Garzón se va a La Haya

Baltasar Garzón ya puede hacer las maletas e irse al Tribunal Penal Internacional para trabajar como asesor externo de la Fiscalía. La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida con carácter de urgencia la tarde de ayer, decidió conceder el traslado solicitado por el juez de la Audiencia Nacional, suspendido de sus funciones el pasado viernes una vez que el Tribunal Supremo decidió sentarle en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes del franquismo.
El Consejo aplazó entonces su petición a la vista de la nueva situación procesal del instructor, pero ahora, una vez recibido los avales de Gobierno, Fiscalía de La Haya, Fiscalía General del Estado y del propio Supremo, no le quedó más remedio que autorizar su marcha a la corte internacional. Garzón se va, eso sí, sin la condición de servicios especiales, como había solicitado, ya que al haber sido suspendido de forma cautelar no ejerce labores jurisdiccionales en activo.
La decisión de la comisión permanente fue adoptada por tres votos a dos. Contó con el visto bueno de la vocal progresista Margarita Robles, del conservador Manuel Almenar y del presidente del Consejo Carlos Dívar; y el rechazo del vocal conservador Antonio Dorado y de la progresista Almudena Lastra. Éstos formularon un voto particular con diferentes significados.
El primero fundamentó su oposición en que el debate debía de haberse limitado a la petición de servicios especiales y la segunda por entender todo lo contrario: que había que aceptar la situación pedida por el juez pese a estar apartado, algo que la comisión tachó de «incompatible».
Compatible
El debate se centró en los informes remitidos al Consejo este lunes y ayer, en los que se avalaba que Garzón trabajase en la Fiscalía de La Haya. El documento clarificador fue el del Tribunal Penal Internacional, que no veía razones para modificar la decisión de contratar al juez pese a estar suspendido.
La razón de fondo para la comisión permanente es que su labor como asesor externo de la Fiscalía no tiene funciones jurisdiccionales, por lo que es compatible con su estatus de juez apartado de forma temporal hasta que el Supremo emita una sentencia. Asimismo, el Consejo podría exigirle que renuncie al sueldo básico en su nueva condición de suspendido, unos 1.800 euros, para irse a la corte de La Haya.
Los miembros de la comisión permanente son los mismos que el pasado viernes desecharon tramitar la solicitud de Garzón, una postura que fue tachada de «desleal» por algunos vocales del sector progresista, que eran partidarios de suspender al juez y de que el Consejo le permitiera irse en situación de servicios especiales, esto es, por un periodo de siete meses y con la condición de no perder su plaza en la Audiencia Nacional a la vuelta. Pero la suspensión lo cambió todo y aplazó la decisión final tomada ayer.
Los últimos informes que avalaban el traslado del juez llegaron ayer mismo. El Ministerio Público señaló que no existían impedimentos legales para que Garzón se fuera en condición de servicios especiales a La Haya y la Sala Segunda del Tribunal Supremo aseguró, sin meterse en el fondo, que no se habían adoptado «medidas cautelares que impidieran la residencia fuera de España del mencionado magistrado», es decir, que no se le había retirado el pasaporte, por lo que no ponía impedimentos para la marcha del juez a la corte internacional.