Un general chileno procesado por las "comisiones" sigue en el negocio de las armas

El general retirado chileno Luis Iraçábal Lobos, procesado a comienzos de esta semana por la presunta recepción de comisiones ilegales en la compra de una partida de tanques "Leopard I" a Holanda, en 1998, ha continuado en el negocio de las armas como representante de empresas extranjeras. Así lo dijo hoy a Efe una alta fuente militar que pidió el anonimato, que añadió que hace tres meses Iraçábal intentó que el Ejército comprara armamento a una empresa de Turquía, pero su proposición fue rechazada en dos reparticiones castrenses. Iraçábal, ex director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae), y el brigadier retirado Gustavo Latorre fueron procesados el 3 de agosto por el juez Manuel Valderrama como presuntos autores de malversación de caudales públicos, al recibir cada uno 298.150,94 dólares en coimas o pagos indebidos en la compra de los tanques. Los 200 blindados fueron negociados inicialmente en 54.574.004 dólares, pero finalmente el Ejército chileno terminó pagando 63.052.133 dólares, con un daño fiscal de 8.478.129 dólares. El juez Valderrama otorgó el pasado día 4 la libertad provisional a ambos oficiales, previo pago de una fianza de 500.000 pesos (unos 925 dólares) pero hoy, jueves, la V Sala de la Corte de Apelaciones revocó la decisión al considerar a ambos "un peligro para la sociedad". Según dijo a Efe la fuente militar, el Ejército ya presumía que Iraçábal sería procesado por el caso de los tanques e indicó que cuando se acercó con la oferta de hace tres meses fue rechazado en la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional y en la Dirección de Logística del Ejército. En la operación de 1998 los tanques fueron ofrecidos por la empresa holandesa Rotterdamse Droogdok Maatschappij Technology (RDM Technology) y como intermediario operó a través de una empresa de papel (Cornwall Overseas Corporation) el ex albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, quien, según fuentes del proceso, recibió como comisión el tres por ciento del pago total. Aitken fue además empleado a honorarios de Famae entre junio de 1990 y noviembre de 1998, según lo estableció la investigación judicial. De igual forma, el periodista Guillermo Ibieta Otto recibió por la operación, a través de sus empresas Eurotechnology y Serlog Limitada, el 14 por ciento del total de la venta. Hasta ahora el juez Valderrama no ha sometido a proceso a Aitken e Ibieta, sobre la base de que el delito de malversar caudales públicos y el fraude al fisco lo cometen sólo quienes tienen la calidad de funcionarios del Estado. No obstante, el abogado Alfonso Insunza, querellante en el caso Riggs por la fortuna mal habida por el fallecido dictador Augusto Pinochet -entre ella las coimas recibidas por la compraventa de armas-, afirmó que la tesis jurídica del ministro Valderrama es "discutible". Insunza dijo a Efe que existen otros jueces y expertos jurídicos que sostienen que también defrauda al fisco o malversa caudales públicos el privado que no tiene la calidad de funcionario público, y sobre esa base consideró que "es muy probable que en los próximos días se pida entonces al juez Valderrama el procesamiento de Aitken e Ibieta". El caso de los tanques "Leopard" la abrió como una arista en la investigación sobre la fortuna de Pinochet el juez Sergio Muñoz, primero que estuvo a cargo del caso y que actualmente es miembro de la Corte Suprema de Justicia.