La Gestapo de Punta del Este quedó sola

Las medidas preventivas de seguridad aplicadas en Punta del Este mediante la "expulsión" de personas con antecedentes, no tienen eco en Rocha ni Canelones, los otros dos departamentos de mayor movimiento turístico en el verano en Uruguay.
En el principal balneario de Maldonado, la Policía, en coordinación con la jueza penal Adriana Graziuso, comenzó a desplegar medidas que buscan preservar la tranquilidad en la península. Así, se intenta evitar la presencia de personas con antecedentes penales y que no tengan domicilio fijo.
La magistrada considera que está habilitada a disponer medidas de esas características en función de la Ley de Procedimiento Policial (que autoriza a los efectivos a requerir la documentación a cualquier persona que circule por la calle) y la Ley de Vagancia, Mendicidad y Estados Afines, vigente desde 1941.
En base a esa normativa, Graziuso dispuso que un hombre con antecedentes debía retirarse de Punta del Este, a la vez que ordenó la internación en el INAU de un joven de 17 años. Ambos pedían con insistencia dinero a los turistas.
Sin embargo, el criterio aplicado por la magistrada -que es celebrado por los comerciantes de Punta del Este pero discutido a nivel jurídico por su dudosa legalidad- no se ha aplicado ni en Rocha ni en Canelones.
ROCHA. "Nosotros no hemos tenido necesidad de aplicar el procedimiento que se usa en Maldonado, porque por ahora nos está yendo muy bien en los operativos de prevención de delitos", indicó a El País el subjefe de Policía de Rocha, Celson Sosa. Señaló que la Jefatura conoce lo que ocurre en Maldonado solo por la información de prensa.
Mientras, el comisario de La Paloma, Raúl Silvera, dijo a El País que en su jurisdicción se evalúa "caso a caso" pero no existe "un criterio único como en Maldonado respecto a que si una persona tiene antecedentes debe ser expulsada por más que no haya hecho nada".
En tanto, el juez Vital Rodríguez, a cargo del juzgado letrado departamental de Rocha durante la Feria Judicial de este mes, informó que por el momento la Policía no le ha presentado ningún caso de esas características.
Por otro lado, en Rocha existe preocupación ante la posibilidad de que las personas que sean expulsadas de Punta del Este se trasladen a balnearios de la costa rochense, afectando así la seguridad en el departamento.
Si se constata que la medida adoptada en Maldonado perjudica a Rocha, "veremos qué hacemos", aseguró Sosa. En ese caso se buscará acuerdos con la Justicia para aplicar un mecanismo similar, dijo el subjefe de Policía.
CANELONES. La Costa de Oro también es una zona de intenso movimiento turístico durante el verano. El jefe de Policía de Canelones, Tabaré Gordiola, dijo que no se está aplicando el criterio que se usa en Maldonado, aunque declinó hacer más comentarios debido a que se trata de una medida que depende de la Justicia.
En tanto, el director de Seguridad de la Jefatura de Canelones, Ademar Cardozo, dijo que no hay una coordinación previa con los jueces, sino que se resolverá cuando se presente el primer caso que amerite un procedimiento de ese tipo.
Cardozo dijo a El País que la probabilidad de que se apliquen medidas de estas características "no es tan alta" como en Punta del Esta, porque esa es una zona de alto poder adquisitivo y, por ende, representa un atractivo mayor para quienes pretendan delinquir.
En tal sentido, el juez penal de la Ciudad de la Costa, Allen Denby, dijo a El País que esa zona de Canelones no es problemática durante la temporada de verano, ya que habitualmente los delincuentes optan por trasladarse a Maldonado o Rocha, porque son las zonas donde circula más dinero.
En diciembre, la Policía de Maldonado identificó un total de 28 personas que deambulaban sin domicilio fijo por Punta del Este. Esa cifra arroja un promedio de prácticamente una intervención policial diaria durante el último mes del año 2009, según datos que brindó días atrás el jefe de Policía de ese departamento, Eduardo Martínez, al ser consultado por El País.
De esas 28 personas, casi la mitad tenía antecedentes penales por delitos en otros departamentos. Además, sobre tres de ellos pesaban requerimientos judiciales y policiales por su vinculación en causas que todavía están en trámite.
Incluso, otros cuatro individuos se presentaron de forma voluntaria ante la Policía y solicitaron auxilio para regresar a sus lugares de origen, ya que no encontraron medios para subsistir en el principal balneario del Uruguay, explicó Martínez.
"Una cosa curiosa. Se trata de gente que estaba deambulando desde tiempo atrás por la zona. Por eso se presentaron en la comisaría para ver si de alguna forma no podíamos ayudarlos a volver a sus lugares de residencia. Es gente sin trabajo, sin residencia, ni nada. Le conseguimos los pasajes y se fueron", señaló el jefe de Policía de Maldonado.
Según Martínez, el criterio aplicado por las autoridades policiales en coordinación con la jueza penal Adriana Graziuso, provocó una caída en el número de delitos en Maldonado, principalmente los hurtos.
Policía que conozca el barrio
El futuro ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se pronunció a favor del sistema implementado en Maldonado, pero remarcó que se deben reforzar otros aspectos. "Tiene que ir acompañado de la existencia de una policía comunitaria que conozca realmente a fondo el medio en el que está actuando, como el antiguo guardia civil que conocía el barrio, los vecinos, lo que estaba haciendo el que estaba esperando en una esquina, porque conocía su actividad y denunciaba a quienes estaban esperando con otros fines", dijo en declaraciones que reprodujo el lunes el diario El Telégrafo de Paysandú.