Uruguay: decreto de esencialidad para contención de menores infractores duró un día

Sí, pero no. Esa es la realidad que se vive en Uruguay en muchas cosas y no es nuevo. Apenas 24 horas después de imponerlo el gobierno resolvió levantar el decreto que disponía la esencialidad del servicio de atención a menores infractores. Fue suficiente que los trabajadores se comprometieran a algo que deben hacer sí o sí, es decir recibir a los menores en los hogares de la Institución, para que el gobierno diera marcha atrás en una resolución tan delicada. Hasta hace pocos días los menores pernoctaban en comisarías porque los funcionarios se negaban a recibirlos, aduciendo, superpoblación, falta de recursos y de personal. Esa situación provocó, por ejemplo, que dos menores prendieran fuego una seccional policial. La situación se tornó cada vez más delicada hasta que el gobierno apostó al decreto no para mandar un mensaje de autoridad, que en estos casos es imprescindible, sino para presionar. Y no es cosa buena que un gobierno amenace con instrumentos legales y constitucionales para resolver conflictos gremiales. En la reunión de ayer participaron autoridades del Ministerio de Trabajo, el directorio del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau), el Pit Cnt y el sindicato. De allí surgió una fórmula "mágica": los trabajadores (hasta hace poco llamados educadores) resolvieron "aceptar el ingreso de menores a los hogares", con la condición de que en caso de que se generen conflictos (es decir estalle un motín y se destruya un hogar) se sentarán en una mesa las autoridades, el sindicato, el Pit Cnt y Cofe, para "analizar situaciones especiales o excepcionales. Con eso bastó para que el gobierno levantara el decreto impuesto un día antes, igual siempre hay tiempo para reunirse con tranquilidad mientras la metropolitana lucha contra 50 jóvenes en el próximo amotinamiento. Lo que hicieron los funcionarios al negarse a recibir a menores infractores en la institución creada justamente para ello, es imperdonable. También lo es la actitud del gobierno que no demostró criterio para sostener una medida o simplemente para no adoptarla. El caso es que la contención de menores infractores en Uruguay no ha cambiado un ápice y el "síndrome de las reunionitis" se afianzó aún más en un país donde el termo y mate, parece, todo lo resuelve.