Los hutus fueron protegidos por red internacional para consumar genocidio de la minoría tutsi en Ruanda

Los rebeldes hutus ruandeses que operan en el este de la República Democrática del Congo (RDC) organizaron una red de financiación y apoyo internacional que hizo fracasar todas las tentativas de neutralizarlos, afirma un informe de expertos de la ONU del que la AFP obtuvo una copia. Los rebeldes de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) recibieron, entre otros, el apoyo de organizaciones caritativas españolas, y logran exportar minerales a través de intermediarios, generalmente ugandeses, señala el informe, enviado a principios de noviembre al Consejo de Seguridad de la ONU, que no lo publicó.
El grupo de expertos cita a firmas británicas, malasias y tailandesas que comprarían material procedente de las minas controladas por los rebeldes.
Los rebeldes hutus, refugiados en el este de la RDC desde el genocidio perpetrado en 1994 contra la minoría tutsi de Ruanda, se agruparon en 2000 en las FDLR, de las que cierto número de miembros participaron en las masacres. Se estima que las FDLR tienen unos 5.000 hombres en la RDC.
Los expertos, cuya misión duró más de seis meses, afirman que "las operaciones militares llevadas a cabo contra las FDLR fracasaron en el intento de desmantelar las estructuras políticas y militares de la organización", que sigue reclutando y volvió a instalarse en muchas zonas de las que había sido expulsada. Los rebeldes "siguen teniendo un apoyo significativo de oficiales" del ejército congoleño y "pactaron alianzas estratégicas con otros grupos armados", prosigue el informe. Y, sobre todo, utilizaron sus "redes de apoyo religiosas e internacionales para contrarrestar los efectos" de las últimas ofensivas contra ellos.
Las FDLR "han recibido importantes cargamentos de armas y municiones en 2009 (...) procedentes de Tanzania" y utilizarían Burundi como base para reclutar combatientes.
Los expertos citan a varias personalidades extranjeras que apoyan regurlarmente a las FDLR en la zona, entre ellas miembros de la Fundacio S'Olivar y de Inshuti, organizaciones caritativas españolas que podrían estar "financiadas por el gobierno de las Islas Baleares". Citando el testimonio de un oficial de las FDLR, el informe indica que el presidente de Inshuti, el español Joan Casoliva, que tenía contactos en el gobierno de las Baleares, había prometido "recolectar hasta 200.000 dólares para las FDLR" y podría haber hecho llegar fondos a los rebeldes con la ayuda de un sacerdote belga basado en Tanzania.
El gobierno balear reaccionó afirmando que la fundación S'Olivar actuó siempre "en defensa de la paz, la justicia y la solidaridad y aplicando siempre principios pacifistas y no violentos". Inshuti no pudo ser contactada.
Finalmente, los expertos de la ONU lamentan la falta de cooperación de los países occidentales, entre ellos Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos, donde están instalados dirigentes de las FDLR que mantienen relaciones regulares con los combatientes que se encuentran en la República Democrática del Congo.
Los autores del informe reclaman poder identificar números de teléfono: para ello hicieron "en vano" una petición a Francia relativa a 21 números que tuvieron comunicaciones con teléfonos vía satélite de las FDLR.
Convencidos de que, sin apoyo exterior, la capacidad de los rebeldes se vería "disminuida considerablemente", el grupo de expertos aboga en favor de un "enfoque común" por parte de todos los países concernidos por la actividad de las FDLR y recomienda al Consejo de Seguridad que inste a la emisión de órdenes de captura contra los principales líderes rebeldes que viven en el extranjero.