Los planes de deportar a cientos, quizás miles de migrantes centroamericanos que ingresaron indocumentados a Estados Unidos después del 1 de enero de 2014 y tienen una orden final de deportación, podrían terminar de manera trágica, dijo una investigadora que en 2013 advirtió la oleada de niños y adultos centroamericanos que puso en jaque al gobierno del presidente Barak Obama a mediados del 2014.
“Algunos inmigrantes que sean deportados van a ser asesinados”, dijo a Univision Noticias Elizabeth Kennedy, profesora e investigadora de la Universidad Estatal de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara, California. Agregó que funcionarios estadounidenses “entienden” el problema e insistió en que “estas personas son refugiados que necesitan nuestra protección”.
El miércoles el diario The Washington Post reportó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) elabora un plan para llevar a cabo redadas para detener y expulsar del país a todos aquellos migrantes arrestados en la frontera por la Patrulla Fronteriza cuando intentaban ingresar indocumentados a Estados Unidos y que tienen una orden de expulsión.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), agencia encargada de las deportaciones y que opera bajo el mando del DHS, dijo a Univision Noticias que como parte de las prioridades de control anunciadas el 20 de enero de 2014, “está centrada en individuos que representan una amenaza para la seguridad, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”. Y agregó que entre ellos se encuentran individuos “que cruzaron la frontera recientemente, y personas que han recibido una orden de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
El 20 de noviembre de 2014 el DHS fijó las siguientes prioridades de deportación:
Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
“Se trata de niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y familias de El Salvador, Guatemala y Honduras que han llegado hasta la frontera de Texas huyendo de la violencia y la pobreza en sus países”, apuntó Kennedy, quien finaliza un nuevo estudio que “recopila casos de migrantes retornados que después de su deportación de México y Estados Unidos fueron asesinados”.
El informe será publicado a principios de enero de 2016.
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Planes no confirmados
“No se mucho sobre las redadas”, aclara la investigadora. “Sólo lo que leí en el reportaje de The Washington Post, que dice que los planes todavía están bajo de construcción, que posiblemente van a empezar en enero, y que cientos (de migrantes) pueden ser afectados”.
Añade que “alrededor de 68,000 menores no acompañados, 68,000 familias, y al menos 60,000 adultos solteros más, llegaron en 2014” al país procedente del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, y que esos niveles de migración “son los mismos que vimos durante las guerras civiles en El Salvador y Guatemala hace 20 y 30 años”.
“Además, El Salvador va a terminar el 2015 con una taza de homicidios más alta, 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Sólo Siria tiene un nivel mas alto”, resaltó.
A mediados de diciembre, tras la publicación de un informe de la Patrulla Fronteriza y las preocupaciones de la Casa Blanca respecto a un aumento de detenciones de niños migrantes en la frontera con México, Kennedy señaló que “no existe una nueva oleada migratoria”, y que los números de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños que están huyendo de sus países “han sido altos y siguen siendo altos”.
“Casi el 70% de las mujeres intentaron encontrar protección en sus países antes de huir hacia Estados Unidos”, uno de los cruces más peligrosos en el que arriesgan sus vidas y “nada garantiza” que serán admitidos si son arrestados por las autoridades federales de inmigración, apuntó.
Tampoco hay garantías, en el caso de ser remitidos a una corte de inmigración -para que un juez decida sus futuros- que recibirán asilo político u otro tipo de amparo por parte del gobierno federal.
El dirigente laboral Eliseo Medina, ex vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU, por su sigla en inglés), comparte la postura de Kennedy. Y subraya que “todavía no está claro que definitivamente (las autoridades de inmigración) van a implementar este programa (de redadas para deportar), mucho memos cuántos serían los afectados”.
“Pero estimo que sí está claro que se necesita asegurar que se respeten los derechos de estas personas bajo el proceso administrativo. Sería una tragedia que deportaran a alguien que tenga su vida en peligro en su país de origen. La protección de la vida humana es más importante que el proceso burocrático”, apuntó.
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Respuesta “dura”
Para el American Immigration Council la respuesta que el Gobierno de Obama está dando al tema de los migrantes centroamericanos que huyen de sus países para buscar refugio en Estados Unidos, es “dura” y en algunos casos “excesiva”.
“Nuestro gobierno ha respondido con la aplicación de medidas duras que a menudo fallan en proporcionar a cada familia una oportunidad justa para solicitar asilo”, dijo el concejo en un comunicado.
Agregó que “con demasiada frecuencia las familias de refugiados son detenidas”, algunos en cárceles privadas “y luego liberadas de la custodia de inmigración sin la información adecuada acerca de cómo seguir sus casos de asilo, cuándo y dónde ir para sus audiencias en la corte”, errores que terminan lamentablemente con una orden final de deportación.
Advierte además que “la mayoría (de los migrantes) no tiene representación (legal), el factor jurídico más importante para garantizar su comparecencia ante el tribunal y tener éxito en sus casos”.
