Argentina: gobierno acusa a Clarín y La Nación de "delitos de lesa humanidad" y "torturas"

El gobierno argentino iniciará una denuncia penal para investigar el proceso de compra de la empresa Papel Prensa, porque sospecha que las autoridades de los diarios Clarín y La Nación asumieron el control de la compañía mediante "amenazas y presiones" contra sus antiguos dueños.La única empresa productora de papel para periódicos del país se convirtió así en un nuevo foco de enfrentamiento entre el oficialismo y el conglomerado mediático Clarín, que junto con La Nación tiene el control mayoritario de la papelera. Ambos son, además, los matutinos argentinos de mayor tirada.La presidenta Cristina Fernández hizo el anuncio en un acto en la Casa Rosada, donde presentó el informe titulado "Papel Prensa: la verdad", elaborado por funcionarios de su gobierno para denunciar la presunta compra "ilegal" de acciones de la compañía durante el último régimen militar, entre 1976 y 1983."Hay datos escalofriantes. Cuando uno lee esto cree que está leyendo un thriller argentino", declaró la mandataria.Según el gobierno, integrantes de la familia Graiver, antigua dueña de la papelera, vendieron su participación accionaria en la década de los años 70 porque fueron víctimas de delitos de lesa humanidad.Se basan para afirmarlo en un testimonio reciente de Lidia Papaleo -viuda del ex presidente de la firma, David Graiver-, quien asegura haber sido forzada a deshacerse de sus acciones en 1976 bajo torturas y amenazas de muerte por parte del régimen de facto. Las denuncias hablan de un supuesto "pacto secreto" entre los militares y los diarios Clarín, La Nación y La Razón e involucra al director de Clarín, Héctor Magnetto, todavía en el cargo.Las denuncias podrían desencadenar un complejo proceso penal, que amenazaría la participación de Clarín (49%) y La Nación (22%) en la empresa papelera, que también tiene por accionista al Estado, dueño de un 27% del total.Muchos analistas y amplios sectores de la oposición enmarcaron las declaraciones de Fernández en la llamada "guerra" que el gobierno libra con Clarín, principal multimedios y acérrimo opositor desde hace casi dos años.Durante la presentación del informe, la jefa de Estado señaló también que el control de este grupo mediático sobre Papel Prensa dio lugar a la formación de "una empresa monopólica que controla la palabra impresa"."Es la única empresa que produce en el país pasta celulosa para fabricar papel de diario. Además, lo distribuye y lo comercializa. Es lo que se conoce como una empresa monopólica integrada, porque también controla la materia prima", acusó la mandataria.En tanto, Clarín y La Nación denunciaron los ataques desde sus páginas.Los voceros de los diarios hablaron de "tergiversaciones, falsedades y errores" en el informe oficial, y señalaron que el proceso de compra de Papel Prensa ya había sido investigado por la Justicia tras el regreso de la democracia, en 1983, que no halló las presuntas irregularidades que se señalan."El gobierno pretende adueñarse de los activos y controlar la empresa, manejar la producción de papel nacional para (…) someter así al periodismo independiente hasta llevarlo a una convivencia dócil con el poder", expresó Clarín en un editorial."Los accionistas privados de la empresa, La Nación y Clarín, denunciaron hace meses que el gobierno busca apoderarse de la compañía, que hasta ahora nunca había recibido ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su adquisición", aportó La Nación.Por su parte, bloques opositores en la Cámara de Diputados se reunieron para trazar una estrategia común con el fin de evitar que el gobierno intervenga Papel Prensa, lo que se trataría –según expresaron- de "una avanzada contra la libertad de expresión"."Lo que sucede con Papel Prensa produce exacerbación y un clima de crispación. Vamos a poner al Congreso en marcha", informó la diputada Patricia Bullrich, de la Coalición Cívica, tras la reunión.Los dos periódicos recibieron también el respaldo público de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que consideró que un avance del gobierno sobre la papelera "podría esconder el riesgo de que se condicione el suministro del insumo para controlar la labor informativa".Fundada en 1972, Papel Prensa provee de su insumo principal a 170 periódicos impresos, lo que representa el 75% del mercado doméstico, mientras que el resto del papel proviene de la importación.Pero la presidenta Fernández se encargó de rechazar las acusaciones de intervencionismo y los rumores de estatización y afirmó que el gobierno no quiere "controlar a nadie"."Es simplemente para que dejen de perjudicar a todos los argentinos y permitan que la seguridad jurídica y las reglas del libre comercio y la libre competitividad puedan ser gozadas por todos", insistió.Para ello, señaló que enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar "cuestión de interés público" la producción de pasta de celulosa y papel de diario, así como su distribución.El escrito, que será girado en los próximos días al Poder Legislativo, propone la creación de una comisión bicameral para que "participe como observadora en las reuniones de Papel Prensa" y pueda controlar las presuntas irregularidades en el seno de la empresa.