Los dos dueños del cambio Shernu, el financista Gonzalo Núñez y el empresario y contratista deportivo Sergio Hermida, están en prisión. Núñez fue procesado este martes como autor de un delito de lavado de activos, informó el juez Néstor Valetti a El Observador. El financista de 39 años tenía el 30% de las acciones del cambio Shernu, mientras que Hermida tenía el 70% restante. El contratista había sido procesado con prisión por lavado de dinero en junio del año pasado.
"Si me procesan, tiene ir en cana toda la plaza financiera", dijo Núñez en una entrevista con El Observador concedida en marzo, días después de declarar en el juzgado como indagado.
Sin embargo, el juez Valetti advirtió que su operativa no estuvo ajustada a la ley. El magistrado reconoció dos rutas de dinero ilícito vinculadas al cambio Shernu, que operaba en Montevideo.
Por un lado, determinó en junio del año pasado que "desde marzo del año 2006 hasta mediados del 2007, Hermida recibió más de 250 transferencias por importantes sumas de dinero, procedentes desde la República del Perú (...) para el lavado de activos, producto de las actividades criminales vinculadas al narcotráfico". El magistrado especificó en el auto de procesamiento que Hermida lavó dinero de una organización criminal liderada por Vladimiro Montesinos, exasesor del expresidente peruano Alberto Fujimori. Luego que los narcotraficantes giraban dinero desde Perú a una cuenta bancaria de Hermida en Montevideo, el empresario devolvía el giro a una empresa en Perú, bajo la apariencia de operaciones comerciales. Por el blanqueo, cobraba una comisión.
De la otra ruta se encargaba Núñez, quien trianguló dinero desde Perú hacia Uruguay por España. Las transferencias, valuadas en US$ 500 mil por el procesado, tenían como destinatario a la cooperativa argentina Creycon, que luego derivaba el dinero a los narcotraficantes peruanos.
Las dos rutas del dinero identificadas por la Justicia
Luego de procesar a Hermida y a su esposa, el juez ordenó a la Dirección General de Información e Inteligencia que investigue el entorno del empresario. En el juzgado de Crimen Organizado declararon en marzo ocho personas como indagadas. Entre los indagados estaban Núñez, la hermana de un exfutbolista de la selección uruguaya, un sobrino y una cuñada de Hermida.
A pedido del fiscal Juan Gómez, Valetti procesó además de Núñez al oficial de cumplimiento del cambio (el sobrino de Hermida) y su asistente (la cuñada de Hermida). El primero fue procesado con prisión como coautor de un delito de lavado de activos; la segunda fue procesada sin prisión por asistencia al lavado de activos. El oficial de cumplimiento es el encargado de realizar los controles preventivos para combatir el lavado de dinero y de presentar los reportes al Banco Central en caso de que una transferencia o maniobra genere sospechas de lavado.
El juez dispuso un embargo genérico de US$ 1 millón para cada uno de los dos procesados ayer con prisión.
El fiscal no pidió el procesamiento de la hermana de un exfutbolista de la selección uruguaya, que trabajó como secretaria de Hermida, ni de los otros cuatro indagados en esta causa. Núñez, el sobrino de Hermida y la secretaria son defendidos por el abogado Diego Durand.
La operación de Núñez
En 2007, una empresa fluvial peruana controlada por narcotraficantes giró en varias transferencias US$ 500 mil a la cuenta bancaria en España una sociedad anónima presidida por Núñez. Esas operaciones dejaron a Núñez tras las rejas, porque el juez consideró que fueron triangulaciones para lavar dinero de narcotraficantes peruanos.
"No es un acto delictivo recibir y enviar transferencias. Yo cumplía 100% con lo que exigía la ley", sostuvo Núñez en la entrevista concedida a El Observador y publicada el pasado 26 de marzo. El financista de 39 años no alertó al Banco Central sobre estas transferencias porque asegura que no le generaron ninguna sospecha.
Luego de que fueran publicadas estas declaraciones, el juez dispuso la citación como perito del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, Daniel Espinosa, para que explicara si la operativa se ajuistaba a las normas. Espinoza aseguró ante el juez que no se habían cumplido los controles antilavado.
