En Uruguay, la Federación Rural acusa al gobierno de utilizar sequía con fin electoral

La directiva de la Federación Rural cuestionó ayer con dureza en Soriano el “hostigamiento” del gobierno hacia el sector rural, el uso político de la sequía y calificó a las medidas oficiales de auxilio de “inoperancia, ineficiencia e insignificancia”. La Federación Rural salió ayer al cruce del gobierno con un duro cuestionamiento hacia el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y su gestión de la crisis agropecuaria.
La directiva de la gremial, más algunos presidentes de las agremiaciones federadas -la denominada directiva ampliada-, sesionó ayer en el marco de la Expoactiva y emitió un comunicado en el que se abren juicios fuertes sobre la gestión del Mgap y sus organismos descentralizados.
En una declaración dirigida al "verdadero país productivo", la gremial enumeró los problemas que enfrenta el agro mencionando "el manejo del tipo de cambio como instrumento para controlar la inflación, la inseguridad en el medio rural y también en el urbano, la creciente extranjerización de la tierra, los crecientes costos de producción (como) resultado de un brutal aumento del gasto público pero también de la estructura de costos del sector privado por acciones, omisiones y determinaciones del actual gobierno".

Los ruralistas dijeron que el agro debe lidiar también con problemas peligrosos "porque atentan contra la integridad, la sustentabilidad y la supervivencia de la familia, la trama social, la empresa y el medio rural en forma directa, y de la sociedad toda como consecuencia".

"Vemos con honda preocupación la cruzada de desinformación que desde el gobierno se ha desatado en contra del sector agropecuario en su conjunto, que importa el desconocimiento expreso de sus instituciones y la distorsión de la realidad aprovechando la desinformación que de ésta tiene la opinión pública en general", rezó el memorando.

"La creación de las Mesas de Desarrollo Regional, la mayoría de ellas inoperantes, y el fomento de agrupaciones de productores, buscan diluir la responsabilidad ministerial, a la vez que minimizar el papel de los interlocutores genuinos, que son las asociaciones rurales locales legalmente reconocidas". Cuestionó también "el permanente hostigamiento desde el gobierno, acusando al sector de imprevisión e ineficiencia, así como de 'haber analizado mal los riesgos', en palabras del actual ministro, o de argumentar una sequía inexistente, (que) abarca en sus consecuencias a más del 80% de la agropecuaria nacional sin que se haya propuesto una política adecuada para revertir la situación".

"La inoperancia, ineficiencia e insignificancia -cuando no inconveniencia- de la medidas tardíamente adoptadas ante la emergencia de la sequía, producto del profundo desconocimiento técnico y empírico que se observa en las autoridades teóricamente competentes al respecto, quedan minimizadas al compararse con el malintencionado manejo comunicacional, que con interés político de estas medidas se hace", agregó el comunicado.

FINANZAS

El documento también abrió un duro juicio de los auxilios financieros del gobierno hacia el agro.

"Lo mismo sucede cuando (el gobierno) habla de otorgar subsidios o créditos que no son tales, sino un seguro endeudamiento, cuando en realidad durante este gobierno se ha hecho una extracción extraordinaria de recursos del orden de más de 50 millones de dólares de los sectores lechero y cárnico en tan sólo 17 meses, mediante el simple trámite de reducir la devolución de impuestos a la exportación de estos productos".

"El inconveniente manejo del tipo de cambio como herramienta de contención de una inflación que el propio gobierno promovió con sus medidas, el desproporcionado aumento del gasto del Estado, políticas procíclicas de mano abierta, aumento de la estructura de costos de todo el sector privado, no sólo restan competitividad reduciendo exportaciones, ingresos y fuentes de trabajo, sino que cuestan al país reservas que no tiene, aumentando su nivel de endeudamiento".

"Finalmente, el progresivo -que no progresista- avance del Estado hacia un modelo centralizador e interventor, inevitablemente acarreará al deterioro de las libertades e iniciativas productivas que aún persisten, ya suficientemente limitadas por la normativa actual", concluyó. Ultimas Noticias.