Uruguay insta a la Corte de La Haya a apoyar el "desarrollo económico sostenible"

Montevideo instó hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la Haya (Holanda), a posicionarse a favor del "desarrollo económico sostenible" cuando emita su veredicto sobre el litigio que le enfrenta con Argentina, al pretender ésta el cierre de la papelera finlandesa Botnia en la ribera uruguaya del río Uruguay. Así lo propuso hoy el profesor de Derecho de la Universidad de California (EEUU) Stephen McCaffrey ante los jueces, en la penúltima audiencia oral que se celebra en La Haya por el litigio.
"Lo que decida la Corte tendrá gran influencia sobre los estándares y calidad de vida de la población", comentó.
Expresó la "confianza de Uruguay" en que el máximo órgano judicial de la ONU no pasará por alto el peso específico del desarrollo económico sostenible al emitir su veredicto.
Además, afirmó que el funcionamiento de la celulosa Botnia "no tiene efecto sobre los usos argentinos del río", refiriéndose a la actividad turística que se produce en la localidad argentina de Gualeguaychu.
Mantuvo que el turismo en esa localidad "se ha incrementado" a pesar del funcionamiento de la papelera Botnia, con actividad desde noviembre de 2007.
El experto acusó a Argentina de no tener ninguna regulación que controle los vertidos de fósforos al río, gran parte de los cuales provienen de la industria activa en la ribera argentina, aseveró.
Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad de Edimburgo (Escocia, Gran Bretaña) Alan Boyle explicó que Uruguay "analizó otras localizaciones" para ubicar la papelera, pero que "fueron rechazadas".
Argentina argumenta que Uruguay no consideró otras localizaciones para Botnia y que Fray Bentos -donde se ubicó la planta de la industria finlandesa- es un lugar "inadecuado", porque a esa altura el río no puede disolver el vertido de la fábrica.
Por el contrario, Boyle mantuvo hoy que los expertos consultados por Botnia antes de la construcción de la papelera, concluyeron que esa fábrica, al construirse en Fray Bentos, "no causaría daños" al río, ni en la ribera uruguaya, ni en la argentina.
También apuntó a que la actividad de la planta no causa problemas a la calidad del agua que pudieran ocasionar daño al ecosistema o alterar el equilibrio ecológico del río.
Durante la fase oral del contencioso, ambas delegaciones han dedicado sendas exposiciones a desprestigiar la independencia de los expertos consultados por ambos países, después de que uno de los jueces preguntara a las partes qué criterios aplicaban para considerar a un experto o institución independiente.
Los jueces también se interesaron en esa fase del proceso por la tecnología usada por la celulosa, especialmente en el blanqueado de la pasta.
Las audiencias orales en este contencioso acabarán mañana, tras haberse extendido tres semanas, con las conclusiones finales por parte de Montevideo.
Buenos Aires elevó el conflicto sobre las papeleras a la CIJ en mayo de 2006, con la aseveración de que el país vecino violó el tratado del Río Uruguay cuando autorizó "unilateralmente" la construcción de dos plantas de celulosa en su ribera del río.
En principio, estaba planeada la ubicación de dos plantas de celulosa, una de la finlandesa Botnia y otra de la española ENCE, pero la segunda decidió reubicar su fábrica en Uruguay en Punta Pereira, sobre la ribera uruguaya del Río de la Plata, para evitar problemas derivados del contencioso en La Haya.
Para Argentina, Uruguay no se sometió a los mecanismos de información y consulta del Tratado en casos de actividades susceptibles de contaminar el medio protegido.
Según el Estatuto del Río Uruguay, la administración de los recursos del río debe ser conjunta.