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CAUSA ABIERTA

Militares tomarán control de las cárceles en Uruguay para acabar con corrupción policial

Militares tomarán control de las cárceles en Uruguay para acabar con corrupción policial

Un proyecto de Ley elaborado por el Poder Ejecutivo de Uruguay encomienda a militares la custodia perimetral y el control de acceso a las cárceles, en una suerte de intervención sobre las fuerzas policiales, a las cuales también tendrán que controlar. El proyecto prevé un incremento salarial de hasta 50% para los efectivos militares destacados a tales propósitos, que se estima alcanzarían a unos 600 soldados. Este lunes se reunió la bancada parlamentaria del Frente Amplio con los ministros de Defensa, Luis Rosadilla, y del Interior, Eduardo Bonomi. En la reunión se abordaron los principales aspectos que incorporará el proyecto de ley que elabora el Ejecutivo y también se dio cuenta de planes de incorporación de nuevas tecnologías, como por ejemplo sofisticados scanners, para controlar mejor el acceso a los centros de reclusión. Finalmente se señaló que la Policía mantendrá el control interno de los penales. El ministro Bonomi dijo que el Ejecutivo aún no tiene establecido el plazo en que enviará el proyecto de ley al Parlamento, pero aseguró que el tema es de alta prioridad para su Cartera. El diputado Aníbal Pereyra (MPP), coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, señaló que la reunión se inscribe en una práctica de funcionamiento establecida entre el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista, en la que "cada vez que hay una iniciativa de ley por parte del Poder Ejecutivo, la bancada de gobierno tiene un intercambio relacionado con esa iniciativa", indicó. A la salida de la reunión, el ministro Rosadilla declaró al diario El País que “la vigilancia en las puertas de las cárceles incluye todo control de personas y bultos que ingresen". Aunque el Ministro no lo dijo expresamente la intervención directa de 600 soldados supondrá no sólo el control en el ingreso de familiares, sino tambén de las propias fuerzas policiales del Ministerio del Interior, en virtud de la multiplicidad de casos de corrupción descubiertos en varias prisiones del país.

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