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CAUSA ABIERTA

JUSTICIA

Matar a policías, jueces y fiscales será un homicidio especialmente grave en Uruguay

Matar a policías, jueces y fiscales será un homicidio especialmente grave en Uruguay

El gobierno acordó con la oposición considerar como un homicidio especialmente agravado cuando un delincuente mata a un policía, a un juez o a un fiscal.

Así lo anunciaron este martes representantes de la oposición que se reunieron con el presidente Tabaré Vázquez, y fue ratificado por el prosecretario Juan Andrés Roballo.

“No se pondera el valor vida diferente de acuerdo a la actividad de las personas, la vida tiene el mismo valor para todos”, dijo Roballo.

Sin embargo agregó: “lo que sí es cierto es que se considera a quienes por su función están más expuestos, como policías, fiscales y jueces”.

El acuerdo es que la Comisión Técnica creada por el gobierno, con delegados de todos los partidos políticos, analice esta propuesta y emita una opinión de cómo concertarlo.

El senador Javier García dijo que también se acordó considerar especialmente agravado el homicidio de un trabajador, sea cual sea, pero Roballo dijo que lo que se resolvió fue pasarlo a la Comisión Técnica para que lo analice.

“No estamos hablando de esquema de agravamiento de penas, sino utilización de herramientas con las que ya se cuenta”, dijo Roballo.

El senador Luis Alberto Heber dijo también que se acordó analizar la forma de aumentar la pena mínima para el delito de homicidio intencional, que hoy tiene 20 meses de prisión y se propone llevarla a 24 meses de penitenciaría. De esta forma dejaría de ser excarcelable, pasando a ser un delito con pena de cárcel siempre.

Por otro lado, se acordó también sacar a las cárceles del Ministerio del Interior, pasándolas en principio al Ministerio de Educación y Cultura.

“Se acuerda lo que está previsto en la ley de Presupuesto, que propone un servicio descentralizado para las cárceles, vinculado no a través del Ministerio del Interior, sino con el Ministerio de Educación, pero eso hay que ajustarlo”, dijo Roballo.

Piden denunciar delitos para que no queden en libertad delincuentes captados por cámaras

Piden denunciar delitos para que no queden en libertad delincuentes captados por cámaras

La Justicia explicó que no procesó al hombre que fue capturado intentando robar un auto porque no hubo denuncia. El Ministerio del Interior exhorta a denunciar.

El lunes se conoció la noticia de que un hombre de 21 años, que había sido capturado tras ser visto por visualizadores de las videocámaras intentando robar un auto en La Unión, había quedado en libertad.

El Ministerio del Interior recordó que, días atrás, también habían quedado en libertad los tres detenidos por pedreas en los accesos a Montevideo, y señaló que, en ambos casos, no hubo denuncia por parte de las víctimas de los hechos.

En ese sentido, aclaró que "ambos son casos que configuran delitos perseguibles a instancias del ofendido", por lo que necesariamente debe existir denuncia de las víctimas para que un Juez pueda proceder. De lo contrario, se le otorga la libertad a la persona detenida a falta de dicho impulso procesal.

El Ministerio del Interior añadió que estos sucesos tomaron notoriedad pública, pero "son numerosos" los casos que no se denuncian. Por ese motivo, exhorta a la la población a realizar la denuncia correspondiente ante cualquier hecho delictivo.

El Poder Judicial emitió el martes una comunicación en el mismo sentido, en la que recuerda que el juez Juan Carlos Fernández Lecchini contó con los videos aportados por el Ministerio del Interior, pero la propietaria del vehículo no concurrió a declarar ante la sede judicial.

Por ese motivo, la fiscal Ana Tellechea, fundándose en la no comparecencia de la víctima y en razones de política criminal, solicitó el archivo de las actuaciones.
Montevideo Portal

Un vecino del barrio Maracaná a la cárcel por crimen de Dayana Yeyé

Un vecino del barrio Maracaná a la cárcel por crimen de Dayana Yeyé

El juez, Huberto Álvarez, procesó con prisión a una persona por el delito de encubrimiento en la muerte de la joven Dayana Yeyé y también se le imputaron los delitos de violación y privación de libertad en otros casos, según confirmó el propio juez a Telenoche. Hay otras dos personas que todavía están declarando.

La Policía detuvo ayer a tres personas por la muerte de la joven de 22 años en mayo. Yeyé fue encontrada muerta, 20 días después de haber desaparecido, con el cuello atado a una rama con una bufanda y las manos también atadas.

La autopsia realizada descartó que haya sido un suicidio. La joven era madre de una pequeña de 18 meses y fue encontrada en un terreno lindero a la casa donde vivía luego de que el padre fuera advertido por unos vecinos.

Los tres detenidos son vecinos del barrio Maracaná donde residía la joven. Según dijeron fuentes policiales el homicida primero violó a la joven, que luego lo reconoció del barrio y por este motivo la mató.

Dayana desapareció el pasado 12 de mayo tras salir de su casa a las 4:45 de la madrugada hacia la parada de Camino Cibils y Los Cedros, donde debía tomarse el ómnibus 163 para ir a trabajar a un supermercado de Pocitos. Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona revelan que Dayana nunca llegó a la parada ni se tomó dicho ómnibus.

Un informe de la Justicia indica que el celular de Dayana fue apagado sobre las 7 de la mañana de esedía, poco más de dos horas después de salir de su casa para trabajar.

La encargada de la empresa donde se desempeñaba la llamó sobre esa hora, porque Dayana no se había presentado a la hora habitual, pero nadie respondió.

Unos segundos después el celular fue apagado. La policía cree que si a esa hora ya había sido secuestrada, alguien pudo haber escuchado el teléfono y lo apagó.

Corrupto de Figueredo le miente a la justicia y embarra la cancha

Corrupto de Figueredo le miente a la justicia y embarra la cancha

Figueredo modificó su declaración inicial y comprometió más al ex presidente de la AUF, Sebastián Buazá. Lo acusó de un delito y dio detalles que en primera instancia dijo no conocer, pero también habló de sus socios y del estudio Damiani, que le vendió las empresas. A estos últimos los deja en claras faltas administrativas, pero no vinculados a un delito penal. Para eso se debería comprobar que ambos conocían el origen de los fondos, algo que en estos casos es difícil.

Figueredo declaró el 15 de junio ante la jueza Adriana de los Santos, la fiscal María de los Ángeles Camiño, y los peritos contables Ricardo Gil y Élida Pardo.

