Liberan a mujer en El Salvador, condenada a 40 años tras un aborto

Un tribunal de El Salvador decidió este viernes anular la sentencia de 40 años de prisión para María Teresa Rivera, acusada de "homicidio agravado" tras sufrir un aborto.

La defensa argumentaba que no existían pruebas de que Rivera hubiera hecho algo para que el bebé muriera, y que la autopsia no esclareció si nació vivo o muerto.

En 2011, Rivera sufrió un "problema obstétrico" que la llevó a tener un aborto en su casa, en el que murió el feto de menos de 21 semanas.

Rivera fue detenida en un hospital después de que su suegra la encontrara en el cuarto de baño casi inconsciente y sangrando profusamente. El personal del hospital la denunció a la policía y la acusó de haberse sometido a un aborto.

Por ser un parto extrahospitalario, no podía calificarse legalmente como aborto y por ello la fiscalía cambió la tipificación a homicidio agravado, lo que provocó la pena de 40 años de prisión que le fue impuesta en 2012.

El juzgado de San Salvador basó la anulación de la condena en que "existieron debilidades en la autopsia realizada al cadáver, además no se estableció los elementos probatorios que determinaran que fuera ella la que le quitara la vida a su hijo".
"Gran victoria"

La decisión de este viernes fue celebrada como "una gran victoria para los derechos humanos" por la organización Amnistía Internacional.

"La liberación de María Teresa es otro paso hacia la justicia en un país donde las mujeres son tratadas como meras ciudadanas de segunda clase", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Tras una modificación introducida en 1998 en el Código Penal, el aborto en El Salvador está prohibido en todas las circunstancias, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la embarazada corre peligro.
 
El Salvador no es el único país de América Latina que cuenta con este tipo de leyes estrictas, pero es particularmente riguroso en su aplicación.

Los médicos deben informar a las autoridades si creen que una mujer ha intentado abortar. Si no denuncian estos casos, ellos también podrían enfrentar largas condenas de cárcel.

Una situación que deriva en la criminalización de los abortos involuntarios y de las emergencias médicas, según grupos de derechos humanos.

El castigo por abortar es de hasta ocho años de cárcel, pero en muchos casos se cambia la acusación a la de homicidio agravado, que tiene una pena mínima de 30 años de prisión.

Rivera era parte de un grupo de 15 mujeres condenadas por delitos ligados al aborto en El Salvador.
BBC