La Intendencia de Montevideo pide dinero al gobierno para políticas sociales

Ante la falta de caja para implementar las obras requeridas por la ciudad, y en el intento de no dejar de lado la bandera social y cultural que ha marcado las políticas departamentales del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo, el gobierno de Daniel Martínez pretende pedir cooperación al gobierno nacional para poder seguir brindando esos servicios.

Al asumir el pasado 9 de julio, Martínez encontró la comuna sin dinero y tuvo que postergar el pago a proveedores para poder abonar los salarios. "Venimos arrastrando un año donde estamos prácticamente en rojo", había afirmado en entrevista con El Observador TV meses atrás el secretario general de la comuna, Fernando Nopitsch. La intendencia debió pedir entonces un préstamo de US$ 30 millones, a lo que se suma un déficit acumulado de US$ 421 millones.

Con el agua al cuello por un presupuesto limitado y con una proyección de la economía que no es creciente, la "frazada" no da para cubrir todo y hay que optar sobre si apuntar a lo que se considera el ABC de un gobierno municipal –limpieza, tránsito y espacios públicos–, que además es lo que más reclama la ciudadanía, o también continuar con las políticas sociales y culturales. Por eso se buscarán mecanismos de complementación para que se compartan costos que hoy solo asume la comuna.

"Hacemos unos esfuerzos descomunales presupuestalmente que no están de acuerdo con las responsabilidades que tenemos en otros temas", afirmó Nopitsch a El Observador. Por eso, en el marco de la discusión presupuestal, la administración de Martínez busca reorientar el gasto y dar prioridad a los temas que "si no los realiza la intendencia no los realiza nadie" como la movilidad o la limpieza, afirmó el secretario general de la intendencia.

Se pretende por tanto tener un perfil más bajo en los servicios que no son de corte municipal –vivienda, salud, cultura–, y que las inversiones sean hechas fundamentalmente desde arcas nacionales. "Hemos gastado mucho en esos rubros, montos que no se pueden asumir desde la intendencia y que es imposible sostener", dijo Nopitsch. Entre 2010 y 2014 la IMM invirtió $ 352 millones en cooperativas y realojos, por ejemplo. Afirmó que "no tiene sentido" tener políticas distintas en temas en los que el Estado debe marcar el rumbo.

La idea, explicó por su parte el director de Recursos Humanos, Eduardo Brenta, es coordinar recursos aunque "sin resignar el rol de la intendencia en esas políticas". Señaló que lo que tenía sentido en los años 1990, cuando estaban al frente del gobierno nacional los partidos tradicionales, "de suplir las demandas sociales desde la comuna", con la asunción del Frente Amplio lo fue perdiendo, afirmó, por lo que se intentará empezar a complementar y no superponer los esfuerzos.

Ya se han dado algunos pasos en ese sentido. Un ejemplo fue el traslado del programa Nuestros Niños, que la comuna brindaba a 1.500 menores de contextos socioeconómicos vulnerables y que pasó a principios de octubre a la órbita del Estado.

Otra de las áreas en las que se buscará apoyo es en los servicios de salud que la intendencia brinda a través de las policlínicas. Allí se atienden unas 180 mil personas, por lo que desde la comuna se ve legítimo que el gobierno de un apoyo económico. "La idea es cobrar las cápitas por atención como lo hacen otros sistemas de salud", dijo Nopitsch. Eso permitiría cubrir otras áreas donde se necesitan más recursos, agregó Brenta.

Algo similar sucede con la oferta cultural, donde la mayoría de las salas principales y en las que gran parte del público llega desde el interior del país, como el Teatro Solís, la Sala Zitarrosa o la Sala Verdi, se sustentan con el presupuesto de la intendencia. "Si estamos haciendo actividades que no corresponden, pretendemos tener en esa coordinacion cosas que pongamos nosotros y cosas que ponga el gobierno", sentenció Nopitsch.

Apoyo del FA al fideicomiso
La Vertiente Artiguista publicó ayer un comunicado en su cuenta de Facebook en el que convoca a los montevideanos y "particularmente a quienes votaron a otros partidos y a quienes los representan en la Junta Departamental", a sumarse a la iniciativa del Fondo Capital que promueve la comuna para realizar un "shock de infraestructura". La agrupación sostiene que el Frente Amplio debe ponerse ese proyecto al hombro porque las obras son imprescindibles.