Su primera declaración fue el 24 de diciembre cuando fue procesado por estafa y lavado de activos. Figueredo peleó por ser extraditado de Suiza, donde estaba detenido, a Uruguay y reconoció los delitos por los que estaba acusado. Luego firmó un acuerdo de colaboración con el fiscal Juan Gómez y ahora está declarando como parte de esa colaboración.

En diciembre, Figuerdo dijo que la empresa Full Play les entregó 400.000 dólares a los 10 presidentes de las federaciones que integran la Conmebol. “Yo no era presidente pero recibía un dinero equivalente o mayor pero por ninguna cosa en particular, solo por ser integrante y por ser ese grupo, le digo la verdad, eran tan natural que el que ingresaba recibía ese dinero que cada uno sabía”.

Pero en ese momento Figueredo aclaró que no sabía de qué forma recibieron el dinero los presidentes. Su declaración está relatada en el libro "Figueredo, a la sombra del poder".  

“Dije que todos los presidentes recibieron dinero de Full Play (...) no sé de qué manera recibían el dinero los presidentes”.

Entonces el fiscal le preguntó cuál era el presidente de la AUF que según su relato recibió 400.000 dólares. “Era Sebastián Bauzá”, respondió Figueredo.

“¿Cómo sabe usted que a los presidentes de las Asociaciones les pagaron 400.000 dólares?”, le preguntaron. “Porque me lo dijo Hugo Jinkis de Full Play”, respondió.

Sin embargo, ahora dijo que él le dio la plata a Buazá y ratificó algo que no había dicho, al menos en esa primera declaración. “Ratifico lo que dije en su momento, que le entregué físicamente a Bauzá la suma de 400.000 dólares producto de los sobornos que se habían repartido a los otros presidentes”, afirmó.

Figueredo dijo que esto pasó “a mediados de julio de 2013” y que le hizo una entrega y Bauzá los aceptó. Fueron dos de 200.000 dólares. La otra entrega fue posterior o anterior, no lo recordaba.

“Él no quería figurar y me pidió a mí que le gestionara el dinero. Yo le pregunté si su señora estaba al tanto y me dijo que no. Yo se lo entregué en efectivo. Bauzá me dijo que pensaba invertirlo en una casa en Punta del Diablo. Esa fue la conversación con Bauzá. Quiero agregar que le traje muchas veces los sueldos que él percibía mensualmente y esto lo tengo registrado. Al principio era 10.000 y después fueron 20.000. Yo no recuerdo si Bauzá llegó a recibir los 20.000 dólares”, señaló.

La fiscal Camiño le preguntó de quién vino ese dinero. “Vino de uno de los grupos de sponsor, no recuerdo si de Full Play o de Torneos y Competencias”, dijo Figueredo, que ahora no recuerda bien quién pagó la plata.

“¿Qué tipo de vínculo tenía con Sebastián Bauzá?”, le preguntó la fiscal.  “Solo a través de la AUF”, respondió.
La visita de sus socios y los ahorros de su hija

Mientras estuvo preso en Cárcel Central, Figueredo recibió dos visitas de sus socios en varios proyectos inmobiliarios millonarios. Ricardo y Daniel Weiss, padre e hijo respectivamente, le hicieron una visita cada uno hasta que por recomendación de su abogada Figueredo no los vio más.

El presidente de la AUF y Conmebol dijo que él empezó a trabajar con ellos cuando se separaron de Atijas y que ellos le ofrecieron invertir en varias cosas, siempre en el rubro inmobiliario.

“Weiss me llamaba y me decía cuánto dinero precisaba para un emprendimiento y yo le decía que en cuatro o cinco días lo tenía. En la última época, cuando vinieron los ingresos más grandes fue cuando hicimos las inversiones más grandes y con los sponsors (…) Los sponsors giraban directamente al Banco Santander de Punta del Este a la empresa Weiss o una SA tal”, declaró.

Figueredo dijo que nunca firmó un contrato con los Weiss y que los negocios se hicieron en base a “confianza”. Tampoco tenía idea de la ingeniería que se usaba para canalizar el dinero. “Creo que era una combinación entre el estudio contable de Damiani, la empresa Weiss y el escribano Améndola. Yo lo voy a averiguar. No sé quién armaba la ingeniería de los pagos”, expresó.

La ausencia de memoria en las declaraciones de Figueredo no es nueva. Estuvo en su primera declaración donde no recordaba bien algunos episodios y ahora también le pasó.

Ahora le preguntaron por un movimiento bancario desde una cuenta de su hija a la de una abogada boliviana de 38 años, quien recibió un depósito de 300.000 dólares el 3 de febrero de 2014.

“Sí eran de mi hija, serían ahorros que ella tenía. No puedo responder en este momento cómo generaba ingresos mi hija. En esa época ella tenía 16 años”, dijo.

A Figueredo le recordaron durante el interrogatorio que había información que se comprometió a dar como parte del acuerdo y no la estaba dando. Al final, la defensa de Figueredo fue intimada a presentar las acciones de varias Sociedades Anónimas suyas radicadas en Panamá y los compromisos de compraventa del Hyatt (plazo de cinco días), presentar en detalle las sumas de dinero que les entregó a los Weiss por cualquier concepto y justificar el origen de los fondos y el destino de la transferencia realizada desde la cuenta de su hija.

También aclarar cuál es la relación de Figueredo y su esposa, y el uso que le dieron a algunas sociedades.
Por: Emiliano Zecca, 180.com
El título es de Causa Abierta

Vecino de Dayana Yeyé irá a prisión por homicidio

Vecino de Dayana Yeyé irá a prisión por homicidio

El fiscal Juan Gómez dijo a Montevideo Portal que “seguramente va a haber enjuiciamiento” por el asesinato de Dayana Yeyé. Gómez pidió el procesamiento de un vecino de la víctima.

El juez Huberto Álvarez decidirá esta tarde si da lugar al pedido de procesamiento de un hombre por el homicidio de la joven de 22 años Dayana Yeye.

En conversación con Montevideo Portal, el fiscal Juan Gómez señaló que el indagado-aunque no reconoce haberla matado- admitió parcialmente haber participado en los hechos y brindó información “que solo quien estuvo en el hecho la puede saber”.

El hombre-que estaría vinculado a otros delitos de violación- admitió haber escondido el cadáver de la joven, pero apunta como autores del asesinato a otras dos personas que también fueron convocadas al juzgado.

Las personas acusadas por el indagado niegan toda participación en el hecho y hasta el momento no existen elementos-en manos de la fiscalía- que los involucren con el asesinato de la joven, ocurrido el pasado 12 de mayo.

