"Clarín" y el gobierno argentino: una guerra de poderosos intereses

Una batalla épica entre los dos poderes reinantes de Argentina _ la presidencia y el gigante de la comunicación Grupo Clarín _ empezó con una caricatura política, en palabras de un director del diario.
Cuando el dibujo mostró a Cristina Fernández con una X pegada con cinta adhesiva sobre su boca, la presidenta no tardó en decir que era una amenaza "quasi-mafiosa" y acusó a "generales mediáticos" de usar al periódico y canales de televisión para incitar a sus opositores.
La presidenta y su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner, le dijeron a Clarín que "tenían que ser disciplinados", recordó el director Ricardo Kirschbaum.
Ahora, en nombre de la libertad de expresión, Fernández ha propuesto una ley que llevaría a la desintegración del Grupo Clarín, una de las compañías de prensa y televisión por cable más grandes de Latinoamérica.
Desde marzo del 2008, cuando fue publicada otra caricatura sobre el aumento de los impuestos a la soya, la pelea entre la presidenta y el conglomerado mediático se ha tornado costosa y vengativa.
Clarín ha publicado investigación tras otra acusando a los Kirchner y a funcionarios de su gobierno de enriquecimiento ilegal y abuso de poder. Los Kirchner, por su parte, han utilizado dinero de los contribuyentes y a funcionarios gubernamentales para atacar a Clarín.
La semana pasada, 200 agentes encargados de cobrar impuestos interrogaron a empleados del grupo. Esta semana habrá una audiencia pública ante un tribunal de apelación en el que se alegará que los hijos de la directora y accionista mayoritaria de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fueron adoptados ilegalmente durante la guerra sucia argentina.
"Es una lucha a muerte, sangrienta. Es una lucha definitiva", dijo Henoch Aguiar, un ex secretario de comunicación del país.
La presidenta culpa a la cobertura crítica del Grupo Clarín por su 20% de aprobación en las encuestas y por la pérdida de apoyo durante las elecciones legislativas de junio.
Ambas partes se encuentran en una posición inusual, pues durante mucho tiempo los intereses del Grupo Clarín y la presidencia han estado entrelazados.
El periódico más grande y respetado de Argentina ha sobrevivido y prosperado durante dictaduras y presidencias tanto de derecha como de izquierda. Su cobertura encajaba más o menos cómodamente con los intereses del ex presidente Kirchner, en cuya agenda era de primacía la salida de la crisis económica.
Durante su última semana en el gobierno, Kirchner recompensó al grupo al aprobar que se fusionara a una compañía de televisión por cable, con lo cual Clarin casi se convirtió en un monopolio. La compañía ya posee periódicos, revistas, portales de internet, canales de televisión y emisoras de radio.
Ahora la televisión por cable de Clarín ya llega al 80% de los hogares en la capital y al 50% en todo el país.
No obstante, editores y reporteros se dieron cuenta de que la luna de miel había terminado, quizá para siempre, cuando vieron a Fernández en televisión criticando la cobertura del grupo a tan sólo tres meses de haber llegado a la presidencia.
"Hubo un punto de inflexión: nosotros creíamos que el conflicto con el campo era un conflicto puramente artificial", dijo Kirschbaum durante una entrevista en su oficina. "A partir de ahí la tensión política con los medios se acrecentó".
Fernández cumplió su amenaza y retomó un proyecto de reforma mediática que el Grupo Clarin y otros gobiernos habían bloqueado repetidas veces desde la caída de la dictadura argentina hace 25 años.
La propuesta busca impedir monopolios mediáticos al reservar dos tercios del espectro digital para la radio y la televisión no comercial. Además, contempla la creación de una comisión reguladora de contenido.
Sin embargo, la versión de la presidenta añade cláusulas que parecen dirigidas específicamente hacia Clarín.
Según una de ellas, por ejemplo, la telefónica Telecom Argentina podría vender paquetes de televisión, internet y teléfono a toda la población, mientras que los proveedores de televisión por cable sólo podrían ofrecer sus servicios a un tercio de los hogares argentinos.
Esto no evitaría que se formen monopolios, pero sí tiene el potencial para destruir al Grupo Clarín, señaló Aguiar.
Sin embargo, la visita de los agentes fiscales recordó cómo pueden utilizarse las leyes mediáticas para castigar a los opositores, dijo Kirschbaum. Al parecer, la oposición en el Congreso empieza a unirse contra la reforma.
En un aparente intento por mitigar el enfrentamiento con los medios, el gobierno dijo que la visita de los agentes fiscales era una "pantomina" para desacreditarlo, y aseguró que los responsables fueron despedidos. La presidenta, además, propuso despenalizar la difamación, que se castiga con tres años de cárcel
Fernández quiere que su proyecto de ley mediático sea aprobado antes de diciembre, cuando perderá la mayoría en el Congreso.