"Caos administrativo" y pago de salarios "en negro" en el Velódromo

La auditoría interna realizada en el Velódromo Municipal -intervenido por la Intendencia a partir de las denuncias realizadas por el sector Alianza Nacional- concluyó que existía un "insuficiente, inadecuado e inexistente respaldo documental de la gestión financiera", básicamente como consecuencia de la "inexactitud, informalidad, omisión y extravío parcial de información" en el período que va de enero de 2010 a noviembre de 2012.

El documento, en poder de El País, habla también de "errores de completitud, legibilidad y exactitud" de la información que sustenta los ingresos y egresos y de un "manejo inadecuado de fondos", consecuencia del "no depósito" de la totalidad de los ingresos que dejan los espectáculos que se realizan en este lugar.

La auditoría señala que de 2010 a 2012 se realizaron 15 espectáculos artísticos en el Velódromo (12 extranjeros y 3 nacionales) y que el 40% de los contratos suscritos en estos casos adolecen de "errores y omisiones de información relevante".

Los productores de artistas extranjeros deben pagar $ 100.000 por el arrendamiento del estadio, en tanto para los shows locales la tarifa es de $ 50.000. A su vez, el Velódromo es, desde hace años, uno de los principales tablados de Carnaval: por la temporada 2012 recibió $ 300.000.

Las denuncias sobre irregularidades en el Velódromo realizadas por el edil Álvaro Viviano y el diputado Jorge Gandini daban cuenta sobre manejo irregular de fondos, la existencia de un "caos administrativo" interno y el pago de salarios "en negro".

Pero además, Viviano sumó otros elementos, como el manejo que se hacía de las entradas "gratuitas" de shows internacionales.

"La cesión de entradas de favor a la Intendencia por parte de los promotores de espectáculos es una cuestión institucionalizada y reglada. En los espectáculos de jerarquía media llevados a cabo en el Velódromo el número de entradas correspondiente al expolio oscila en 150, a las que se agregan unas 60 más para la Comisión Administradora. Algún productor de espectáculos nos ha manifestado su molestia y desagrado por esta circunstancia. Según estas versiones, no son pocos los espectáculos donde revendedores disponen de entradas de este tipo que, expresamente, deben estar fuera de la comercialización", precisó Viviano.

El propio secretario general de la Intendencia, Ricardo Prato, había anticipado que al margen de las denuncias presentadas por el Partido Nacional, la administración ya estaba al tanto de otras posibles irregularidades en el Velódromo, entre ellas sobre el manejo de entradas.

En su punto 4, literal F, la auditoría concluye que "no se evidenció un control de destino de las invitaciones de cortesía otorgadas a la IMM y/o Comisión Administradora". De estas invitaciones, 150 son distribuidas por la Secretaría General de la IMM, indica el documento.

Otras 60 entradas "de cortesía" -que deben incluir la leyenda "invitación"- eran entregadas a cada uno de los miembros de la Comisión Administradora, más un remanente destinado a la Prensa que cubre los eventos y los sponsors.

En algunos casos, la auditoría no pudo analizar determinados gastos por un "extravío de información" y porque "no existía la figura del administrador", siendo el propio tesorero del Velódromo el que realizaba la labor contable.

De todos modos se indica, por ejemplo, en el documento que el monto total de gastos presentados en el ejercicio 2010 fue de $ 440.317, lo cual no coincide con la planilla administrativa, habiendo una diferencia de $ 155.419.
Manejo de fondos a discreción

-La auditoría interna realizada en el Velódromo Municipal -intervenido por la Intendencia a partir de las denuncias realizadas por el sector Alianza Nacional del Partido Nacional- concluyó que existía un "insuficiente, inadecuado e inexistente respaldo documental" de su gestión financiera, básicamente como consecuencia de la "inexactitud, informalidad, omisión y extravío parcial de información" en el período que va de enero de 2010 a noviembre de 2012.

-El documento habla también de "errores de completitud, legibilidad y exactitud" de la información que sustenta los ingresos y egresos del Velódromo, así como de un "manejo inadecuado de fondos".

-También refiere al reparto discrecional de costosas entradas que se entregan como "cortesía", tanto para espectáculos internacionales como nacionales.
Gastos sin boleta y planillas de resúmenes "extraviadas"

La auditoría de la Intendencia da cuenta de que la documentación de gastos del Velódromo de los ejercicios 2010 y 2011 es "incompleta y sin intervención del responsable en señal de pago". Denuncia asimismo la "omisión de registros de egresos" y el "extravío de las planillas de resumen mensual y anual de los ejercicios 2010 y 2011".

También señala ejemplos de registros "manuales" que revelan desprolijidades administrativas: "un gasto cuyo respaldo es una cifra detrás de una tarjeta"; "dos gastos cuyo respaldo son recibos no comerciales y por conceptos ilegibles", y "dos gastos de reparaciones cuyo respaldo son recibos no oficiales", así como "una boleta de nafta de diciembre de 2010 que corresponde a enero de 2011".

"El monto total de gastos presentados en el ejercicio 2011 fue de $ 498.770, el cual no verifica con el monto total de gastos anual que surge de la planilla demostrativa de movimientos 2011 proporcionada por el Servicio de Contaduría general, el que fue de $ 781.332", anota la auditoría. Y agrega: "Se constató una diferencia de $ 282.562, sin respaldo documental por omisión y extravío".

En el ejercicio 2012 también se verificaron varias irregularidades, como recibos internos "sin aclaración de firmas ni fechas" y "facturas sin intervención del cajero".

El Velódromo depende de la Secretaría de Deportes de la Intendencia y hasta antes de su intervención era administrado por una comisión honoraria de 7 miembros: 4 municipales, 2 de la Federación Ciclista Uruguaya y uno de la Federación Ciclista de Montevideo. Durante mucho tiempo la Comisión tuvo cinco miembros, hasta que en octubre de 2012 incrementó su número.

También el Tribunal de Cuentas constató el "incumplimiento de normas legales".