó de la creación de una sociedad off-shore que maneja los derechos de imagen del futbolista argentino Lionel Messi, según los documentos.

Abreu aseguró ayer que desde su estudio “pusimos en contacto a la familia de Messi con Mossack – Fonseca y hasta ahí llegó nuestro trabajo, porque nuestro estudio no es el asesor fiscal ni tributario de la familia Messi, y esto está muy claro. Y todo lo que pudo haber desarrollado con una empresa panameña, con directorio y acciones nominativas, es un tema que se rige por otras leyes fuera del país y en el que nosotros no sabemos ni siquiera nos hemos enterado”.

“Lo que hagan los Messi no es un problema nuestro”, señaló a Telenoche Sergio Abreu. “Es como que vos vendas un cuchillo y vos no sabés si el comprador va a matar a la madre, el padre y al hijo o va a cortar un churrasco”, explicó.”Nosotros no montamos un tablado para que Messi defraude. Si vos vendés un auto y luego el conductor atropella y mata uno, vos no sos culpable”, dijo.

Costa: no implican un delito en sí mismo

El experto en derecho tributario nacional e internacional, Leonardo Costa, dijo que la utilización de sociedades offshore, como las que tienen sede en Panamá y que fueron denunciadas en la investigación, no implican un delito en sí mismo. El asunto es con qué fines utilizaron estas sociedades los miles de políticos, deportistas y empresarios de todo el mundo mencionados en los más de 11 millones de documentos revelados por la investigación de una red internacional de periodistas.

Hay personas que compran propiedades a través de una offshore y la registran en los organismos estatales correspondientes. “Eso es legítimo y en Uruguay es transparente”, dijo Costa a Subrayado. El problema es cuando se compra una sociedad de estas características, como las offshore de Panamá, para no residentes.

Cuando estas personas utilizan esta empresa para ocultar su patrimonio o cuentas bancarias. Este tipo de operativas pueden ser utilizadas para lavar dinero, o por bandas de narcotraficantes, ocultando allí dinero y propiedades al usufructuar los beneficios de la legislación de lo que se conoce como “paraísos fiscales”.

Costa dijo que cada vez quedan menos países, estados o ciudades considerados “paraísos fiscales” y que, por el contrario, cada vez se exige más transparencia internacional por lo que los bancos y las empresas en general evitan estas operaciones sospechosas.

Respecto a Uruguay, Costa destacó que en 2010 se eliminaron de forma definitiva las SAFI (sociedades anónimas financieras de inversión) que se prestaban para maniobras de evasión fiscal. Además se le otorgó a la Secretaría Antilavado un estatus de superintendencia que controla operativas sospechosas.
La República