Gómez planteó que durante la causa fueron llamadas a declarar decenas de personas y resaltó el trabajo realizado con discreción para proteger la investigación

La policía capturó a tres sospechosos del crimen de Dayana Yeyé

La policía capturó a tres sospechosos del crimen de Dayana Yeyé

La Policía detuvo a tres personas por la muerte de la joven Dayana Yeyé en mayo, según confirmó a Telenoche el fiscal del caso, Juan Gómez. Los detenidos declararán ante el juez, Huberto Álvarez, esta tarde.

La joven fue encontrada muerta 20 días después de haber desaparecido con el cuello atado a una rama con una bufanda y las manos atadas. La autopsia realizada descartó que haya sido un suicidio. La joven de 22 años y madre de una pequeña de 18 meses fue encontrada en un terreno lindero a la casa donde vivía luego de que el padre fuera advertido por unos vecinos.

Las dos personas que habían sido detenidas en su momento recuperaron la libertad rápidamente. En este caso, los tres detenidos son personas del barrio Maracaná donde residía la joven, según informaron fuentes policiales.

Dayana desapareció el pasado 12 de mayo tras salir de su casa a las 4:45 de la madrugada hacia la parada de Camino Cibils y Los Cedros, donde debía tomarse el ómnibus 163 para ir a trabajar a un supermercado de Pocitos. Las cámaras de seguridad ubicadas en la zona revelan que Dayana nunca llegó a la parada ni se tomó dicho ómnibus.

Un informe de la Justicia indica que el celular de Dayana fue apagado sobre las 7 de la mañana de esedía, poco más de dos horas después de salir de su casa para trabajar. La encargada de la empresa donde se desempeñaba la llamó sobre esa hora, porque Dayana no se había presentado a la hora habitual, pero nadie respondió.

Unos segundos después el celular fue apagado. La policía cree que si a esa hora ya había sido secuestrada, alguien pudo haber escuchado el teléfono y lo apagó.

A la cárcel un hombre de 21 años tras degollar a su compañero de trabajo en Río Branco

A la cárcel un hombre de 21 años tras degollar a su compañero de trabajo en Río Branco

Procesaron por homicidio a un hombre de 21 años por asesinar a su compañero de trabajo, de 46 años, en cercanía de Río Branco.

Lo degolló con un hacha y luego le robó doce mil pesos, según dijo el autor del crimen a la Justicia.

El violento hecho fue en paraje Cañada Grande y ocurrió dentro de una pieza. Luego de diversas actuaciones se logró la detención de dos personas mayores y un adolescente, que tendrían relación con el hecho.

Ante la Justicia se confesó un hombre de 21 años como autor penal responsable del acto de homicidio. Ahora permanece en la cárcel departamental.

Según fuentes policiales había otras personas en la escena del crimen, pero antes de la discusión se retiraron del lugar.

Pablo Goncálvez:“ Ya pagué, voy a salir por la puerta; no tengo nada que ocultar”

Pablo Goncálvez:“ Ya pagué, voy a salir por la puerta; no tengo nada que ocultar”

Pablo Goncálvez pasó sus últimas horas en la cárcel de Campanero sin demostrar ansiedad. Un guardia le preguntó si quería quedarse un día más —llevaba 23 años preso—, para sortear el asedio de la legión de periodistas que desafiaba el frío en la puerta del complejo de Campanero, una cárcel-chacra ubicada a tres kilómetros de la ciudad de Minas.

Goncálvez, con total tranquilidad, le respondió: "Yo no tengo nada que ocultar. Ya pagué lo que tenía que pagar. Voy a salir abrigado por la puerta y ellos no me van a reconocer".

Ese jueves 23, Goncálvez tuvo su última salida transitoria antes de ser liberado. Se trata de un beneficio que goza desde hace tres años. Los policías no saben qué hizo. Presumen que fue un boliche del centro de Minas a beber un cortado mientras espera a su madre.

Al ver a los periodistas haciendo guardia en el entrada de Campanero, los policías lo citaron para que se presentara a las 19:00 horas de ese día en la zona de ingreso de la cárcel.

Campanero es un establecimiento de 22 hectáreas y tiene varias entradas, dijeron a El País fuentes del Instituto de Rehabilitación.

A medida que se acercaba la medianoche, los cuatro funcionarios del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario (DIAP) comenzaron a preparar toda la documentación para la liberación de Goncálvez, 23 años después de que fuera procesado y sentenciado por los asesinatos de Andrea Castro, María Victoria Williams y Ana Luisa Miller.

Goncálvez, en sus últimas salidas transitorias, ya había sacado todas sus pertenencias de Campanero. Al caer la noche, dejaba pasar los minutos en compañía de los funcionarios del Instituto de Rehabilitación. En un momento salió a colación la guardia que realizaban varios periodistas afuera del penal Uno de los policías también se refirió al tema: "Es su trabajo".

En ese momento, un funcionario del INR abrió la ventana para ver si afuera habían muchos periodistas. Los flashes de las cámaras estallaron. También se encendieron las cámaras de las filmadoras.

Al principio, los funcionarios del INR bromearon sobre el incidente. Luego, con el correr de las horas, el policía fotografiado comenzó a preocuparse por la posibilidad de que su imagen se publicara y alguien atentara contra su vida.

En la tarde de ayer, el Ministerio del Interior publicó un comunicado: "En las últimas horas, y en ocasión de la liberación de Pablo Goncálvez, se difundieron imágenes que supuestamente corresponderían al mismo. Por intermedio del presente, las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación desmienten de forma categórica que las imágenes difundidas por algunos medios de comunicación, dónde supuestamente se muestra a Pablo Goncálvez momentos antes de su liberación, pertenezcan a él. Dicha imagen corresponde a un funcionario del Ministerio del Interior que se encontraba trabajando en el operativo".

A las 23:57 horas del jueves 23, Goncálvez traspasó las puertas de la cárcel de Campanero. Como le había dicho a los policías que lo custodiaban o brindaban protección, pasó desapercibido por las personas que allí se agrupaban.

Según los policías que lo acompañaron las últimas horas dentro del establecimiento, Goncálvez se veía calmado. Lucía ropa informal. Una bufanda cubría parte de su rostro.

Goncálvez fingió ser un policía y se subió al auto Suzuky, modelo Switf, de color marrón. Adentro lo esperaban tres funcionarios del Departamento de Investigación y Análisis Penitenciario encargados del operativo de sacarlo de la cárcel con discreción.

El auto, a una velocidad rauda, se alejó del penal. Nadie sabe dónde fue.

