Nueva York pagará siete millones de dólares por el caso de un joven acribillado por policías

La ciudad de Nueva York alcanzó hoy un acuerdo en el que pagará más de 7 millones de dólares para cerrar el caso de Sean Bell, el joven afroamericano desarmado que perdió la vida en 2006 tras recibir cincuenta disparos por parte de agentes de la Policía pocas horas antes de celebrar su boda. Con el acuerdo, las autoridades neoyorquinas cierran un proceso judicial de varios años al comprometerse a pagar esa millonaria cifra a los herederos de Bell y a las dos personas que sobrevivieron al incidente y que acompañaban al novio, que contaba con 23 años, durante la celebración de su despedida de soltero.
Tras dos días de intensas negociaciones en un tribunal federal del barrio de Brooklyn, la ciudad aceptó finalmente el pago de 3,25 millones de dólares a los herederos de Bell, mientras que los dos supervivientes, Joseph Guzmán y Trent Benefield, recibirán 3 millones y 900.000 dólares, respectivamente.
Sean Bell perdió la vida el 25 de noviembre de 2006 durante un incidente en el que varios policías efectuaron cincuenta disparos contra el automóvil que ocupaba a la salida de un club con sus dos amigos, pese a que ninguno de los tres hombres -todos de raza negra- estaba armado.
El caso suscitó de inmediato una gran conmoción y rabia en la comunidad afroamericana y en otros ámbitos de la sociedad neoyorquina, que han denunciado la brutalidad que utiliza en ocasiones la policía.
Tres de los detectives que participaron en el incidente fueron acusados de homicidio voluntario e involuntario por la muerte del joven y llegaron a sentarse en el banquillo de los acusados, pero finalmente fueron declarados inocentes por un juez de Queens.
El Departamento de Justicia abrió después una investigación sobre lo ocurrido para determinar si se había cometido una violación penal de los derechos civiles de Bell, pero el pasado febrero el proceso quedó cerrado por falta de pruebas en contra de los agentes.
El acuerdo alcanzado hoy es el resultado de una demanda civil presentada hace tres años por Guzmás, Benefield y la familia de Bell, en la que acusaron a los agentes de negligencia, abuso y homicidio, además de violación a sus derechos civiles.