Texas aprueba norma que convierte cárceles en centros de cuidado infantil

El estado de Texas aprobó una norma de emergencia que transforma las cárceles privadas en “centros de cuidado infantil”.

La medida, aprobada por el Departamento de Familias y Servicios de Protección (DSPF, por su sigla en inglés), asoma en vísperas del plazo que en agosto fijó una jueza de California para que el gobierno libere a cientos de niños y madres inmigrantes detenidos en centros familiares de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Al convertirlos en centros de cuidado infantil les cambia la rúbrica. Ya no son cárceles, centros de detención, sino pasan a ser centros de cuidado de niños”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesa adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California e San Diego. “Se trata de una manera creativa de cambiar la situación”.

A mediados de agosto la jueza Dolly Gee, que preside la Corte de Distrito del Centro de California, dictaminó que el gobierno debía liberar a todos los niños detenidos en tres centros de detención de ICE, dos en San Antonio y uno en el condado Berks, Pensilvania, porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) estaba violando el acuerdo judicial Flores versus Meese de 1997, que prohíbe detener a menores de edad en centros restrictivos.

Gee también extendió la orden a las madres de los menores migrantes encarcelados mientras esperan a que un juez de inmigración resuelva sus permanencias en Estados Unidos.

“Resulta que ahora los detenidos no están encarcelados sino que permanecen en una guardería”, dijo Velásquez. “Ahí tienen dibujos, salas de juegos. No son cárceles. Qué manera tan brillante de tratar esto. El Gobierno ya no viola en acuerdo de 1997”.

El flujo sigue

De ejecutarse la norma, ICE podrá seguir con su política de detenciones en la frontera tratando de contener el flujo migratorio.

Durante el año fiscal 2015 la Patrulla Fronteriza detuvo a 39,970 niños migrantes solos; en 2014 fueron 68,541 (una disminución del 42%). Más del 74% de los detenidos provenía de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).

Organizaciones de derechos humanos han reiterado que la mayoría de los migrantes huyeron al norte escapando de la violencia en sus países de origen y la pobreza, y que no se trata de delincuentes ni personas que representan una amenaza para la seguridad nacional.

“Por eso nos preguntamos qué criterios utilizó el gobierno para liberar a unos y encarcelar a otros. Las respuestas no aparecen”, dijo Velásquez.

Más cárceles

A raíz de la crisis en 2014, reconocida por el Presidente Barack Obama el 2 de junio, ICE intensificó el encarcelamiento de menores y construyó centros de detención familiares que operan empresas privadas.

La asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés) ha exigido al gobierno que ponga fin a la práctica de detener a niños y madres migrantes y que acate el fallo de la jueza Gee.

AILA también ha denunciado que las autoridades de inmigración violan el debido proceso de los indocumentados detenidos y que los solicitantes de asilo no deben permanecer privados de libertad. La organización Human Rights Watch (HRW) respalda esta acusación.

En marzo la Iglesia Católica se sumó a las protestas. “La detención de familias no tiene sentido y debilita las garantías legales. Particularmente perjudica a niños que experimentan daños emocionales y psicológicos a raíz de la detención. Dicha política es una mancha en el récord de la Administración (Obama) en referencia a la inmigración”, dijo monseñor Eusebio Elizondo, presidente del Comité sobre Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por su sigla en inglés) durante una visita a los centros de detención familiares en San Antonio, Texas, en mayo.

El gobierno federal gasta anualmente 2 mil millones de dólares en detención de inmigrantes y asegurar que acudan a las audiencias de inmigración.
Univision