En un momento trascendió que Goncálvez se había subido a otro vehículo en la ruta 8. Sin embargo, ese dato fue desmentido por funcionarios de la cárcel de Campanero. El auto se dirigió hacia el centro de la ciudad de Minas.

En los primeros minutos de libertad total, lo único que llamó la atención a Goncálvez fue la densidad de la niebla.

Justicia argentina citó a declarar a Juan Pedro Damiani por la Ruta del Dinero K

Justicia argentina citó a declarar a Juan Pedro Damiani por la Ruta del Dinero K

La Justicia argentina citó a declarar a Juan Pedro Damiani, en el marco de la causa que investiga a Lázaro Báez y la “Ruta del dinero K”. “Es claro y notorio que no tiene ninguna relación con Lárazo Báez ni con la Ruta del Dinero K”, dijo Jorge Barrera, abogado de Damiani.

La Justicia argentina citó a declaración indagatoria a cuatro hijos del empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero, luego de detectar cuentas en Suiza con fondos que podrían haber formado parte de las maniobras investigadas, informó EFE.

Sebastián Casanello, juez de la causa, y Guillermo Marijuán, fiscal, explicaron que Báez llevaba el dinero a Suiza, que reingresaba a Argentina por la supuesta venta de bonos, para luego comprar inmuebles.

"Estas cuentas son cuentas en Suiza pero no implica descartar otros países. Suma de más de 25 millones de dólares pero no implica descartar que sea mayor", dijo el magistrado, quien asegura que lo que le importaba a Fiscalía y al juzgado es explicar "maniobras que son sumamente complejas".

Marijuan dijo que las cuentas estaban a nombre de los cuatro hijos de Báez.

Lázaro Báez, en prisión preventiva desde abril, está acusado por una presunta maniobra para "sacar del país y reingresar al circuito comercial y financiero formal, disimulando su origen, grandes sumas de dinero no declaradas, provenientes de actividades delictivas".

Además, y vinculado a la misma causa, el juez Casanello llamó a indagatoria a Juan Pedro Damiani, presidente de Peñarol. Esto fue confirmado por el periodista argentino Daniel Santoro, ya que el mandamás carbonero figuraría como director de una empresa que realizaba operaciones ahora investigadas.

Jorge Barrera, abogado de Damiani, aseguró que su cliente se presentará a declarar el 15 de julio, y dijo que "es claro y notorio que no tiene ninguna relación con Lázaro Báez ni con la Ruta del Dinero K. Lo único que los une es el mismo prestador de servicios, que es Helvetic Service Group".

En diálogo con Telemundo, Barrera sostuvo que eso "no significa ser socios, ni hacer negocios. El que tengan un mismo prestador de servicios no los vincula".

El abogado precisó que esta comparecencia de Damiani "va a ser una oportunidad para demostrar que no tiene nada que ver, nunca lo conoció, ni directa ni indirectamente, no existe ningún tipo de relación".

Barrera agregó que toda la actuación de Damiani "fue conforme a derecho".

Justicia del Crimen Organizado en Uruguay estará en manos de dos mujeres

Justicia del Crimen Organizado en Uruguay estará en manos de dos mujeres

La caída en Uruguay del jefe del cartel mexicano Los Cuinis, la ruta del dinero K y 22 denuncias sobre la gestión de los últimos años en Ancap. Estos son solo algunos de los temas que ocuparon a los juzgados de Crimen Organizado en el último tiempo.

Con dos turnos y métodos sofisticados de investigación, los juzgados de Crimen Organizado se crearon en 2009 para combatir delitos complejos como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción y el lavado de activos.

Las juezas penales Beatriz Larrieu y María Helena Mainard reemplazarán a Adriana de los Santos y Néstor Valetti, después que se cumpliera el período establecido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para ocupar esos cargos.

Larrieu y Mainard comenzarán a ejercer en julio, aunque aún no sé conocen a qué turno será asignada cada una.

La BBC se ocupa de Pablo Goncálvez: "El único asesino en serie de Uruguay cuya liberación causa miedo y polémica"

La BBC se ocupa de Pablo Goncálvez: "El único asesino en serie de Uruguay cuya liberación causa miedo y polémica"

Primero, fue asesinada una joven profesora de historia, hermana de una conocida tenista. Después, una quinceañera que salía de un club bailable. Y más tarde, una estudiante que desapareció rumbo al trabajo.

Las tres murieron sofocadas, entre el último día de 1991 y febrero de 1993.

En todos los casos, las víctimas habían sido vistas por última vez con vida en Carrasco, el barrio más acomodado de Montevideo.

La mezcla de misterio y pánico que causaron esos crímenes en una de las capitales más seguras de América Latina dio paso a la sorpresa cuando un universitario de 22 años, vecino del barrio, fue detenido y confesó ser el autor.

Su nombre: Pablo Goncálvez. La condena: 30 años de cárcel, el máximo previsto por la legislación de Uruguay.

Goncálvez es considerado desde entonces el primer y único asesino en serie de la historia moderna del país, un prototipo criollo de esos psycho killers que suelen verse en el cine o la TV.

Pero lejos de ser apenas un dato histórico, Goncálvez ha vuelto a causar temor y polémica en los últimos días, tras informarse que, con 46 años, quedará libre este jueves.

“Al haber cumplido la totalidad de la pena, no hay otra opción para el sistema de justicia que liberarlo”, dijo Raúl Oxandabarat, portavoz de la Suprema Corte de Justicia uruguaya, a BBC Mundo.

Explicó que, en base al trabajo y estudio que realizó mientras estuvo detenido, Goncálvez logró reducir la pena máxima a 23 años, cuatro meses y tres días.

Su liberación plantea una pregunta difícil para el país sudamericano de solo 3,3 millones de habitantes: ¿cómo se convive con un asesino en serie, suelto y famoso?

Viajes, estudios y motos

Muchas cosas eran diferentes en Uruguay a fines de 1991.

Luis Suárez tenía 4 años y estaba lejos de convertirse en el máximo goleador de la selección, José Mujica era un militante político que nadie imaginaba como presidente, y legalizar la marihuana era algo que apenas se oía en canciones de reggae.

El país tenía además tasas de homicidio más parecidas a las naciones de Europa occidental que a los vecinos latinoamericanos.

Goncálvez vivía entonces en una gran casa de Carrasco, hijo de un diplomático con dilatada carrera en el exterior y buen pasar económico.

Nacido en Bilbao (España) en 1970, realizó un periplo por varios países de niño acompañando a su padre hasta asentarse en Montevideo, donde pasó la adolescencia y tuvo una novia.

Se destacó con buenas calificaciones en los estudios y comenzó la carrera de Ciencias Económicas. Además arreglaba motos en el fondo de su casa.

