Inau pregunta a la Policía y Justicia: ¿Dónde están los explotadores sexuales de niñas y adolescentes?

Ante los hechos de público conocimiento que llevaron al procesamiento sin prisión de la Directora Departamental y la Directora del Hogar Femenino de Rivera, el Directorio de INAU considera necesario declarar:

Su fuerte preocupación y compromiso en garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual comercial y no comercial a lo largo y ancho de nuestro país para dar cumplimiento a los marcos normativos y competencias atribuidas a la institución en estos temas.

Su profundo rechazo a las distintas expresiones de explotación sexual comercial y no comercial entendiendo por ella lo previsto en la Ley 17.815, que la configura como toda forma de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, dejando claramente estipulado que el consentimiento nunca puede ser una excusa.

Lamenta que en este proceso que se inicia a partir de la denuncia realizada por la Dirección Departamental de INAU y que fuera trabajada interinstitucionalmente al igual que en otras anteriores, no se encontraran a los verdaderos responsables del delito de explotación sexual, que son todos aquellos que reconocen  haber retribuido con dinero o por otros medios a las niñas y adolescentes a cambio de sexo.

Que acata en todos sus términos la resolución judicial y que llevará a cabo los procedimientos administrativos correspondientes pero que al mismo tiempo  respalda el trabajo cotidiano, responsable y abnegado de los y las funcionarias del Instituto que día a día atienden en distintas modalidades y  programas a más de 3.861 niñas, niños y adolescentes en el Departamento.

De manera especial quiere reconocer el esfuerzo realizado por la Directora Departamental y la Directora del Hogar Femenino de Rivera, dado que vienen realizando junto a todo el equipo de trabajo un esfuerzo importante  para dar respuesta y avanzar en un problema extremadamente complejo y que requiere para su combate y erradicación de múltiples actores institucionales y sociales y muy especialmente de toda la ciudadanía, entendiendo que el principal problema  lo configuran aquellos que abusan de la vulnerabilidad social, económica y cultural de las niñas y adolescentes.

Asimismo se compromete a redoblar esfuerzos en la prevención, protección y restitución de derechos de las niñas, niños y adolescentes que sufren explotación sexual y por lo tanto se propone revisar y analizar lo actuado hasta el momento, así como definir y acordar nuevas estrategias, mecanismos y protocolos de trabajo y continuar profundizando en la formación y capacitación del personal.