Miles de uruguayos presentan ley de inconstitucionalidad por estafa de la ley de las AFAP

Miles de personas de distinas edades ya han firmado el recurso de inconstitucionalidad presentado en la Suprema Corte de Justicia para derrumbar la ignominia que significa la ley de las AFAP en Uruguay, una verdadera estafa votada por los legisladores de nuestro país.

Unas 1.000 personas tienen entre 50 y 59 años y algo en común: han sido perjudicadas por la ley 16.713 que entró en vigencia en 1996 y obligó a los trabajadores que en ese momento tenían menos de 40 años de edad a afiliarse a una AFAP.

Ahora, tras casi 20 años de aportes previsionales bajo el sistema mixto y cuando están haciendo los cálculos para jubilarse, estas personas comprobaron que la ley los perjudica.

Por ejemplo, según aducen, muchos trabajadores que se retirarían con unos $ 48 mil (tope del Banco del BPS) cobrarán unos $ 30 por el efecto del régimen de las AFAP.

"Estas personas, que en su mayoría se jubilarán en unos 10 años, están haciendo los cálculos de cuánto cobrarán y les da horrible", resumió el abogado Hoenir Sarthou, representante de los trabajadores.

"El principal argumento del reclamo es que la ley viola el principio de igualdad porque personas que en actividad ganaron lo mismo, quienes por ley fueron obligados a ingresar al sistema mixto por tener menos de 40 años en 1996 tendrán una jubilación que en promedio es 30% menor a compañeros que se retiraron mediante el régimen tradicional", explicó Sarthou.

Si la SCJ hace lugar al recurso de inconstitucionalidad, los trabajadores que firmaron el reclamo lograrían que la ley 16.713 se vuelva inaplicable respecto a ellos y, por ende, al momento de jubilarse podrán hacerlo mediante el sistema tradicional del BPS.

Sarthou indicó que en su momento hubo reclamos de inconstitucionalidad contra la ley, pero la SCJ los desestimó por cuestiones formales. El abogado destacó que en el caso de sus clientes la situación es diferente porque presentarán los cálculos del perjuicio que les causará la norma.

Según informó Sarthou, el recurso de inconstitucionalidad es contra el Poder Legislativo (por haber aprobado la ley), el BPS y también pide que se convoque al proceso a las cuatro AFAP (República, Unión Capital, Sura e Integración) por ser partes interesadas en el proceso.

El representante de los trabajadores en el Directorio del BPS, Ramón Ruiz, indicó en agosto en una nota publicada por el diario El País que los trabajadores que en su momento fueron obligados por la ley 16.713 afiliarse a una AFAP y ahora están próximos a jubilarse pueden verse "afectados" por ese hecho son unos 100 mil.

Hace algunos meses, en una nota enviada a varios legisladores, un grupo de trabajadores señaló que fueron incluidos al régimen de las AFAP "compulsivamente".

"Por dicho motivo, estamos en franca desventaja respecto de quienes ya han cumplido los 60 años, ya que al momento de jubilarnos, con los mismos años trabajados que estos compañeros, cobraremos un porcentaje muy inferior de lo que ellos percibirán por estar amparados en el régimen único de BPS", indicaron a los parlamentarios.

Reclamos civiles

Por otra parte, Sarthou indicó que representa a un grupo de personas que ya están jubiladas por el sistema mixto pero que promovieron juicios reparatorios contra el Estado por la pérdida de ingresos generada por la ley 16.713.

En este caso, como la norma ya se aplicó, no pueden promover la acción de inconstitucionalidad y por esa razón reclaman por el daño patrimonial causado, dijo el abogado. Esos juicios están en la etapa conciliatoria, por lo que todavía resta que se lleve a cabo todo el proceso. Los reclamantes alegan que por la ley 16.713 se generaron diferencias de entre $ 15 mil y $ 20 mil en las pasividades que cobran.

Esta modalidad jubilatoria aprobaba en el año 1996 también ha perjudicado a decenas de miles de jubilados, cuyos ingresos al día de hoy representan un 30 o 35 por ciento menos de lo que tendrían que percibir si no hubiesen sido engañados por publiclidad engañosa, fácilmente comprobable por los propios manifiestos de las AFAF que se fueron modificando de acuerdo a "las circunstancias financieras.".

Espertos en temas jubilatorios señalaron que los banqueros dueños de las AFAP en Uruguay han realizado todo tipo de inversiones, le prestan al Estado y le cobran intereses draconianos y se siguen enriqueciendo sin que los que aportaron y lo siguen haciendo tengan idea de nada. Y claro está sus ingresos hayan sido expoliados.

"Acá el primer responsable es el Presidente de la República, como lo fueron los de Administraciones anteriores, razón por la cual no queda otra alternativa que recurrir a la justicia", enfantizó uno de los miembros del movimento "La generación Castigada"