De cómo los jueces en Uruguay mandan a los reclusos a la muerte

El Estado uruguayo será acusado por el abogado Gustavo Salle ante la Organización de Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad en relación a la muerte de 12 reclusos en la cárcel de Rocha tras un incendio. El abogado, defensor de uno de los reclusos que resultó herido (Darío Damestoy) y de la familia de uno de los presos muertos (Edison Núñez), dijo a Observa que el próximo lunes pedirá a la Justicia que el juez de la causa, Vital Rodríguez, y el fiscal sean recusados. “Ellos pueden ser incluso testigos del caso porque conociendo el estado de las cárceles, en particular la de Rocha, y la violación de los derechos humanos que se cometía allí continuaron enviando a los reclusos a ese centro penitenciaro”, explicó Salle. Para Salle lo ocurrido en la cárcel de Rocha no puede ser catalogado como un “accidente” por parte de las autoridades nacionales, sino como una “masacre inédita”. El abogado indicó que el Ministerio del Interior estaba al tanto de que el edificio no contaba con la habilitación de bomberos ni con las condiciones mínimas de seguridad. “Fue una masacre evitable, prevenible y previsible. Los tres poderes sabían muy bien la situación en la que vivían los presos y no hicieron nada. Todos son responsables”, dijo. El próximo lunes el abogado solicitará la inclusión de más videos tomados por reclusos el día del incendio. También solicitará que las autoridades del Ministerio del Interior así como el juez González declaren sobre el estado de la cárcel. “Queremos interrogar, acceder a las pericias y luego veremos si no hay responsabilidades por parte de las autoridades en este hecho”, indicó. Salle fue muy crítico a la actitud del gobierno, cuestionó las declaraciones del ministro Eduardo Bonomi y pidió su destitución. Además recordó que la solución para la emergencia carcelaria fue planteada en el gobierno del ex presidente Tabaré Vázquez y hasta el momento no se registraron avances. Por su parte Asuntos Internos realiza una investigación para determinar la responsabilidad policial en el incendio. En marzo de 2009, el relator especial de la ONU para la tortura Manfred Nowak visitó las cárceles uruguayas y realizó un crítico informe sobre las malas condiciones edilicias de los centros de reclusión y de la forma en que estaban alojados los presos. “Las condiciones de detención en las cárceles han ido constantemente empeorando durante los últimos años. Esta preocupación ha sido expresada reiteradamente por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, e incluso ha sido reconocida por el Gobierno en 2005, cuando declaró un estado de emergencia humanitaria debido a la situación de las cárceles. Existe una necesidad urgente de tomar medidas contra dichas violaciones de derechos humanos a gran escala”, indicaba el informe. Nowak indicó que el riesgo de colapso del sistema penitenciario y la falta de un plan alternativo son una fuente seria de inseguridad, violencia y deterioro de los valores básicos que severamente impactan en la sociedad en general. "Causa Abierta" recuerda que una jueza dictó una sentencia en la que decía que no se podían enviar más reclusos al infierno de la cárcel de Rocha, sin embargo otros tres magistrados de un Tribunal de Apelaciones revocaron el fallo. La jueza tenía razón y los ministros de la Corte deberían responder ya.