Denuncia penal de la DGI contra frigorífico por evasión mediante maniobra informática

Un frigorífico fue denunciado penalmente por la DGI al quedar al descubierto una maniobra informática por la que facturaba solo el 25% ó 50% de sus ventas. Deberá reliquidar impuestos por $ 100 millones y pagar multa por defraudación.

Se trata de un frigorífico con neto perfil chacinero que durante varios años puso en práctica un sofisticado mecanismo de facturación para intencionalmente disminuir las cargas fiscales que le correspondía abonar, informaron a El País fuentes judiciales, que se negaron a revelar el nombre.

La defraudación quedó en evidencia en una fiscalización de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó la utilización de un sistema informático para facturar una parte de las ventas y dejar al resto sin documentar (y, por ende, sin pagar impuestos).

Cuando un cliente del frigorífico efectuaba el pedido, las mercaderías se pasaban por una balanza y se emitía un documento (denominado “tira”) que contenía el número de código de los diferentes productos y su correspondiente pesaje.

Pero el sistema informático del que disponía la firma permitía que los datos provenientes de la balanza se dividieran en dos “empresas” de manera que solo el 50% o el 25% del total se derivaba a la “empresa A” (por la que se imprimía una factura) y el restante porcentaje era volcado a la empresa B (que no emitía facturas), relataron los informantes, quienes prefirieron no ser identificados.

El porcentaje que efectivamente se facturaba (25% o 50%) dependía de la tecla que se apretara en la terminal informática donde se generaba la facturación.

Para poner en marcha ese mecanismo, el frigorífico contrató a una proveedora de servicios de informática, que le creó un archivo para con solo tocar una tecla en la computadora habilitar el borrado total de la información contenida en la “empresa B”.

Ese software le permitía entonces al frigorífico tener una “contabilidad paralela” y dar así seguimiento a sus cuentas con sus proveedores y clientes, con un registro que hacía casi indetectable la venta en negro para los organismos de control como la DGI.

De la reliquidación que realizó Impositiva se obtuvo que los tributos defraudados sumaban $ 100,3 millones (cerca de US$ 5 millones), según pudo saber El País.

El monto a pagar por el frigorífico será aún mayor, ya que se le aplicará una multa por defraudación (que según determine DGI puede ser entre una y 15 veces el monto de los impuestos reliquidados) y recargos por pagar fuera de fecha (un 20% más) que se determinará al momento de la efectiva cancelación de la deuda.

Los pagos que el frigorífico logró disminuir artificialmente corresponden al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto al Patrimonio y los ya eliminados Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio y Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (Cofis), que dejaron de existir con la reforma tributaria de 2007.

De hecho, la auditoría realizada por DGI permitió efectuar la reliquidación por los últimos cinco ejercicios fiscales, lo que refuerza la magnitud de la maniobra efectuada por el frigorífico.

De hecho, no ha trascendido públicamente una maniobra de este calibre para evadir impuestos desde la efectuada por La Pasiva, detectada por el fisco en 2006.

El director general de Rentas, Pablo Ferreri, dijo que -por el artículo 47 del Código Tributario- la DGI “no puede referirse a casos particulares”, pero que en todos los casos que se detecta un delito tributario, el fisco “no duda un segundo en efectuar una denuncia a la Justicia”.

No obstante, confirmó que “en los últimos días hubo un caso de una importante magnitud” por el que se detectó “una maniobra fraudulenta en connivencia entre la empresa y su proveedor de software a los efectos de dividir las ventas para poder facturar una parte y la otra manejarla en absoluta informalidad”.

El funcionario remarcó que esta situación “estaba generando una distorsión en el mercado” y suponía una competencia desleal, por lo que se decidió “actuar con la dureza que corresponde”.

Ferreri añadió que estas cuestiones deben ser sancionadas con “la máxima dureza” porque “defraudan a la sociedad en su conjunto”.

La denuncia penal fue presentada contra el frigorífico y su proveedor de servicios informáticos hace unos 20 días. “Entendemos que la defraudación es realizada ente ambas partes”, dijo el jerarca.

La maniobra pudo ser detectada “a partir de cruzamiento de información de diversas bases” de las que dispone DGI, indicó Ferreri.

Aseguró también que el fisco se hizo de pruebas que constatan la existencia del mecanismo fraudulento.

A raíz de este hallazgo “está en proceso de análisis” si se fiscalizará a otros clientes de la proveedora de software, informó Ferreri.

Uno de los últimos antecedentes de relevancia en materia de defraudación tributaria fue el de La Pasiva. En 2006 la Dirección General Impositiva (DGI) determinó una reliquidación de impuestos por US$ 4.682.000, pero que con las multas, recargos y mora totalizó US$ 53.322.893.

Además, cinco directores de La Pasiva fueron procesados sin prisión por defraudación tributaria por parte del entonces juez penal Pablo Eguren. El magistrado consideró que no correspondía la prisión por ser primarios. Eso derivó en una fuerte polémica con el entonces director general de Rentas, Eduardo Zaidensztat.