Quienes lo conocían lo recuerdan como alguien normal, aunque poco sociable.

Su noviazgo se rompió en 1991, el mismo año en que la empleada de un hospital lo denunció por haberla violado tras amenazarla con un arma en su auto, esposarla y secuestrarla.

Goncálvez adujo ante la policía que se trató de una relación sexual de mutuo acuerdo. La mujer mostró como prueba el documento del agresor, pero éste argumentó que ella le robó la billetera. Y quedó libre sin cargos.

Faltaba poco para que ocurriera el primer asesinato.

“Mi madre tenia pánico”

Ana Luisa Miller fue sofocada a los 26 años de edad, en la noche de año nuevo de 1992. Su cadáver, con marcas de golpes en el rostro, fue arrojado por la mañana en una playa próxima a Carrasco. Su auto estaba a metros de la casa de Goncálvez.

Casi nueve meses después desapareció Andrea Castro. Salía de una discoteca de Carrasco frecuentada por Goncálvez. La quinceañera fue estrangulada y su cuerpo enterrado en una playa del lujoso balneario de Punta del Este, a unos 120 kilómetros de Montevideo.

Pasaron cinco meses y fue el turno de María Victoria Williams. El propio Goncálvez confesó que la vio cerca de su casa y le pidió que le ayudara con su abuela, fingiendo que sufría un ataque. Cuando la joven de 22 años entró a su casa, la golpeó y sofocó con una bolsa de nylon.

Escondió el cadáver tras un sofá por más de un día, hasta que lo llevó a un parque cercano. La serie de homicidios aterraba a los uruguayos.

Cuanto más larga sea la condena más reincidencia existe
Claudio Stampalija

“Mi madre tenía pánico, decía que (el asesino) buscaba a jóvenes de mi tipo, delgadas y morochas. Me llamaba cada noche para saber si había llegado bien a casa”, recuerda una mujer que en aquellos años estudiaba en Montevideo y prefiere mantener su nombre en reserva.

La policía interrogó a cientos de personas, sin resultados. Familiares de las víctimas cuestionaban a los investigadores. El gobierno sentía la presión.

De pronto surgió una pieza clave: un amigo de Goncálvez entregó a la policía unas esposas que éste le había dado.

Los investigadores recordaron la denuncia de violación, ataron cabos y lo detuvieron.

Después de confesar los homicidios, Goncálvez se desdijo, afirmando que había sido torturado por la policía.

Pero la justicia concluyó que su relato inicial y las pruebas halladas eran suficientes para enviarlo a prisión, ya que sólo el asesino podía saber algunos detalles.

“Llevar la escopeta”

En la cárcel Goncálvez fue atacado a puñaladas y casi muere. También se casó y hasta tuvo una hija con una mujer que lo visitaba, pero luego se divorciaron. Estudió derecho, economía y enseñó inglés a otros presos.

En los últimos tiempos estuvo recluido en un presidio de baja seguridad de una zona rural, al noreste de Montevideo.

Tuvo algunas salidas transitorias, sin lograr la libertad anticipada. Y ahora que finaliza la pena, hay un debate público sobre si volverá a matar.

El psiquiatra forense Yamandú Martínez sostuvo en el diario uruguayo El País que “es poco probable” que cometa un nuevo crimen.

En nuestro derecho no existe la pena de prisión perpetua ni de destierro. Tiene derecho a reintegrarse en la sociedad, si eso es posible
Raúl Oxandabarat

Pero el abogado y criminólogo argentino Claudio Stampalija indicó al diario uruguayo El Observador que, según la evidencia internacional, en casos de asesinos múltiples “cuanto más larga sea la condena más reincidencia existe”.

Un senador opositor propuso controlar a criminales reincidentes en delitos graves que salen en libertad, y una organización que combate la violencia contra las mujeres pidió que se divulgue una foto actual de Goncálvez y se aclare si está apto para vivir en sociedad.

Sin embargo, muchos creen que el propio liberado buscará alejarse del foco de atención. Hasta se ha especulado con que intente radicarse en otro país.

“El primer recaudo es que salga (de la cárcel) de la forma más desapercibida posible”, dijo el ministro uruguayo del Interior, Eduardo Bonomi, esta semana.

A Eduardo Castro, padre de una de las víctimas del homicida, algunos vecinos le comentan sobre la liberación de Goncálvez.

“Prácticamente me preguntan si voy a llevar la escopeta, como si tuviera afán de venganza”, relató en el sitio de información Montevideo Portal.

Descartó “tomar cartas en el asunto”, pero sostuvo que un informe psiquiátrico de 2012 negaba que Goncálvez mostrara signos de rehabilitación.

El portavoz de la Suprema Corte dijo que no puede confirmar ese dato sin haber leído el expediente, pero indicó que “evidentemente ésta es una persona que tiene alguna patología de orden psiquiátrico”.

De cualquier modo, Oxandabarat negó que hubiera una alternativa a la liberación de Goncálvez.

“Esta polémica tiene origen en un error conceptual: en nuestro derecho no existe la pena de prisión perpetua ni de destierro”, afirmó. “Tiene derecho a reintegrarse en la sociedad, si eso es posible”.

Senador Coutinho propone seguimiento para culpables de delitos graves como el caso de Pablo Goncálvez

Senador Coutinho propone seguimiento para culpables de delitos graves como el caso de Pablo Goncálvez

El senador colorado Germán Coutinho presentará un proyecto de ley para que las personas que cometen delitos graves tengan un seguimiento tras ser liberados. Coutinho dijo a Montevideo Portal que perfiles como el de Pablo Goncálvez tienen niveles de reincidencia mayores que el promedio.

El senador colorado Germán Coutinho presentará en las próximas horas un proyecto de ley en el que establece que las personas condenadas por homicidio, secuestro o violación tengan un seguimiento, luego que son liberados, según informó este martes el diario Cambio.

En conversación con Montevideo Portal, Coutinho explicó que la propuesta fue inspirada en el caso Goncálvez, más allá de que entiende que las leyes deben ser creadas desde la generalidad.

Coutinho señaló que según los datos que él maneja en perfiles con trastornos mentales como los de Goncálvez hay un nivel de reincidencia mayor que la media y que cuanto más larga es la condena, mayor la posibilidad de reincidir: “Sale y no hay nadie que diga que está rehabilitado”, afirmó.

Entre las medidas planteadas por el proyecto se encuentra la de presentarse una vez por mes en una comisaría, tratarse en caso de adicciones, dar domicilio y no poder mudarse sin aviso, no poder acercarse a víctimas o familiares y trabajar en caso de no tener otros medios de subsistencia.

