Crece el número de funcionarios públicos en Uruguay pese a los intentos de reforma

El número de trabajadores públicos en Uruguay aumentó en más de 23.000 personas en los últimos cinco años y llegó a los 260.000, una cifra difundida hoy que choca con los esfuerzos del Gobierno por reformar y modernizar el Estado. Un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) presentado en el Parlamento reveló que en diciembre de 2009 el Estado uruguayo dirigido por el presidente Tabaré Vázquez tenía 23.232 trabajadores más que cuando asumió en 2004. Lo que según denunció el diputado opositor Jorge Gandini revela "el doble discurso del oficialismo" a la hora de reformar la administración.
En diciembre de 2009, según los datos del ONSC, 248.157 personas trabajaban para la Administración y las empresas públicas en Uruguay, mientras que 16.800 mantenían vínculos laborales con el Estado, cifras superiores a las 229.454 y 12.271 que se registraban respectivamente en diciembre de 2004.
"Obviamente hay interés en el Gobierno para hacer algo así, lo que refleja un doble discurso. En los años 90 aparecieron leyes que prohibían el ingreso al Estado, y para solventar eso aparecieron otros tipos de contratos de relación con el Estado", apuntó Gandini, del Partido Nacional.
El diputado señaló que cuando Vázquez asumió en 2004 aprobó una ley para incorporar a los contratados al cuerpo de funcionarios, lo que afectó a 12.000 personas, si bien no cesó de incorporar a otras mediante otras modalidades.
"El caso es que se cerraron las puertas, pero se abrieron las ventanas", resumió Gandini.
Para el diputado, eso contrasta con la actitud del presidente José Mujica, sucesor en el cargo y correligionario de Vázquez. Mujica, según el legislador, desde su asunción señaló que la reforma del Estado, que pasa por aligerar y modernizar la administración pública, será una de sus prioridades.
Mujica y su Gobierno presentaron la semana pasada un borrador de reforma que incluía la posibilidad de eliminar la inamovilidad de los funcionarios, además de establecer un sistema de retribuciones basado en el mérito y no en la antigüedad, entre otras medidas.
Esas ideas del Ejecutivo generaron tensión con los representantes de los funcionarios, que exigieron participar en los debates para la reforma antes de que pase a la opinión pública.
Gandini apuntó que en realidad no se trata de un asunto de nuevas leyes, sino de "actitud" por parte del Gobierno, que no puede decir un día que "sólo se entra por concurso" y al día siguiente permitir que "9.000 personas entren sin concursar".
Aún así, el diputado apuntó que su partido, de centro derecha, apoyará una reforma del Estado "en cuanto se conozca su contenido, lo que aún no ha ocurrido" y anunció que presentarán una proyecto de ley para crear una agencia de evaluación independiente que vigile el desempeño de la Administración.