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CAUSA ABIERTA

Crece tensión en pelea de taxistas con Uber en Buenos Aires: allanamiento terminó a las piñas

Crece tensión en pelea de taxistas con Uber en Buenos Aires: allanamiento terminó a las piñas

Tras una jornada complicada en Buenos Aires por la protesta de los taxistas, la Fiscalía de la Ciudad realizó allanamientos en dos domicilios -entre ellos un estudio jurídico ubicado en Leandro N. Alem 855- que estarían vinculados a la empresa Uber, en el marco de una investigación iniciada de oficio.

A la tensión que generaron los cortes a la mañana se le sumaron los incidentes de la noche, cuando un grupo de taxistas llegó hasta el edificio que estaban allanando y agredió a un hombre que defendía a la empresa ante los medios.

La investigación es llevada adelante por la Unidad de Investigaciones Complejas a cargo del Fiscal de Cámara de la Unidad Oeste, Martín Lapadú, y el Fiscal Roberto Néstor Maragliano. Es por organizar una actividad lucrativa sin autorización en el espacio público, figura que está sancionada en el Código Contravencional de la Ciudad.

También hay una causa por evasión impositiva. “Entendemos que Uber está cometiendo una infracción del artículo 83 que refiere a la organización de una actividad lucrativa en el espacio público sin autorización. Es lo mismo que sucede con los manteros, con la diferencia de que vamos por la organización porque entendemos que es Uber quien está detrás tividad lucrativa”, explicó Lapadú.

La empresa empezó a operar sorpresivamente el martes por la tarde. Desde el Gobierno porteño dijeron que el servicio era ilegal y los sindicatos de taxistas consiguieron que la Justicia ordenara que la aplicación dejara de funcionar. Sin embargo, Uber siguió prestando servicio.

El miércoles, la Fiscalía porteña inició la causa de oficio. “El Gobierno de la Ciudad certifica que Uber no tiene habilitación para funcionar como empresa que brinda el servicio de remises, taxis o transporte público. Empezamos a reunir información y pruebas sobre el sistema y el modo de operación de la empresa. Y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Ciudad rastreó las direcciones en las que podrían estar las oficinas o haber algún tipo de vinculación con Uber”, avanza el Fiscal. Y apunta: “Estamos yendo por la administración, intentando localizar la documentación o elementos informáticos que nos permitan acreditar la operatoria, por ejemplo, las fichas de los 10 mil choferes que tienen inscriptos”.

Para la Justicia porteña la empresa no cumple con la legislación que regula la actividad lucrativa de transporte de pasajeros en el espacio público, que incluye requisitos en cuanto a la seguridad de los pasajeros y cuestiones tributarias, entre otras. La Ley Nacional de Tránsito 24.449, exige una licencia de conducir especial para transportar pasajeros y obliga a contratar un seguro para casos de siniestros.

“Además, Uber infringe los artículos 6.1.73 y 6.1.74 de la ley 451 de faltas, que sanciona con multas a aquellas empresas de radio taxi que funcionen sin habilitación, y a quien asigne viajes requeridos por vía telefónica y por telefonía móvil de manera no autorizada”, informan desde el Ministerio Público Fiscal. Por otro lado, se inició una causa por evasión impositiva. “Tenemos la competencia del impuesto de los Ingresos Brutos, es una causa por delito tributario”, agregó Lapadú.

También se intimó a las prestatarias de los servicios de tarjeta de crédito porque, al tratarse de una actividad considerada ilegal, no pueden operar. “Incluso podrían ser imputadas como partícipes necesarios de la contravención de organización de la actividad lucrativa. Y los choferes podrían ser imputados como infractores al artículo 83: no son organizadores pero son realizadores de la acción lucrativa en espacio público sin autorización”, apunta el Fiscal.

Como Uber no tiene ninguna filial radicada en el país, los cobros se estaban realizando a través de la sede de Holanda. Pero esas transacciones también están siendo rechazadas y eso complica la estrategia agresiva que están llevando a cabo para seguir operando a pesar de las prohibiciones.
Fuente Clarín

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