Coutinho expresó su preocupación por el hecho de que Goncálvez vaya a vivir a Salto, donde reside la familia de una de sus tres víctimas.


Nuevo Proceso Penal tendrá en cuenta a víctimas, prometió Vázquez

Nuevo Proceso Penal tendrá en cuenta a víctimas, prometió Vázquez

El presidente Tabaré Vázquez y el titular de la Suprema Corte Ricardo Pérez Manrique anunciaron un acuerdo definitivo para dotar de fondos al nuevo Código de Proceso Penal. Vázquez destacó que el nuevo sistema tendrá en cuenta a las víctimas y disminuirá la cantidad de presos sin condena.

El presidente Tabaré Vázquez y el titular de la Suprema Corte de Justicia Ricardo Pérez Manrique brindaron este martes una conferencia de prensa para anunciar el acuerdo alcanzado para asegurar los recursos económicos que permitan implementar el nuevo Código de Proceso Penal a partir del domingo 16 de julio de 2017.

Vázquez indicó que el Poder Judicial dispondrá de 20 millones de pesos este año financiar la capacitación de magistrados, funcionarios y adecuación de nuevos edificios para poder implementar el nuevo proceso penal, que entre otras cosas incluirá la realización de audiencias públicas.

El mandatario recordó que la Rendición de Cuentas prevé 166 millones de pesos en 2017 y 288 millones de pesos en 2018, ya para financiar el CPP en pleno funcionamiento en todo el país.

Vázquez aprovechó la oportunidad para informar que habrá 53 millones de pesos para financiar la puesta en práctica del Código Aduanero, 22 millones en 2017 y 31 millones en 2018.

El presidente recordó que poner en funcionamiento el nuevo proceso penal fue uno de los primeros acuerdos logrados en la comisión multipartidaria sobre seguridad. Si bien estaba previsto que el nuevo código comenzará a regir en 2019, el acuerdo permitió adelantarlo al 16 de julio de 2017.

Para Vázquez, el nuevo CPP "implica muchas mejoras sustanciales porque entre otras cosas contempla mucho más y en profundidad los derechos tanto de quien está imputado como de las víctimas, que en el sistema actual no están contempladas".

Al respecto, Pérez Manrique apuntó que las víctimas podrán "manifestar su discrepancia frente a los fiscales", que con el nuevo sistema serán los encargados de llevar adelante las investigaciones.

Vázquez dijo además que el nuevo sistema permitirá "un acortamiento de plazos para emitir las sentencias y no estar entre los países en deuda con la comunidad internacional por la demora en que un procesado reciba su condena". Según Pérez Manrique, el nuevo CPP logrará reducir "radicalmente" la cantidad de presos sin condena.
Montevideo Portal

Explotación sexual de menores en Rivera no cesa; otros tres procesados

La Justicia de Rivera dispuso el procesamiento de tres personas en un caso de explotación sexual de una adolescente de 16 años en la localidad de Villa Vichadero.

La investigación policial logró la detención de la madre de la menor, L.P.A. de 38 años; del padre, J.R.M. de 43; y de otros tres hombres, como posibles abusadores, N.R.R. de 76 años, D.C.S. de 80, y R.C.A. de 85.

Tras la actuación judicial, se dispuso el procesamiento con prisión de D.C.S. por la presunta comisión de dos delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales eróticos de cualquier tipo en régimen de reiteración real.

Y para N.R.R. se determinó su procesamiento con prisión por la presunta comisión de un delito de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales eróticos de cualquier tipo.

Se dispuso para ambos la prisión domiciliaria atento a su edad, informa la Jefatura de Policía de Rivera en un comunicado.

Mientras que la madre, de iniciales L.P.A., fue procesada sin prisión como presunta autora de un delito de omisión a los deberes inherentes a la patria potestad.

En tanto, el padre de la menor y el otro hombre detenido fueron dejados en libertad.

Corrupción en maratones de Montevideo

Corrupción en maratones de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IM) inició una investigación administrativa a las autoridades de la Secretaría de Deportes ante una denuncia de manejo irregular de fondos en las carreras coorganizadas por el gobierno departamental y la Confederación Atlética del Uruguay (CAU). Además, seis atletas denunciaron no haber recibido el premio completo correspondiente a la reciente maratón.

Dicha competencia prometió a los atletas premios que iban de los U$S 250 a los U$S 2000 para los primeros 5 puestos en las distintas categorías. En diálogo con Telenoche, seis de ellos confirmaron haber recibido la mitad de lo estipulado, algunos en un sobre en efectivo tras el evento y otros vía giro a la semana y en pesos.

El chileno Matías Silva, que salió segundo y viajó especialmente para el evento, dijo a Telenoche que desde la organización se justificó la faltante alegando que el sponsor Adidas no había puesto la plata suficiente. “Me siento molesto porque como atleta preparé con mucho esfuerzo, el entrenamiento para esta maratón y que me falten el respeto quitándome dinero es doloroso, porque podría haberlo invertido en ropa, zapatillas y vitaminas”, lamentó.

La misma situación fue relatada por las peruanas Gladys Machacuay y Hortencia Arzapalo, primera y segunda en categoría femenina, respectivamente. Machacuay contó a Telenoche que tras la carrera se enteraron de la irregularidad y quisieron posponer su vuelta a Perú para reclamar, pero por cuestión tiempos no pudieron y trasladaron el asunto a la Federación Atlética de Perú, que aún no obtuvo respuesta de la CAU.

En Uruguay, otros tres atletas que ocuparon los primeros puestos vivieron la misma situación y según indicaron a Telenoche, “fue todo una joda” porque cuando comenzaron a reclamar, “los organizadores no dieron respuesta y la lista de premios y los montos desaparecieron de las redes sociales y las páginas donde estaban publicados”.

Desde Adidas se aclaró que la empresa “no estuvo involucrada en la determinación del recorrido, ni en los premios de la prueba, tarea que correspondió a la co-organización del evento”. “La marca solo tuvo como responsabilidad, por contrato, la entrega de remeras, chips de registros, pecheras y acciones de promoción y difusión”, informó en un comunicado.

Pero esta no es la única irregularidad que se investiga en la interna de la IM. Según documentación a la que accedió Telenoche, en la Maratón de Montevideo, realizada el 10 de abril de este año, participaron 2.600 corredores y solo por concepto de inscripción, se recaudaron $1.800.000.

