10 piqueteros de Gualeguaychú en la mira del gobierno argentino

Una lista de 10 piqueteros está en la mira del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y serán notificados en las próximas horas de las denuncias penales y civiles en su contra. El gobierno argentino emprendió una batalla contra los cabecillas de los piqueteros y apunta a dividir el movimiento para disolver el bloqueo en Arroyo Verde. Aunque las demandas judiciales no levantaron el corte, los activistas de Gualeguaychú sintieron el golpe y decidieron ayer bajar los decibeles a sus declaraciones en algunos casos, y en otros mantenerse en silencio para evitar inconvenientes. Según dijeron fuentes del gobierno uruguayo a Ultimas Noticias, son una decena los piqueteros que fueron denunciados en la noche del miércoles en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Los más conocidos de la lista son José Pouler, Jorge Fritzler, Juan Veronesi, Juan Ferrari y Martín Alazard, los cuales entre otros delitos fueron acusados de "sedición", "homicidio culposo", "apología del delito", entre otros. La denuncia que está en manos del magistrado, Gustavo Pimentel, el mismo que emitió el fallo ordenando el desbloqueo del Puente San Martín la semana pasada, pasó ayer a vista de la Fiscalía. Además, según dijeron a Ultimas Noticias fuentes vinculadas al caso el jefe de Gendarmería concurrirá en las próximas horas a Arroyo Verde para pedir identificación de los activistas que se encuentren en el lugar. Pese a ello, el corte se mantendrá tal como hasta ahora. "Ni un paso hacia atrás" fue uno de los discursos más aplaudidos en la última asamblea de Arroyo Verde, contó a Ultimas Noticias un asambleísta, al tiempo que señaló que esa será la consigna para la lucha de ahora en más. Tras las denuncias, los asesores letrados de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú aconsejaron a los piqueteros más mediáticos que "bajen el perfil", porque no es conveniente que hagan "demasiadas declaraciones" en el marco del proceso judicial abierto, dijeron varios activistas a Ultimas Noticias.
Por su parte el abogado de la asamblea, Luis Leissa, dijo a Ultimas Noticias que la denuncia del gobierno es "un verdadero disparate y no tiene ningún sentido". "Habla de sedición, amenazas públicas. Lo único que nos falta es que nos pongan violación, esto no es más que un exabrupto de los que nos tiene acostumbrados al gobierno", puntualizó. En la misma línea, Leissa señaló que envés de buscar una salida seria a este conflicto, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, criminalizó la protesta. "Con esto lo único que hace es que se reduzca un camino que parecía bien rumbeado de parte del gobernador Urribarri, que estaba planteando una salida con diálogo y los caminos fueron interrumpidos, pero creemos que las cosas se van a reencauzar". Sobre las denuncias, Leissa se mostró confiado en que "no van a avanzar y que todo va a quedar", bajo ningún punto de vista se puede arreglar. Según el abogado, la causa por "homicidio culposo" por la muerte de un motociclista que colisionó contra material usado para el corte de ruta fue archivada el año pasado por el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Gualeguaychú, dado que "hubo una mala actuación de la víctima". En tanto ayer, Aníbal Fernández siguió arremetiendo contra los piqueteros y dijo que "el corte dejó de ser un reclamo popular para ser un capricho". Al tiempo que calificó de "estupidez" los dichos que surgieron de que se está dilatando la resolución del conflicto. "Lo que se está haciendo es poner las cosas en su lugar", afirmó.
Sobre la denuncia penal y civil que presenta el gobierno, Fernández explicó a Radio 10 que "el juez va a tener que actuar, en algún momento los va a procesar y si insisten va ordenar detenerlos". Además reclamó a los piqueteros que mantienen el corte en protesta por la pastera UPM (ex Botnia) que "se hagan cargo de sus responsabilidades penales".
Las demandas civiles y penales a los principales artífices del bloqueo sobre el Puente San Martín dejaron un ambiente caldeado en Gualeguaychú y ya hay varios asambleístas manejan la posibilidad de "presentar una demanda contra el gobierno por encubrir los delitos que se nos acusan por tantos años y recién ahora denunciarlos", señaló el piquetero, Juan Veronesi a Ultimas Noticias. No obstante, aseguró que eso dependerá de las recomendaciones de los abogados.
En tanto, el abogado de los piqueteros, Luis Leissa, dijo a Ultimas Noticias que se podrían usar en la defensa de los piqueteros algunos de los dichos del ex presidente Néstor Kirchner. En tal caso, se aportaría como prueba las declaraciones que realizó en el año 2007 cuando en Tucumán señaló que la lucha contra UPM (ex Botnia) era una "causa nacional". También se podrían incluir las fotos en el que el ex mandatario, junto a su esposa y actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández, portaban banderas argentinas con la leyenda "Fuera Botnia. Viva la Patria", en el marco de una celebraban por el Día de la Bandera.
El intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, marcó su discrepancia con la resolución del gobierno de Cristina Fernández de llevar a los piqueteros ante la Justicia. "Mis vecinos no son delincuentes. Persiguen fines nobles y no merecen ir a la Justicia", argumentó.
Si bien reconoció que "la metodología puede ser equivocada", lamentó la decisión gubernamental y enfatizó que no comparte "judicializar la relación entre las autoridades y los vecinos". En declaraciones a Radio Máxima de Gualeguaychú, argumentó que "no se puede solucionar el conflicto por las consecuencias del conflicto sino por su causa, y la causa es Botnia (UPM)". Bahillo se comprometió a realizar "todas las gestiones que pueda en busca de la posibilidad de que esto se resuelva por el ámbito que se tiene que resolver, que es la política". Apuntó que la demanda constituye "un fracaso de la política. Se debería haber reestablecido un canal de comunicación tras el fallo de La Haya".
El piquetero kirchnerista Luis D'Elía reclamó el fin del corte en Arroyo Verde y expresó su indignación por el "tratamiento semántico diferente" que los medios argentinos dieron a los piqueteros, al denominarlos ambientalistas".
Pocas horas después que el jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, anunciara las demandas contra los piqueteros, D'Elía se unió a las voces oficialistas para exigir que se tomen medidas que permitan "restablecer las relaciones" bilaterales. "Hay que despejar las rutas sin más vueltas", manifestó en declaraciones a Radio 10 de Argentina. A su entender, la Gendarmería debe "desalojar la ruta" mediante el establecimiento de "una serie de retenes que aseguren el libre paso y el normal desenvolvimiento de la actividad en la zona". Apuntó que "el tema harta" porque "está probado que Botnia (UPM) no contamina". Lamentó que "durante años" se haya denominado "asambleístas a quienes claramente llevaban adelante piquetes".