Cunha, principal enemigo político de Dilma, desvió millones a través de Uruguay gracias a Ignacio de Posadas

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, utilizó el bufet de abogados más importante de Uruguay para lavar más de 5 millones de dólares producto de sus actos de corrupción ligados a la estafa en la petrolera estatal Petrobras.

Según documentó el diario Folha de São Paulo, y no desmintió el acusado, el ex ministro de Economía y notorio dirigente del Partido Blanco, Ignacio de Posadas Montero, fue quien se valió de sus contactos internacionales para utilizar un complejo entramado que le permitió abrir cuatro cuentas secretas en Suiza, a las que derivó aquella suma.

La denuncia pone en difícil situación a Uruguay, un país que ha sido objetado por la alta permeabilidad de su sistema bancario y, en este caso, por la entidad del personaje señalado. De Posadas Montero, que en 1992 también apareció implicado en los hechos de corrupción que terminaron con el gobierno brasileño de Fernando Collor de Mello, fue el conductor de la economía uruguaya entre 1992 y 1995, durante el gobierno blanco de Luis Alberto Lacalle de Herrera.

Actualmente es el director del estudio de abogados y notarios Posadas,  Posadas y Vecino y es uno de los asesores del líder blanco Luis Lacalle Pou, hijo del ex presidente.
Según la denuncia del diario paulista, ese estudio que cuenta con varias sedes en Montevideo –incluida una en el área franca de Zonamérica, en las afueras de la capital uruguaya–, Panamá, Bahamas y Suiza, fue el vehículo usado por Cunha para colocar su fortuna mal habida.

Uno de los integrantes de ese estudio, el abogado Luis María Piñeyrúa Pittaluga figura en la denuncia periodística como el gestor de las colocaciones bancarias, mediante el uso de sociedades que se mueven dentro de una nebulosa jurídica y que han sido citadas como pensadas para realizar operaciones oscuras.

Folha se había ocupado por primera vez de De Posadas Montero el 8 de abril de 2003, en un recordatorio sobre el fin del gobierno de Collor de Mello. Entonces dijo que "el bufet de la calle Juncal 1327 de Montevideo, Uruguay, donde están instalados tres prominentes socios de los empresarios de ómnibus de San Pablo, es de propiedad de un ex ministro que fue consultado en 1992 por los abogados del empresario Alcides dos Santos Diniz, un amigo del ex presidente Fernando Collor de Mello, para diseñar la ‘Operación Uruguay’ (…) un operativo montado por asesores de Collor para tratar de evitar su impeachment" (juicio político).

El diario recordó que el estudio Posadas, Posadas y Vecino tiene entre sus especialidades la creación de sociedades "offshore". En su nota de abril de 2003 señaló que "especialistas en derecho tributario consultados por Folha dijeron que la creación de 'offshores' en paraísos fiscales no es ilegal, pero que en la mayoría de los casos son utilizadas para el lavado de dinero".

En junio de 2000 Posadas Montero fue investigado por la presunta utilización de esas empresas para lavar dinero del narcotraficante mexicano Amado Carrillo Fuentes, más conocido como "El señor de los cielos".

Antes de ocupar el Ministerio de Economía, Posadas Montero desarrolló una rica trayectoria vinculada a los organismos financieros internacionales. Fue Gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial desde 1992 hasta 1995. En ese mismo período fue Gobernador Alterno del Fondo Monetario Internacional.

Fue el primer Gobernador por Uruguay del Multilateral Invesment Guarantee Agency de 1993 a 1995.

Durante los tres años en los que desempeñó como ministro de Economía en el gobierno de Lacalle, Posadas Montero impulsó las políticas neoliberales impuestas en la región en la última década del siglo pasado.

En esa línea, abrió la economía y promovió la privatización de las empresas públicas. Sin embargo, su política económica fue derrotada por un plebiscito impulsado por el hoy gobernante Frente Amplio, la central sindical y otras entidades sociales, que en una contundente votación lograron la derogación de las principales disposiciones de la llamada Ley de Empresas del Estado, con lo que impidieron la privatización en áreas estratégicas.  «
Tiempo Argentino