El vino envenenado para el Partido Nacional: 32 años después una ex policía al borde de ser procesada

A casi 32 años del hecho, la Justicia resolverá hoy si procesa a una ex policía acusada de escribir las tarjetas que acompañaron las botellas de vino envenenado con las que en 1978 la dictadura pretendió asesinar a la cúpula del Partido Nacional. "El jueves 31 al mediodía brindaremos por la Patria en su nueva etapa". Eso rezaba la esquela manuscrita que acompañaban las botellas de vino blanco Riesling, que recibieron a fines de agosto de 1978 los dirigentes nacionalistas Luis Alberto Lacalle, Mario Heber y Carlos Julio Pereyra. Cecilia Fontana, esposa de Mario Heber y madre del actual senador Luis Alberto Heber, abrió la botella el 5 de septiembre y bebió un trago. Murió casi en el acto, ya que el vino contenía un poderoso insecticida. Ni Lacalle (que era primo de Fontana) ni Pereyra abrieron sus respectivas botellas, ya que desconfiaron del origen anónimo del regalo.
A poco más de dos meses de cumplirse 32 años del hecho, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Juan Gómez tienen la posibilidad de comenzar a desentrañar el misterio, ya que hoy resolverán la situación de una ex policía que, según pericias realizadas por Policía Técnica, fue quien escribió los manuscritos que acompañaron las botellas de vino. La defensa de la mujer -que fue directora de la Cárcel de Mujeres y que fue procesada a raíz de irregularidades en su gestión- pidió a última hora de ayer la realización de una nueva pericia caligráfica, lo que dilató la resolución del fiscal Gómez, quien en función de los elementos de prueba existentes se aprestaba a pedir su procesamiento, dijeron a El País fuentes de la investigación. El nombre de la indagada fue aportado en la década de los años de 1980 por el entonces senador frenteamplista Germán Araújo, junto con el de otra mujer que también era policía.
Una pericia realizada en los últimos meses descartó la opción de la segunda sospechosa, por lo que la indagatoria se centró desde entonces en la mujer que se encuentra detenida. Un segundo informe técnico entregado a la jueza Merialdo a principios de 2009 arrojó casi 100% de seguridad respecto a que fue ella quien escribió las tarjetas.
Según las fuentes consultadas ayer, el hermano de la indagada es un policía retirado y fue un colaborador muy cercano del inspector Hugo Campos Hermida, quien fue director de Inteligencia policial durante la dictadura (1973-1985).
La Justicia reabrió la indagatoria por la muerte de Fontana y el intento de homicidio de Lacalle, Heber y Pereyra a principios de 2007, a instancias del propio Pereyra, quien aportando nuevos elementos y representado por el abogado Javier Barrios Bove, reclamó el reinicio de la indagatoria.
Desde entonces, una importante cantidad de testigos e indagados declararon en la sede judicial, entre ellos, el ex dictador Gregorio Álvarez, quien en 1978 era el comandante en jefe del Ejército. Incluso, la jueza Merialdo pidió información al Departamento de Estado de Estados Unidos, que aportó diversos documentos relativos al misterioso hecho.
Al pedir la reapertura del caso, Pereyra sostuvo que el asesinato de Fontana nunca se investigó de forma adecuada, ya que el gobierno militar lo atribuyó a diferencias internas dentro del Partido Nacional, y se limitó a indagar en el entorno de las víctimas.
Una vez restituida la democracia, tanto la Justicia como el Parlamento indagaron lo sucedido, pero nunca se pudo llegar a una conclusión determinante, más allá de la clara vinculación de la dictadura con el episodio.
Según investigaciones realizadas por los periodistas Roger Rodríguez y Álvaro Alfonso, el atentado de los vinos envenenados pudo tener su origen en enfrentamientos internos entre facciones militares, así como un posible vínculo del gobierno estadounidense.
Al momento del hecho, en diversos ámbitos castrenses había una fuerte oposición hacia Álvarez, quien se había mostrado partidario a buscar una salida al régimen de facto instaurando un triunvirato (integrado por un militar, un dirigente colorado y un dirigente nacionalista) a fin de iniciar un proceso de apertura democrática en el marco del gobierno de facto de Aparicio Méndez.
Acusan a médico forense
Mario Barreiro Neira, un ex agente de la dictadura uruguaya que desde hace varios años se encuentra detenido en Brasil, aseguró que el encargado de inyectar el fox-drín -un poderoso insecticida- a las botellas de vino, fue un médico forense fallecido hace algunos años. Según Barreiro Neira, este médico también fue el responsable del envenenamiento de Joao Goulart.