El torturador uruguayo Manuel Cordero apeló en Brasil para evitar extradición a Argentina

El mayor retirado uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini, acusado de participar en la Operación Cóndor de las dictaduras suramericanas en la década de 1970, apeló ante el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil para evitar su extradición a Argentina, informó hoy la corte. Cordero, arrestado en Brasil en 2007, presentó un recurso para interrumpir el proceso de extradición puesto que entiende que se le debería aplicar la ley de amnistía de Brasil, de 1979, por la cual se perdonaron los crímenes de la dictadura en este país.
El STF aprobó el pasado agosto la extradición del militar a Argentina, donde se le acusa de la desaparición de diez personas, el secuestro de un bebé y de 32 casos de torturas contra detenidos en 1976 en un centro clandestino.
La extradición también fue inicialmente solicitada por Uruguay, pero este pedido fue rechazado porque los crímenes fueron cometidos en Argentina.
El militar aguarda su extradición en régimen de prisión domiciliar en la localidad brasileña de Santana do Livramento (Río Grande do Sul), que está separada de la uruguaya de Rivera por apenas una avenida.
En enero, los abogados de Cordero presentaron dos recursos de hábeas corpus, uno para intentar anular el juicio de extradición y otro para que se le permita trasladarse a Porto Alegre, la capital regional, para someterse a una operación cardiaca.
La defensa alega que el militar no ha sido acusado formalmente en ningún tribunal de Argentina y que, en la solicitud de extradición, se omitió el compromiso de no aplicarle la pena perpetua, lo que incumpliría los tratados entre ambos países, puesto que en Brasil la pena máxima es de 30 años de prisión.
La ley de la Amnistía a la que intenta acogerse Cordero es debatida precisamente en la corte suprema a pedido de la Orden de los Abogados de Brasil, y podría ser derogada.
El texto perdonó todos los crímenes con motivación política, lo que dejó impune al aparato de represión del régimen militar y también permitió el regreso al país de los exiliados políticos.
El Gobierno de Brasil tiene previsto instalar en los próximos meses una Comisión de la Verdad para analizar los crímenes de lesa humanidad cometidos en el período de la dictadura (1964-1985).