“Este gobierno no entiende que estas personas son refugiados que buscan asilo y deben recibir protección humanitaria en lugar de castigo”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo del American Immigration Council. “Debemos dejar de tratar a estas familias como si fueran criminales. No es un crimen llegar a nuestras fronteras para presentar una solicitud de asilo. Hay una abrumadora evidencia que indica que estas familias tienen reclamos legítimos bajo la ley estadounidense”.
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Sistema poco justo
Johnson dijo además que muchas de las familias que ya han recibido una orden final de deportación “no acudieron a sus citas” en la corte (de inmigración) por desconocimiento, “por lo tanto no han tenido la oportunidad de presentar las solicitudes de protección” que requiere el debido proceso.
Dijo que se trata de un fallo “lamentable” que atribuyó a la escasa o poca información que recibieron por parte de las autoridades, situación que dañó sus derechos para conseguir una forma de alivio.
“El gobierno fracasó en establecer un sistema viable y justo para el procesamiento de los casos de estos migrantes que huyen de la persecución. En lugar de ayudar a estas personas, la Administración de Obama parece preparado para reunir y deportarlos”.
Johnson dijo además que “es inexplicable como el Presidente haya ampliado la protección para ayudar a los refugiados sirios y esté ignorando la crisis humanitaria que tiene en su propio patio trasero”.
“Personalmente estoy de acuerdo con lo que dijo el Concejo”, dijo Kennedy.
Doble miedo
La amenaza de redadas y deportaciones se suma a la larga lista de miedos que acumulan los migrantes centroamericanos, dijo a Univision Noticias Bárbara Hines, profesora de la Escuela de Leyes de la Universidad de Texas. “Algunas mujeres tienen miedo de presentarse sin asistencia jurídica. Pero tampoco existen suficientes abogados pro bono” que las puedan representar.
Durante el año fiscal 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños en un tramo de la frontera entre Texas y México. En 2013 la cifra alcanzó los 38,759. Y en los primeros dos meses del año fiscal 2016 (octubre-noviembre) las autoridades reportan la detención 10,588 niños, frente a los 5,129 registrados en los mismos meses durante el año fiscal 2015.
Según estimados hechos por grupos y organizaciones de ayuda a inmigrantes, un escaso porcentaje de ellos cuenta con la asistencia de un abogado para preparar un caso y acudir a una corte de inmigración para que un juez decida su futuro en Estados Unidos. Además, los procesos demoran a causa de una larga lista de citatorios y pocos jueces encargados de cursar los expedientes.
Casos pendientes en cortes de inmigración
“No se cuántas familias serán o ya han sido afectadas pero son las que ya tienen una orden de deportación”, dice Hines. “Un porcentaje de ellas tienen ordenes finales porque no se presentaron a la audiencia en la corte, es decir, ‘in absentia orders’", agrega.
Suma de errores
Hines también explica que, además del miedo a presentarse a la corte sin abogado, “otras mujeres están confundidas sobre el proceso y en cuanto a cómo trasladar su caso a la corte de migración donde residen actualmente. El gobierno no pone ningún recurso para facilitar el acceso a los abogados, ni proporciona suficiente información a las madres liberadas. Es una pena”.
A mediados de octubre la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés) advirtió la poca asistencia legal de que disponen los migrantes detenidos en la frontera y otros enviados a centros familiares de detención de ICE.
“Lo que estamos viendo en estos lugares es que las autoridades están dando citas más rápidas para establecer el miedo creíble”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de AILA. ”Esto es nuevo para las personas. Pero malo es que, como hay tantos migrantes, es imposible que los voluntarios podamos preparar cada uno de los casos y que todos tengan una representación legal efectiva. Es prácticamente imposible”.
Para que un indocumentado sea puesto en libertad debe ser entrevistado por un oficial de inmigración quien puede aprobar su pedido de asilo. En caso contrario, el inmigrante queda detenido hasta que un juez de inmigración decida su futuro en el país, a menos que la corte le fije una fianza.
En caso de ser puesto en libertad bajo fianza, el migrante recibe un citatorio para presentarse ante una corte de inmigración en una fecha futura. Nieblas advierte que “un alto porcentaje” de ellos perderá sus casos si no cuenta con asesoría legal. El resultado entonces será a emisión de una orden final de deportación.
El Centro para el Progreso Americano (CAP, por su sigla en inglés), calculó recientemente que la deportación de un indocumentado ascendería a los $10,070 dólares.
La compañía Correction Corporation of America, una de las principales contratistas de cárceles privadas de Estados Unidos y propietaria del centro de detención familiar de ICE en Dilley, en San Antonio, Texas, estima un costo de $296 dólares por día por cada migrante detenido.
El viernes, líderes del Movimiento Santuario, que agrupa a iglesias evangélicas, dijo que abrirá sus puertas para proteger a familias migrantes y evitar que sean deportadas por ICE.
Fuente Univisión
