Trece procesados por defraudación tributaria en Uruguay

La Justicia Especializada en Crimen Organizado dispuso, en 2015, el procesamiento de 13 personas por delitos de “defraudación tributaria”, según datos de la Dirección General Impositiva (DGI), a los que accedió Caras y Caretas Portal. Esta cifra implica un leve aumento en comparación con 2014, cuando las sede especializadas dispusieron el procesamiento de diez personas por estos delitos.

De acuerdo a la Ley 18.362, los Juzgados Especializados en Crimen Organizado son competentes para atender en los asuntos referidos a casos de corrupción pública, narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, y otros vinculados a la actuación de grupos de crimen organizado, así como también a las denuncias por defraudación tributaria presentadas por la DGI.

En este marco, estas sedes resolvieron en 2015 seis expedientes, que derivaron en el procesamiento de trece personas por delitos de defraudación tributaria. Las maniobras ilícitas imputadas por la Justicia fueron diversas: utilización de facturas de distintas empresas por servicios que no se realizaron; utilización de facturas apócrifas; adulteración de montos de prestaciones que se realizaron; presentación de declaraciones juradas por IRPF falsas -consignándose datos inexistentes a efectos de obtener un monto por deducciones inexistentes, no solo rebajando el monto de impuesto a pagar, sino la obtención de un crédito ilícito, cobrando la gestora involucrada un porcentaje del citado crédito-.

Además, en estos expedientes, se concretó el procesamiento de varias personas por delitos de alsificación de cheque, estafa en reiteración real y defraudación. Se trató de un caso relacionado con la fabricación de productos de cerámica, en que los responsables de la empresa emitieron notas de crédito falsas a favor de terceros, reduciendo así el importe vendido, obteniendo un crédito inexistente a su favor, tras lo cual se solicitaba y obtenía certificados de crédito, informaron fuentes de la DGI a ese medio.

Por otro lado, la DGI presentó en 2015 seis denuncias penales (que involucraron a 12 personas), relacionadas con el delito de defraudación tributaria. Estas denuncias referían a diversas maniobras ilícitas que suponían un perjuicio de las arcas estatales. La DGI denunció casos de adulteración de facturas -a efectos de disminuir los montos imponibles de impuestos-; falsificación de declaraciones juradas y facturas; utilización de doble juego de boletas y/o facturas; y casos de sobrefacturación.

En todos estos casos, la DGI denunció a todos los involucrados en los actos ilícitos: los empresarios directamente beneficiados en la rebaja de la base imponible de impuestos a pagar, terceros colaboradores en la maniobra ilícita y los profesionales universitarios necesarios para la confección de documentos hábiles para consumar las distintas maniobras, señalaron las fuentes.