Acusan a la Corte de Justicia de Uruguay de bloquear la participación ciudadana en procesos judiciales de interés público

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAinfo) y el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), se expresaron en torno a la resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que desestimó la solicitud de las organizaciones para expedir una opinión sobre las causas en el marco de los procesos de inconstitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se encuentra a estudio de la Corte.

El recurso conocido como Amicus Curiae, permite a terceros ajenos a un proceso judicial expedirse sobre algún punto de derecho para colaborar en la materia de objeto del proceso.

Según el comunicado enviado por CAinfo, APU e Ielsur, la petición realizada "pretendió que el máximo órgano judicial del país admitiera el instituto del Amicus Curiae de larga tradición y aceptación en la región y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y reconociera de esta manera que el derecho a la participación ciudadana, en tanto derecho fundamental, se afirma ante todos los poderes del Estado y resulta crucial en aquellos asuntos en los cuales se discute aspectos centrales para la democracia como son en este caso los alcances de la libertad de expresión y la libertad de información".

El martes 11 de agosto, la SCJ desestimó su procedencia "argumentando la especialidad del proceso de inconstitucionalidad de las leyes y la falta de previsión expresa de disposiciones que regulen la intervención de terceros en este tipo de juicios cuando tienen lugar por vía de acción".

"Por lo expuesto, las organizaciones firmantes lamentan la decisión del máximo órgano judicial y entienden que la misma restringe la posibilidad de participación ciudadana y desconoce el papel de las organizaciones de derechos humanos como actores relevantes en una democracia", sentenciaron.

Las organizaciones explican que el Amicus Curiae no produce ningún perjuicio a las partes ni retrasa ni entorpece la secuela regular de los procesos. Por el contrario, enriquecen el arsenal de argumentos y justificaciones de las determinaciones de la Justicia.

Actualmente, la SCJ analiza 19 recursos presentados por los tres canales privados de Montevideo (4,10 y 12), los canales de cable de la capital, varias radios y canales de televisión del interior, DirecTV y el Partido Independiente.

A la espera del fallo, el Gobierno decidió atrasar el apagón analógio previsto para el 21 de noviembre de acuerdo al esquema establecido durante el gobierno de José Mujica.
UyPress