España: Piden dos años de cárcel para un administrador por hacer la "vida imposible" a dos ancianas

La Fiscal pide dos años de cárcel para el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, a quien acusa de hacer "la vida imposible" a dos inquilinas de casi 80 años, en uno de los pocos casos de supuesto acoso inmobiliario que ha llegado a juzgarse por vía penal. En el juzgado de lo penal número 9 de Barcelona se ha celebrado hoy el juicio contra Pahissa, que en su declaración ante la juez ha negado haber acosado a las ancianas, que residen desde hace más de treinta años, como arrendatarias de renta antigua, en la planta tercera del número 18 de la calle Compte d'Urgell de Barcelona.
Pahissa, para quien la acusación particular reclama tres años de cárcel, ha asegurado que todas sus decisiones las adoptó con arreglo a la ley y ha justificado varias de sus actuaciones en contra de las denunciantes con excusas como que su madre -con alzheimer- perdió algunas cartas, que no cobró durante un trimestre los recibos porque se casó y su esposa -de más de 50 años- tuvo un hijo o que los correos electrónicos con las quejas se perdieron en el buzón del correo no deseado.
Por este caso también está acusada la propietaria de los pisos, Esther G.S., que ha dicho desconocer la situación y ha remarcado que se limitaba a ser informada por Pahissa de las decisiones que éste adoptaba.
Por el contrario, las denunciantes, María Dolores P.M., y Leonie C.T., de 78 y 80 años de edad, respectivamente, han detallado el calvario sufrido a raíz de la muerte de sus esposos, ya que han tenido muchos problemas para subarrendar el contrato de alquiler y además el administrador las ha evitado siempre y, cuando han podido hablar con él, las ha menospreciado.
Como ejemplo, María Dolores P.M. ha explicado que tan sólo 16 días después de la muerte de su esposo fue a la casa de Pahissa, junto a su hija, con la que convive en el domicilio, a comunicarle el deceso y a pedirle que iniciara los trámites para subarrendar el contrato, y éste las trató de muy malas maneras, según su versión.
"Nos recibió en su despacho, con las piernas encima de la mesa, no nos invitó a sentarnos y cuando le dije que mi marido había muerto nos dijo que cuando yo muriera a mi hija la echaría a la calle", se ha lamentado, entre sollozos.
Además, ha subrayado la "angustia" que les supuso que el administrador no les cobrara el alquiler durante al menos tres meses seguidos en el último trimestre de 2006 -lo que Pahissa justifica porque se casó, se fue de viaje y tuvo una hija-, ya que temían que les echarían de casa por no pagar el alquiler.
Tanto es así que, según la versión de María Dolores P.M., le enviaron a Pahissa varios giros postales confirmando el pago del alquiler, pero siempre les venían devueltos.
Se da el caso de que, a diferencia de la otra denunciante, Leonie C.T., María Dolores P.M aún recibe los recibos del alquiler a nombre de su esposo, fallecido hace casi 20 años.
Otras de las quejas de las ancianas vecinas es que cuando se construyó un nuevo ascensor, el administrador les prohibió utilizarlo e incluso durante dos años anuló los botones para que el aparato fuera llamado o se detuviera desde la tercera planta, en la que vivían.
Pahissa ha asegurado a este respecto que tomó esta decisión asesorado legalmente por un bufete de abogados, al considerar que la ley no le obliga a que los arrendatarios se puedan beneficiar de las mejoras en el inmueble pagadas por el propietario.
Precisamente, el abogado de la propietaria ha ido más allá y, pese al evidente perjuicio físico que supone que unas ancianas no puedan disponer de un ascensor en su planta, ha defendido que si en realidad el ascensor estaba inutilizado para la tercera planta las denunciantes podían subir andando hasta la cuarta para tomarlo.
Otras de las quejas de las víctimas de este supuesto caso de acoso inmobiliario son que no les permite el acceso a la toma de antena común, que aún disponen de un contador compartido de agua -con lo que la potencia es muy baja- y que durante 16 meses estuvieron sin gas, además de que la finca ha sufrido obras durante un período de siete años sin garantizar las mínimas medidas de seguridad.