Los costos de la carrera fueron cubiertos por la IM y los sponsors, mientras que con el dinero de las inscripciones se pagaron las estadías de los atletas extranjeros y lo que le correspondía a la CAU. Esta erogación se acerca al millón de pesos, por lo que la división jurídica de la IM busca encontrar justificación al destino de los otros $800.000. Además, se advierte que esta situación se habría repetido en carreras anteriores como la San Felipe y Santiago y la Carrera de Mujeres.

El martes, El País informó que Adeom presentó una denuncia por conjunción de intereses dado que la citada división de Deportes y la CAU eran dirigidas por la misma persona, Pablo Sanmartino, quien pidió licencia reglamentaria a su cargo y renunció a la CAU este miércoles. La Confederación realizará una asamblea el 30 de junio para elegir nuevas autoridades y realizar una auditoría.

Telenoche intentó comunicarse sin éxito con Sanmartino, pero desde la IM se confirmó que la citada investigación administrativa está en curso.

En paralelo, el atleta Andrés Zamora denunció que la reciente maratón presentó irregularidades en su distancia reglamentaria y solicitó su nulidad. Al respecto, la CAU emitió un comunicado indicando que el Colegio Uruguayo de Jueces de Atletismo fiscalizó la prueba y “no constató ninguna de las irregularidades y todo se realizó con normalidad”.

“Desconocemos la motivación de Zamora, que en lugar de probar sus dichos, se ha dedicado a difundir información que confunde a la opinión pública y pone en duda los logros de casi un millar de atletas que durante meses entrenaron para la prueba”, añadió el comunicado.


Justicia liberó a joven baleado por la Policía en el Marconi

El juez Alejandro Guido archivó el caso que investigaba contra el adolescente I.S.H.B. que fue baleado el 27 de mayo en el barrio Marconi por parte de dos policías que lo perseguían como sospechoso de cometer una rapiña.

Esa persecución, y la muerte del joven que iba con este adolescente en una moto, huyendo de la Policía, provocó una revuelta en el barrio que terminó con un ómnibus y varios autos incendiados, y dos personas heridas, además de múltiples rapiñas y destrozos.

El juez archivó el caso a pedido del fiscal Pablo Rivas, para quien “no surgen de autos elementos de convicción suficientes que permitan responsabilizar al adolescente I.S.H.B.”, dice la resolución a la que accedió Subrayado.

El fiscal del caso pidió archivar todo sobre la base de que el adolescente sufrió graves heridas. Así lo dispuso en su solicitud al magistrado.

“Entiende el suscrito de conformidad a lo dispuesto por el artículo 104 del CNA (Código de la Niñez y la Adolescencia) que aún en el caso de existir elementos probatorios, el Ministerio Público puede prescindir de la persecución penal si el adolescente ha sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave, lo que a todas luces se configura en el caso de autos. Por consiguiente, por ahora y sin perjuicio, nada se solicitará, por lo que puede usted disponer el archivo de estas actuaciones”, dice el fiscal.

El adolescente I.S.H.B. “tiene fractura en los dos maxilares y deben hacerle cirugía, el ojo requiere de una prótesis y el coágulo en la cabeza aún está ahí”, dice el decreto judicial.

El joven niega la rapiña por la que los policías lo perseguían, dice que no estaba armado, ni él ni su compañero que resultó muerto por los disparos de los efectivos, y por consiguiente niega haberse tiroteado con los uniformados.

“Yo iba andando en la en la moto con mi compañero, nos cruzamos con un patrullero y sin decirnos qué pasaba nos empezaron a disparar y en seguida me metí por los pasajes del barrio”, dijo en su declaración.

En esa persecución recibe un balazo en un ojo. “Nosotros no estábamos armados, mi compañero tampoco”, dijo.

Asegura que la moto en la que circulaban era de su propiedad y no robada, como dijo la Policía y el Ministerio del Interior.

“La moto era de una muchacha a la que se la compré, tengo la libreta de la moto, no recuerdo ni sé donde vive esa persona, yo acredité la documentación, pagué 5.000 pesos, no recuerdo cuándo fue que la compré, a mi me dijeron que había una moto para vender y ta, compañeros del barrio fueron los que me dijeron que se vendía, no sé, yo la fui armando porque estaba desarmada cuando la compré y fue en la calle”, dijo el adolescente.

El fiscal no está seguro de esta versión. “Prima facie entiendo que no se ha acreditado debidamente la propiedad de la moto en la que circulaba en el momento en que fuera herido en la persecución policial”, escribió el representante del Ministerio Público.

El “archivo sin perjuicio” significa que en cualquier momento pueden volver a citar al adolescente y, si hay nuevas pruebas, retomar el proceso en su contra.

La familia del adolescente denunció a los policías por mal procedimiento ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo el juez penal Ricardo Miguez dejó en libertad a los policías que participaron del operativo al no hallar pruebas de un procedimiento abusivo.

EE.UU. pidió extradición del narco mexicano preso en Uruguay

EE.UU. pidió extradición del narco mexicano preso en Uruguay

El gobierno de Estados Unidos pidió la extradición del narco mexicano, Gerardo González Valencia, procesado en Uruguay por lavado de activos en abril por el juez del caso, Néstor Valetti. También fue procesada por asistencia al lavado su esposa y otras cinco personas de su entorno.

El pedido de la Justicia norteamericana ingresó por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la embajada de Estados Unidos y luego fue transferido a la Suprema Corte de Justicia, y de ahí al juzgado. Gerardo González Valencia es hermano del líder de la organización narcotraficante “Los Cuinis”, una de las más importantes a nivel mundial.

El citado cartel surgió a finales de la década de 1990 como una escisión del cartel Milenio, tiene fuertes lazos con el Cartel de Jalisco Nueva Generación y centra su actividad en el tráfico de cocaína y metanfetamina.

La extradición de González Valencia demorará más de un año. En Uruguay no se admiten los procesos en rebeldía. Después que se lo sentencie por el delito de lavado de activos, se le preguntará si desea purgar la pena en Estados Unidos o en Uruguay.

La Convención Interamericana para el cumplimiento de las penas en el extranjero, firmada por los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), contempla la posibilidad de que González Valencia cumpla su pena en Estados Unidos. Para ello se necesitan tres requisitos: la solicitud de extradición del gobierno norteamericano, la intención del gobierno uruguayo de que el acusado se vaya, y la anuencia del propio procesado.

El fiscal de corte Jorge Díaz había adelantado a Telenoche, antes de que llegara el pedido de extradición, que la Fiscalía General de la Nación estudiaba extraditar a Estados Unidos a Gerardo González Valencia, hermano del líder de la organización narcotraficante “Los Cuinis”.

