Uruguay: La Justicia ordenó eliminar los módulos metálicos (latas) para presos, adquiridos por ex ministro Stirling

Un fallo judicial condenó al Ministerio del Interior a disponer las redistribución de reclusos para terminar con el hacinamiento carcelario en todas las dependencias que padecen superpoblación, y a alojar en forma independiente a los penadas de los procesados en un plazo máximo de ocho meses. Además, en una sentencia dictada ayer, la jueza de lo Contencioso Administrativo María Cristina Cabrera, ordenó la eliminación de los módulos metálicos del Penal de Libertad conocidos como "las latas", lo que según la sentencia deberá cumplirse en 120 días. Esas medidas habían sido solicitadas en el pasado mes de abril por los abogados Gustavo Salle y Ramiro Chimuris, a través de la presentación de un recurso de amparo contra el Ministerio del Interior. Los demandantes basaron su reclamo en el informe elaborado a fines de marzo por el relator de la ONU contra la tortura, Manfred Nowak, quien realizó duras críticas al sistema penitenciario uruguayo, y también en los trabajos realizados por el comisionado parlamentario, Álvaro Garcé. En cuanto a las medidas a implementar para terminar con el hacinamiento, el fallo indica que ello deberá cumplirse "reacondicionando locales, redistribuyendo prisioneros, habilitando nuevos establecimientos" según una serie de propuestas presentadas ante la jueza, quien en el marco de este expediente, tomó declaración en calidad de testigo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Larrieux. Por otro lado, sobre la obligatoriedad de alojar en forma separada a los presos con condena de los procesados, la magistrada establece que esa medida representa "razonable y respetuosa de los derechos de los diferentes sujetos privados de libertad", por lo que deberá aplicarse en todas las cárceles. Sobre la eliminación de "las latas" del Penal de Libertad, la sentencia indica que esos habitáculos son inadecuados, por su falta de higiene y ventilación. "Se importó una solución habitacional para un país del primer mundo y se colocó en una zona prácticamente rural", dice la jueza Cabrera en su fallo, el cual será apelado por el Ministerio del Interior. "Si bien se demostró que se están realizando diversos esfuerzos para revertir esta situación en los centros de reclusión con mayores carencias, no se pudo desvirtuar la realidad incontrastable de que al día de la fecha, se violan y se seguirán violando los derechos de los internos en dichas cárceles", sostiene la jueza. En abril, tras el informe de Nowak, el presidente Tabaré Vázquez encomendó a la entonces ministra Daisy Tourné iniciar un proceso de traslado de presos hacia el ex penal de Punta Rieles, lo cual todavía no se inició. El fallo de la magistrada concluye que el estado actual del sistema carcelario "no puede ser tolerado en forma indefinida permaneciendo en la indiferencia -y por consiguiente- en la omisión de parte del resto de los actores públicos". La jueza María Cristina Cabrera sostuvo que el informe elaborado por el relator de la ONU contra la tortura, Manfred Nowak, es una "afrenta nacional" que evidencia la "penosa situación" del sistema carcelario uruguayo. Ese fue uno de los argumentos que utilizó la magistrada para hacer lugar a la demanda de los abogados Gustavo Salle y Ramiro Chimuris. En marzo, Nowak señaló que las condiciones de reclusión en varias cárceles son "infrahumanas". (El País). La adquisición de los módulos metálicos se realizó durante el gobierno de Batlle y el entonces ministro del Interior, Guillermo Stirling, siempre fue un acérrimo defensor de su compra, porque solucionaba el problema de hacinamiento en el penal.