El gobierno de España le pega un tajo al gasto del Estado

El Gobierno ha decidido acabar con 29 empresas públicas, lo que conllevará una reducción de 80 directivos y 450 consejeros, y ha eliminado 32 altos cargos de los distintos ministerios, con la intención de ahorrar 16 millones de euros al año.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la supresión de un total de 32 altos cargos de la Administración y 29 empresas públicas en el marco del plan de racionalización del sector público que se incluye en el Plan de austeridad para reducir el déficit a niveles más cercanos al 3%.
Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno ha suprimido 32 altos cargos, que incluyen 8 directores generales, una secretaría general y 14 organismos autónomos.
Para racionalizar el sector público empresarial, se han eliminado un total de 14 empresas y se han fusionado 24, lo que supone en total 29 empresas menos que antes y una reducción del 27%. Además, ha reducido el número de directivos de estas empresas en un 10% y en un 15% el de los miembros de los consejos.
De la Vega resaltó que se trata de "medidas rotundas", y aseguró no tener "la más mínima duda de que la economía española hará bien los deberes" y confió en la Administración General del Estado (AGE) "para seguir desempeñando sus tareas".
La reestructuración del sector público supondrá la supresión de ochenta cargos directivos y de 450 puestos de consejeros en empresas y entidades públicas empresariales.
Según el Plan de Racionalización aprobado por el Consejo de Ministros, las empresas públicas estatales recortarán en al menos un 10% sus puestos directivos, cuarenta en total, y un 15% el número de consejeros de aquellas sociedades que cuenten con un consejo de administración de más de seis miembros, 150 en total.
La misma reducción porcentual se aplicará a otras entidades públicas empresariales, lo que implicará una amortización de cuarenta puestos directivos y 300 consejeros.
Habrá una excepción para el caso de las autoridades portuarias, en las que la reducción de consejeros será del 40%, según explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado.
La amortización de los consejeros deberá formalizarse antes del 31 de julio, en tanto que la reducción de los cargos directivos tendrá efecto antes de que acabe el año.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos hará un seguimiento permanente de la aplicación del plan y elevará un informe sobre el mismo al Consejo de Ministros en el primer trimestre del año que viene.