Díaz había adelantado que es “altamente probable” que luego de que sea condenado y eventualmente trasladado a Estados Unidos, pueda cumplir allá la pena que se le aplicará en Uruguay bajo su consentimiento.

González Valencia señaló a la fiscal del caso, María Camiño, que estaba dispuesto a purgar su pena por lavado de activos en una cárcel norteamericana porque estará más cerca de su familia.

González Valencia, sobre quien recae una orden de captura internacional de Estados Unidos, vivía con su pareja, sus hijos y sus suegros desde el año 2012 en Punta del Este en un chalet comprado en U$S 2.000.000 a través de Montella Global S.A., una sociedad constituida en Panamá.

Se estima que la familia poseía más de 3 millones de dólares en bienes en el país en inmuebles, terrenos y muebles de alto costo adquiridos a través de sociedades anónimas uruguayas y panameñas sin que ninguno desarrollara una actividad laboral, percibiera rentas o tuviera una cuenta bancaria en el país.

Desde que se instalaron en Uruguay, trabajaba con ellos una pareja de caseros que se desempeñaban como jardinero y empleada doméstica y además daban su nombre para la compra de autos de alta gama que la familia abonaba dinero en mano. Por esto, ambos fueron procesados con prisión bajo el delito de asistencia al lavado de activos.

Tres jóvenes procesados por atropellar y matar a una mujer y escapar en San Ramón

Tres jóvenes procesados por atropellar y matar a una mujer y escapar en San Ramón

La Justicia procesó a dos jóvenes y le inició proceso infraccional a otro adolecente de 17 años por "omisión de asistencia" por haber escapado luego de atropellar y provocar la muerte de una joven de 28 años en la localidad de San Ramón.

Según informó la Jefatura de Policía de Canelones, la Justicia procesó con prisión a R.A.R.R., de 18 años, por "homicidio culposo" y "omisión de asistencia".

Además, fue procesado sin prisión a D.G.P.C., también de 18 años, por "omisión de asistencia". Este último delito también se le imputó a un adolescente de 17 años, al que se le inició procedimiento infraccional. Ambos deberán cumplir prisión domiciliaria los sábados y domingos de 20 a 7 de la mañana.

El siniestro que ocasionó los procesamientos se produjo el 11 de junio sobre el kilómetro 75 de la Ruta 6, en las inmediaciones de San Ramón, en Canelones. Allí, un auto embistió a una mujer de 28 años que iba en su motocicleta sobre el puente ubicado en esa zona. Producto del impacto, la mujer cayó del puente y falleció en el lugar.

Al llegar al lugar, la Policía se encontró con que la moto estaba debajo del auto y que el vehículo estaba vacío. Una vez inspeccionada la zona, efectivos policiales encontraron el cuerpo sin vida de la mujer debajo de un puente que se alza en el lugar. Constataron que se trataba de M.L.A.P.

Los jóvenes que iban en el auto fueron detenidos a pocos metros del lugar y, al practicárseles espirometría, arrojó resultado positivo.
Montevideo Portal

Pablo Goncálvez se va el próximo jueves y se radicará en chacra de Salto

Pablo Goncálvez se va el próximo jueves y se radicará en chacra de Salto

El múltiple homicida Pablo Goncálvez será liberado el próximo jueves 23 de junio, confirmaron fuentes judiciales a Montevideo Portal. La fecha fue definida luego de que la Justicia le validara 16 días menos de pena por trabajo y estudio.

Fuentes judiciales informaron a Montevideo Portal que la salida de Pablo Goncálvez de la cárcel se efectivizará el próximo 23 de junio. La hora, indicaron, dependerá de las autoridades carcelarias.

La fecha fue establecida por la Justicia luego de la última "liquidación" de días de reducción de pena que obtiene por trabajar y estudiar dentro de la cárcel.

Según indicaron, en los últimos días Goncálvez acreditó 16 días más de trabajo y estudio. La reglamentación actual permite canjear un día de prisión cada dos días de trabajo o estudio.

Goncálvez saldrá de la cárcel con 46 años. Durante su reclusión, contrajo matrimonio, se divorció y fue padre de una niña.

Para redimir su pena se abocó al estudio y al trabajo; estudió informática, Derecho, Economía, y hasta dio clases de inglés a otros reclusos.

En el día de hoy, el diario Cambio asegura en base a información extraoficial que Goncalvez se radicará en una zona rural de Salto, ya que cuenta con familiares en ese departamento y viajaba con frecuencia allí.

Juez que procesó a Goncálvez: "Él nunca negó, siempre confesó"

Días atrás el juez Rolando Vomero, que fue el primero en procesar a Goncálvez, en febrero de 1993, habló con Montevideo Portal y rememoró cómo fue la confesión del delincuente.

"Él nunca negó, siempre confesó. Mientras yo lo interrogué, confesó", recordó Vomero, y agregó: "Yo lo procesé en 1993 por dos delitos de homicidio y una violación. Luego lo procesaron por otro homicidio".

Consultado si en base a su experiencia considera que una persona puede salir rehabilitado después de haber pasado dos décadas en prisión, Vomeró contestó: "En este caso en particular, prefiero no abrir opinión".

Tres procesados más por robar maniquíes tras los festejos de Peñarol

Tres procesados más por robar maniquíes tras los festejos de Peñarol

La jueza Ana De Salterain, que investiga los disturbios en el Centro de Montevideo tras los festejos por el triunfo de Peñarol, procesó a otros tres jóvenes sin prisión por un delito de “hurto consumado”.

Todos habían sido identificados en los videos de las cámaras de seguridad en los que aparecían cargando maniquíes a una camioneta blanca. Este martes los tres se presentaron ante la Dirección de Inteligencia con un abogado y los maniquíes y fueron conducidos al Juzgado.

Como son primarios absolutos, fueron procesados sin prisión y deberán cumplir tareas comunitarias.

Los otros dos mayores que estaban detenidos por el saqueo recuperaron la libertad.

El anterior procesamiento por este caso, por hurto en grado de tentativa, corresponde a un joven que intentó robar ropa de la Galería del Litoral.

Este individuo había sido procesado únicamente en base a su confesión pues la jueza no había recibido hasta entonces los videos de las cámaras de seguridad.

La magistrada había manifestado su molestia a Subrayado respecto al accionar policial pues no hubo ninguna persona detenida por los destrozos y actos violentos sino que todos habían sido conducidos por robo.

Dijo además que había solicitado las filmaciones del Ministerio del Interior, del comercio saqueado y de un ómnibus al que subieron ropa robada pero hasta el mediodía del martes no las había recibido.